La Generalitat descarga en los centros el cumplir con el fallo del 25 % de castellano

Mercedes Lodeiro REDACCIÓN / LA VOZ

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El presidente catalán, Pere Aragonès, este míércoles en el Parlamento autonómico
El presidente catalán, Pere Aragonès, este míércoles en el Parlamento autonómico Andreu Dalmau | EFE

Aragonès niega que la futura norma sea un ataque al Poder Judicial

26 may 2022 . Actualizado a las 09:00 h.

La proposición de ley sobre el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria que este viernes vota el Parlamento catalán por vía de urgencia y que fue pactada por PSC, ERC, Junts y los comunes descansa en los centros educativos el dar cumplimiento a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que al menos un 25 % de las asignaturas se impartan en castellano. Cuestión no menor si se tiene en cuenta que el titular de la Consejería de Educación, Josep González Cambray ( ERC), evita así, en principio, incurrir en desobediencia al tribunal cuyos magistrados le dieron 15 días (el nueve de mayo) para que dictase «las instrucciones» que permitan a todos los alumnos catalanes «recibir de forma efectiva e inmediata la enseñanza» en castellano como mínimo en un 25 % de las clases, lo que supone emplear esa lengua en esa asignatura y en otra troncal. Esta medida supuso un triunfo para la Asamblea por la Escuela Bilingüe y otros grupos contrarios a la inmersión.

Ahora bien, si clara fue la sentencia del 16 de diciembre del 2020 del TSJC al detallar que los porcentajes de las dos lenguas oficiales, catalán y castellano, «no podrán ser inferiores al 25 % », no lo es así el texto de la proposición de ley. Asegura este que el castellano será empleado «en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro» en función «exclusivamente de criterios pedagógicos», pero abre la puerta a evitar una segunda materia troncal en esa lengua, al decir que el abordaje debe incluir, «todos los espacios educativos».

Para Sociedad Civil Catalana, «se trata de un texto conscientemente confuso que puede ser utilizado por el Gobierno nacionalista para mantener el castellano como lengua residual en la enseñanza». Mientras Vox, Cs y PP presentaron ayer enmiendas a la totalidad y arremetieron contra el pacto socialista con el independentismo, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, defendió que el acuerdo sitúa al castellano como «vehicular» al describirlo como curricular, y afirmó que deberá impartirse al menos un 25 % en esa lengua para cumplir la sentencia del TSJC. El partido de Abascal y de Arrimadas llevarán el texto al Consejo de Garantían Estatutarias, lo que retrasará su aplicación. Entretanto, el Gobierno catalán aprobará un decreto ley rechazando porcentajes de uso de lengua —un nuevo desafío al TSJC— y arguyendo «criterios pedagógicos» y la realidad sociolingüista, como argumenta la proposición de ley, de la que ayer el presidente Pere Aragonès negó que sea «un ataque al Poder Judicial», ya que responde al principio democrático de «separación de poderes», dijo. «Las leyes las hacen los Parlamentos, no los tribunales», adujo.