El Tribunal Constitucional tramita otras cinco sentencias por decretos de la pandemia
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El alto tribunal ha estimado ya cuatro recursos contra normas del Gobierno
11 jun 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El Tribunal Constitucional tiene encima de la mesa diversos asuntos relativos a decretos leyes aprobados por las administraciones debido a la pandemia del coronavirus. Pese a que el grueso de los recursos de inconstitucionalidad ya están sentenciados —cuatro de los cuales han supuesto un duro golpe al armazón jurídico aprobado por el Gobierno central y un mensaje a la necesidad de una ley específica para pandemias—, la corte de garantías estudia al menos otros cinco escritos, tres de ellos presentados por Vox, sobre modificaciones introducidas por comunidades autónomas para la gestión deL covid-19, la vacunación obligatoria o el establecimiento de un régimen sancionador específico.
Fuentes de la corte de garantías han detallado que los magistrados ya están estudiando estos nuevos recursos después de sentenciar la ilegalidad del primer y el segundo estado de alarma, la suspensión de la actividad en el Congreso durante la primera ola de la crisis sanitaria, en marzo y abril del 2020, o la censura al Gobierno de coalición por la treta para incluir al entonces vicepresidente Pablo Iglesias y al exjefe de gabinete de Presidencia, Iván Redondo, en la comisión que supervisa al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de un paquete de iniciativas para combatir el coronavirus.
En el Constitucional se otorga especial relevancia a esta sentencia de mayo del 2021 por el mensaje que se mandó al Ejecutivo: el excesivo uso del decreto-ley, una figura legislativa que se guarda para situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad», para incluir estos dos nombramientos en una disposición final con la pandemia como pretexto.
El peso del sector conservador
A estos recursos de inconstitucionalidad estimados por la corte de garantías se sumó ayer una nueva sentencia, ya adelantada la semana pasada. En concreto, detalla la ilegalidad de una norma que el Gobierno puso en marcha durante el primer estado de alarma, en virtud de la cual los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) debían decidir, por adelantado, si las medidas restrictivas de derechos acordadas por las comunidades autónomas, como los confinamientos territoriales, eran proporcionadas y debían ser avaladas o no.
En esta ocasión, el sector conservador votó en bloque contra la norma que habilitaba a los TSJ, pero la resolución contó además con el apoyo del vicepresidente del TC Juan Antonio Xiol, del minoritario sector progresista y uno de los expertos en derecho civil más distinguidos del país. El resultado de la deliberación fue siete votos contra cuatro.
Asimismo, los cinco asuntos pendientes en el Constitucional se refieren a un decreto aprobado por el Gobierno balear en julio del 2020 sobre el establecimiento de un régimen sancionador dentro de una ley de salud pública. El recurso fue interpuesto por el Grupo de Vox en el Congreso. Además, el mismo partido recurrió más de una veintena de artículos del paquete de medidas para la gestión de la pandemia aprobado por el Ejecutivo vasco en junio del 2021 o el decreto-ley del Gobierno canario, de septiembre del 2021, que recoge el régimen jurídico que regula los niveles de la alerta sanitaria.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón también impugnó los niveles de alerta sanitaria modificados por el Ejecutivo aragonés en julio del 2021, mientras que el Gobierno central recurrió la exigencia de la vacunación contenida en un artículo de la Ley del País Vasco de junio del 2021.