La Generalitat provoca a los centros para que incumplan el porcentaje de castellano
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Pide al TSJC que declare la imposibilidad de ejecutar su fallo con la nueva norma
01 jun 2022 . Actualizado a las 08:58 h.La Generalitat sorprendió ayer con un nuevo desafío a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir un 25 % de las clases en castellano en la enseñanza no universitaria y cuyo plazo para poner en marcha esa medida concluyó ayer. Se trata de la segunda provocación en menos de 24 horas tras el decreto ley aprobado por el Gobierno de Pere Aragonès el lunes para intentar burlar el cumplimiento de la sentencia judicial.
El envite de ayer consistió en enviar a los 5.000 centros educativos unas instrucciones sobre el decreto ley del catalán con el objetivo de acreditar que sus proyectos lingüísticos cumplen la nueva norma. En realidad se trata de siete preguntas a responder antes de 30 días por la dirección de los centros, para que confirmen que el catalán es la lengua vehicular, que el castellano es lengua curricular y que el Departamento de Educación es el responsable de cualquier consecuencia jurídica. Una manera de intentar esquivar el 25 % de castellano.
Las respuestas han de ser sí o no. Si alguna de las siete es contestada con una negación, el proyecto deberá modificarse. Amarra así la Generalitat su objetivo de que el catalán sea vehicular en la enseñanza y llama poderosamente la atención el último de los interrogantes planteados: «¿El proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas?». Responder sí significa violar el cumplimiento de la sentencia del TSJC, y la aceptación del proyecto del colegio por parte de Educación si el resto de preguntas también son contestadas positivamente. En cambio, si la respuesta es un no, para cumplir con el 25 % de castellano estipulado como mínimo por el alto tribunal catalán, el plan sería tumbado por la Consejería de Educación. Ya que el decreto ley aprobado el lunes subraya la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes» sobre el uso y la enseñanza de lenguas.
Las otras seis preguntas sobre el proyecto lingüístico versan sobre si el catalán es la lengua normalmente utilizada como vehicular, de aprendizaje y de acogida del alumnado recién llegado, si se incorporan criterios exclusivamente pedagógicos para determinar la presencia y el tratamiento de las lenguas oficiales y si se tiene en cuenta la realidad sociolingüística del centro.
El consejero de Educación catalán, Josep Gonzàlez-Cambray, informó al TSJC de que envió las instrucciones a los colegios para responder a la interlocutoria del 4 de mayo que le daba 15 días para enviar instrucciones para aplicar la sentencia del 25 % de castellano. Pero lo cierto es que con esa encuesta a los directores no asoma por ninguna parte alguna orden para impartir dos clases troncales en castellano, como exige la sentencia.
Apelación al TSJC
Cambray también informó al tribunal de la aprobación del decreto ley —que recoge la inaplicación de porcentajes— y del impulso de una proposición de ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas, si bien, al menos el primero intenta burlar el fallo del TSJC. El mismo consejero, en rueda de prensa, presumió de haber creado un «escudo legal y jurídico» que protege a los centros de las acciones judiciales, y dijo que su departamento asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos.
Es más, el consejero le pide al TSJC que declare la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia del 16 de diciembre del 2020 porque el decreto ley ya en vigor rechaza «los porcentajes» en la enseñanza de las lenguas oficiales.
Cs adelantó que denunciará a Cambray ante la Fiscalía por el incumplimiento de la sentencia del 25 % de castellano. La portavoz del PP en el Parlamento, Lorena Roldán, acusó al Gobierno catalán de «prevaricación» con el decreto ley que a su juicio incumple la sentencia, y anunció que lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional, al igual que anunció el partido de Arrimadas y Vox.
Intentan anular la sentencia del 25 % de castellano cuestionando a uno de los jueces
Varias entidades presentaron ayer un recurso para intentar anular la sentencia del 25 % de castellano en las aulas. Argumentan una presunta «infracción muy grave» en la asignación de uno de los jueces. La Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, La Intersindical, USTEC y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans dicen que el presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC, Javier Aguayo, pudo elegir su participación en el caso. Según la denuncia, eso vulnera «el derecho a ser juzgado por un magistrado predeterminado por la ley».
Vox y Ciudadanos abogan por volver a aplicar el artículo 155
Vox presentó ayer en el Congreso una proposición no de ley para que se vuelva a aplicar el artículo 155 en Cataluña. Alega que el decreto ley del catalán aprobado impide el cumplimiento del fallo del 25 % de castellano. Por su parte, para el portavoz de Cs, Edmundo Bal, el 155 «es un mecanismo excepcional» que estaría justificado porque Cataluña vive «una situación de excepcionalidad cuando la Generalitat dicta una norma de rango de ley como desacato» a la Justicia y para «burlar» la sentencia.