El PP pide al Gobierno que lleve el decreto del catalán al Constitucional para paralizarlo

Mercedes Lodeiro REDACCIÓN / LA VOZ

ACTUALIDAD

Alberto Núñez Feijoo, en la reunión del equipo económico de los populares este jueves en Madrid
Alberto Núñez Feijoo, en la reunión del equipo económico de los populares este jueves en Madrid David Mudarra | EFE

El Ejecutivo insiste en que hay que cumplir las sentencias y critica el uso político de la lengua

03 jun 2022 . Actualizado a las 09:28 h.

El PP, Vox y Cs tienen previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto que aprobó el Gobierno catalán el lunes, 24 horas antes de que expirase el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para aplicar la sentencia del 25 % de castellano en las escuelas catalanas. Pero el partido de Núñez Feijoo quiere que también el Ejecutivo central traslade al máximo órgano que vela por la constitucionalidad de las normas ese decreto. Así lo reclamó ayer el líder del PPC, Alejandro Fernández, para que presente «inmediatamente» un recurso de inconstitucionalidad. Y lo hizo en el marco de la junta directiva del PPC, a la que también acudió el vicesecretario de organización territorial del PP, Miguel Tellado.

El polémico decreto del Gobierno de Aragonès sortea la impartición del 25 % de las asignaturas en castellano y, a mayores, veta la aplicación de porcentajes en la enseñanza de las lenguas oficiales para basarlas en la situación sociolingüista de los centros educativos.

La explicación que ha dado Fernández sobre la petición al Ejecutivo es que «el recurso que presenta el Gobierno paraliza inmediatamente el decreto», mientras que el recurso que tramiten los partidos se demora más en el tiempo. Justifica además esa premura con que en Cataluña «se produce un ataque frontal a la libertad educativa» y está en marcha un proceso «de erosión de las instituciones del Estado». 

«Apartheid lingüístico»

En una entrevista en Onda Cero, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, fue más duro y centró sus críticas en Pedro Sánchez, por no recurrir y dejar en suspenso el «apartheid lingüístico» del Gobierno catalán en las aulas con su decreto que rechaza fijar el 25 % de castellano en la escuela. Él presentaría ese recurso de inconstitucionalidad si fuera presidente del Gobierno, dijo, y vería si son aplicables sanciones pecuniarias a los colegios que «se niegan a cumplir la legislación».

Feijoo censuró que Sánchez «mire para otro lado» mientras el Gobierno catalán «legisla en contra» de los tribunales y las leyes y «no va a acatar y cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».

Desde Cádiz, el líder del PSC, Salvador Illa, le respondió a Feijoo diciendo que lo ha «decepcionado mucho», por su lenguaje, su estilo y su confrontación «cuando lo que hay que hacer es favorecer la convivencia y el reencuentro, en Cataluña entre catalanes y los catalanes con el resto de españoles».

«La lengua no tiene que ser nunca motivo de división y nosotros los socialistas hemos dejado claro que tienen que cumplirse las resoluciones judiciales», afirmó Illa. También la viceprimera secretaria del PSC y portavoz socialista en el Parlamento catalán, Alícia Romero, pidió ayer al presidente del PP no instrumentalizar ni hacer política con el catalán con la intención de utilizar la lengua como «arma arrojadiza para conseguir votos».

«Feijoo debería ser más responsable», avisó Romero, quien recordó que los socialistas catalanes apoyarán la proposición de ley que pactaron con ERC, Junts y comunes, pero no el decreto de la Generalitat y ha insistido en la necesidad de que se cumplan las sentencias. Desde Aragón, la ministra de Educación, Pilar Alegría, se pronunció en el mismo sentido de que hay que «sacar la utilización de las lenguas como arma arrojadiza» de la política.

La titular de Justicia, Pilar Llop, insistió en que «hay que cumplir con las sentencias y no utilizar nunca las lenguas como elemento de enfrentamiento». Y desde Jerez, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, mandó un mensaje de tranquilidad a padres, madres y docentes, asegurando que «las leyes y las sentencias se cumplen».