El Consejo de Garantías Estatutarias avala por unanimidad la proposición de ley del catalán
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Concluye que no vulnera el Estatut ni la Constitución al omitir la declaración del castellano como lengua vehicular, y tampoco al regular los criterios que determinan el uso curricular y educativo de catalán y castellano «sin establecer porcentajes»
07 jun 2022 . Actualizado a las 21:27 h.El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) avaló hoy por unanimidad la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria que pactaron PSC-Units, ERC, Junts y los comunes tras la sentencia que obliga a impartir un 25 % de las clases en castellano. El dictamen concluye que la proposición de ley no vulnera el Estatut ni la Constitución al omitir la declaración del castellano como lengua vehicular, y tampoco al regular los criterios que determinan el uso curricular y educativo de catalán y castellano «sin establecer porcentajes».
Vox, Cs y PP solicitaron el dictamen al CGE, centrándose en su artículo 2 —que fija que el uso curricular y educativo de catalán y castellano debe estar garantizado—, lo que pospuso la votación de la ley. Una vez recibido el dictamen, la proposición de ley se llevará al pleno para su votación. El CGE agotó el plazo para emitir su dictamen, que era de siete días hábiles al tramitarse por lectura única, y llegó después del plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio al Gobierno catalán para ejecutar la sentencia.
Sobre el cumplimiento de la sentencia del TSJC, recalca que el contenido de las resoluciones de los tribunales ordinarios no constituye un elemento para valorar la constitucionalidad de las leyes, por lo que el 25 % «no se convierte en parámetro de constitucionalidad ni estatutariedad que vincule al legislador y que, por lo tanto, le obligue a respetarla». Señala que ni Constitución ni Estatut establecen porcentajes, por lo que «difícilmente se puede sostener que esta es una regla que deriva directamente de la Constitución y que, por lo tanto, sea vinculante para el legislador y le obligue a respetarla».