La policía investigó 27 matrimonios forzados en España desde el 2015

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La madre y el hermano menor de las hermanas de Tarrasa asesinadas en Pakistán, en una imagen cedida por el consulado del país asiático
La madre y el hermano menor de las hermanas de Tarrasa asesinadas en Pakistán, en una imagen cedida por el consulado del país asiático

El casamiento obligado está penado con entre 6 y 18 meses de cárcel en la legislación española

22 feb 2023 . Actualizado a las 10:49 h.

Los distintos cuerpos policiales han detectado desde el 2015 en España hasta 27 matrimonios forzados, una realidad que vuelve a primer plano después de que dos jóvenes residentes en Tarrasa (Barcelona), víctimas de sendas bodas concertadas, hayan sido asesinadas por miembros de su familia en Pakistán por querer divorciarse. Son datos del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso Efe, a partir de la información recopilada por los diferentes cuerpos (Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral).

La comunidad en al que se han detectado más casos desde el 2015 es Cataluña (14), seguida de País Vasco (5). En el mismo período las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de matrimonios concertados también en Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra y la Comunidad Valenciana, cada una con un caso, mientras que hubo dos que se detectaron en el extranjero.

Considerado una violencia machista, el matrimonio forzado es la unión de dos personas en la que, al menos una de ellas, generalmente la mujer, no otorga su pleno y libre consentimiento y se ve obligada a casarse por la presión emocional, psicológica o incluso física de la familia.

El Código Penal establece en su artículo 172 bis penas de prisión de seis meses a tres años y seis meses o bien multas de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados, para aquellos que obliguen a una persona a contraer matrimonio «con intimidación grave o violencia». Las condenas se agravan si las víctimas son menores de edad.

Sin cifras oficiales concretas, distintos estudios destacan la persistencia de esta práctica en familias originarias de Senegal, Nigeria, Pakistán, Marruecos y en la comunidad gitana proveniente de Rumanía.

Para la detección de este tipo de situaciones son clave las alertas de los servicios sociales y educativos para detectar alteraciones en el comportamiento. Porque no es común que sean las propias víctimas las que denuncien.

Sí ocurrió el pasado año en Villaverde del Río (Sevilla), donde dos familias se habían puesto de acuerdo para que la hija de una de ellas, por supuesto menor, se casara en Zamora con un chico también menor. La niña, de nacionalidad rumana, se lo contó a una antigua profesora con la que mantenía contacto telefónico y esta avisó a la Guardia Civil, que organizó la huida de la víctima de la casa y el traslado a un centro de protección.

También en Zamora se frustró en el 2018 un plan orquestado por una pareja rumana para vender a dos hermanas de ella —de 16 y 17 años— a otras familias por 10.000 euros en cada caso. Cinco personas fueron condenadas a penas de entre uno y tres años y medio de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

En Valencia, una chica de origen pakistaní avisó a un amigo de que llevaba un mes encerrada en casa por su padre, quien quería casarla en contra de su voluntad. El progenitor fue detenido.

Según el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, entre el 2010 y el 2019 los Mossos atendieron a 85 niñas y 68 mujeres por matrimonios forzados o por estar en riesgo de sufrirlos. Solo el año pasado fueron diez las chicas atendidas, entre los 20 y los 14 años. Seis eran menores de edad.

En cuatro casos fue la propia víctima la que denunció su situación, mientras que en otros cuatro fueron los servicios sociales los que informaron a los Mossos.