Illa dice ahora que solo apoyará el decreto del catalán si se cumple la cuota del 25 % de castellano en las aulas

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

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El líder del Partido Socialista en Cataluña, Salvador Illa, este jueves, en el Parlamento autonómico
El líder del Partido Socialista en Cataluña, Salvador Illa, este jueves, en el Parlamento autonómico Quique García | EFE

El pacto del PSC con los separatistas no permite eludir el cumplimiento de la sentencia del TSJC, que ya está en fase de ejecución forzosa

26 may 2022 . Actualizado a las 19:38 h.

El máximo responsable del Partido Socialista en Cataluña, el exministro de Sanidad Salvador Illa, trató de matizar este jueves la postura del PSC ante la polémica desatada por el acuerdo alcanzado entre los socialistas y las formaciones secesionistas para blindar el uso del catalán como lengua vehicular en la enseñanza en la comunidad autónoma y esquivar así la aplicación de la sentencia que obliga a los centros escolares a impartir un mínimo del 25 % de las clases en castellano.

En un intento por desmarcarse de las acusaciones de «traición» de las diferentes asociaciones que reclaman el derecho a que sus hijos tengan al menos una cuarta parte de su horario lectivo en castellano, Illa subrayó este jueves que el PSC condiciona la aprobación del decreto ley que prepara el Gobierno de coalición de ERC y Junts al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija un 25 % de castellano en las aulas catalanas.

«No hemos garantizado nuestro apoyo, queremos ver la literalidad y si se habla o se hace alguna referencia o afirmación que pueda suscitar un incumplimiento de las resoluciones judiciales no daremos nuestro apoyo», avisó Illa en una entrevista en la cadena Ser recogida por Europa Press.

El exministro de Sanidad y actual líder de la oposición en Cataluña señaló asimismo que hubiese preferido que no hubiera ninguna resolución judicial respecto al uso de las lenguas en las aulas y achacó la intervención de la Justicia en esta cuestión a la ausencia de una decisión «por parte de los Gobiernos anteriores de actualizar el consenso lingüístico».

Marca distancias con el PSOE

Pese a los matices introducidos este jueves en el apoyo público de los socialistas catalanes al texto pactado con los partidos separatistas, Illa celebró que el acuerdo alcanzado entre el PSC, ERC, Junts y los comunes mantenga «lo esencial» del documento presentado el 24 de marzo por las cuatro formaciones para reformar la Ley de Política Lingüística. El primer secretario del PSC criticó que otros partidos estén «demasiado pendientes» de la opinión de asociaciones y entidades para tomar decisiones en materia lingüística y presumió de que, en su caso, solo necesita el aval de su ejecutiva autonómica para ratificar el acuerdo, marcando así distancias con la dirección federal del PSOE.

La afirmación parecía hacer referencia a las declaraciones realizadas el miércoles por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que criticó el pacto alcanzado entre sus compañeros de filas en Cataluña y las formaciones separatistas y propuso que PP y PSOE pacten para garantizar que «se conozca el castellano en toda España».

Prevalece la sentencia

A pesar de euforia con que el acuerdo ha sido recibido en las sedes de ERC, Junts, el PSC y En Comú Podem, que entienden que el pacto «blinda la inmersión lingüística en catalán», los expertos jurídicos consideran que la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, ratificada por el Supremo, y que ya no admite recursos sobre el fondo de la cuestión, prevalece sobre cualquier documento que se apruebe en un Parlamento regional, ya que se deriva de elementos jurídicos recogidos en la Constitución.

De hecho, la sentencia del TSJC ya está en fase de ejecución forzosa después de que la Asamblea por una Escuela Bilingüe —promotora de la denuncia inicial— presentara un incidente de ejecución para exigir que se cumpliese la resolución.

PP, Vox y Cs llevarán el acuerdo al Consejo de Garantías Estatutarias y retrasarán su aprobación, prevista para este viernes

La controvertida ley del catalán, pactada por PSC, ERC, Junts y En Comú Podem, superó el miércoles su primer trámite parlamentario ante las críticas de la derecha y de entidades como Plataforma por la Lengua. Los cuatro grupos impulsores de la norma pisaron el acelerador y aprobaron su tramitación de urgencia para que el debate y la votación tengan lugar este viernes. El Gobierno de Pere Aragonès tiene hasta el 31 de mayo para responder al juez. Su intención es presentar esta ley, junto a un decreto, como aval de que está cumpliendo la sentencia para sortear el fallo o al menos ralentizar su ejecución forzosa. Sin embargo, la maniobra de PP, Vox y Ciudadanos, que han decidido llevar esta iniciativa ante el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), podría impedir que la norma quedara aprobada antes del próximo martes, fecha límite para ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25 % de las clases en castellano.

Acuerdo a tres bandas

El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, fue quien anunció que había planteado a Ciudadanos y PP llevar la ley ante este órgano para «frenar» su aprobación este viernes, y fuentes de ambos partidos confirmaron que secundan la propuesta.

Hasta ahora, Vox había rechazado recurrir al CGE, un órgano que considera que debe ser suprimido. «Sin embargo, estamos ante un momento urgente», matizó Garriga, que apuntó que esta es la única vía para forzar al Gobierno de ERC y Junts a explicar cómo aplicará la cuota del 25 % de castellano en la enseñanza.

Los grupos pueden presentar la petición de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias hasta las 12.00 horas de este viernes —la previsión del Ejecutivo autonómico era que la ley se aprobase a las 12.30—, tras lo que la Mesa del Parlamento catalán deberá estudiar y resolver sobre su admisión a trámite.

Una vez que la Mesa acepte la petición, quedará paralizado el trámite parlamentario, con lo que la votación ya no podrá celebrarse este viernes, y se abrirá entonces un plazo de siete días hábiles para que el CGE redacte su dictamen. Cuando lo emita, la Cámara lo remitirá a los grupos y la Mesa abrirá, si procede, un período de enmiendas para plantear cambios.

Si el dictamen llega antes del martes o ese mismo día, los grupos podrían acordar celebrar un pleno para votar y aprobar la proposición de ley aún dentro del plazo de ejecución de la sentencia dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Ahora los partidos que han presentado la ley están analizando qué posibilidades tienen, al igual que el Gobierno autonómico, que preveía aprobar su decreto ley este viernes tras la aprobación de la nueva norma en el Parlamento regional y está por ver qué harán: «Se está estudiando la situación y mirando si hay que rehacer alguna cosa», han apuntado fuentes del Ejecutivo catalán a Europa Press.