Bruselas apremia al PSOE y al PP a renovar y despolitizar el Poder Judicial

Paula de Las Heras MADRID / COLPISA

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La vicepresidenta de la CE, responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourová, en el Congreso
La vicepresidenta de la CE, responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourová, en el Congreso Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Gobierno insiste en rechazar la elección directa de los jueces y echa en cara al PP que prorrogue otro mes más el bloqueo

14 jun 2022 . Actualizado a las 21:35 h.

No es la primera vez, pero sus llamamientos han caído hasta la fecha en saco roto. La Comisión Europea volvió a instar este martes a acometer sin más demora la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace tres años y medio, y a plantearse como algo «prioritario» un sistema de nombramientos que permita que sean los jueces y no el Parlamento, como ocurre ahora, quienes elijan a la mayoría de su órgano de gobierno. Lo hizo por boca de su vicepresidenta y responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourová, que estos días visita España como parte de los trabajos de evaluación anual que Bruselas realiza sobre la salud democrática de los Estados y que publicará este julio.

La primera de las reclamaciones que volvió a poner sobre la mesa Jourová, tanto en un desayuno informativo de Nueva Economía como en la comisión de Justicia del Congreso, podría estar más cerca si el PP no da más largas y presenta al PSOE «antes de un mes», como anunció el lunes Esteban González Pons, una propuesta de renovación del Poder Judicial. La segunda, en cambio, parece más lejana porque, hasta ahora, el Gobierno ha rechazado cualquier fórmula que implique que no sean el Congreso y el Senado quienes tengan la última palabra a la hora de nombrar a los veinte miembros de esa institución.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya dejó clara su posición el pasado septiembre, de forma controvertida, al argumentar que, en una democracia plena, «ni los jueces pueden elegir a los jueces ni los políticos a los políticos». Entonces no solo se le echó encima el PP -que, pese a sus críticas, también renunció a impulsar la reforma cuando pudo hacerlo, mientras gobernó con mayoría absoluta-; asociaciones de jueces como la Francisco de Vitoria no tardaron en recordar que el nuestro es, junto a Polonia, el único país de la UE en el que al Poder Judicial lo eligen solo los políticos.

Jourová incidió este martes de nuevo en esta cuestión. Subrayó que en la UE hay once países con un consejo similar al español y que, en su informe del 2021 sobre España, la Comisión ya advirtió de que debían cumplirse los estándares del Consejo de Europa, que exigen que la mayoría de sus miembros sean designados por los propios jueces. La representante de la UE esquivó una pregunta sobre si el no cumplimiento de esos criterios podría conllevar sanciones pero sí admitió que supondría una «vulneración» e insistió en que lo que busca Bruselas es «un sistema estable, que pueda sobrevivir a futuras elecciones».

«Anormalidad democrática»

El Gobierno carga todas las tintas sobre el PP. El último intento de renovar el CGPJ tuvo lugar en febrero del 2021 y fracasó, por un lado, por el veto de los populares a los jueces Victoria Rosell (exdiputada de Podemos) y José Ricardo de Prada (el magistrado que firmó la sentencia del caso Gürtel) y, por otro, por la negativa del PSOE a sustituirlos. Después, el exlíder del PP, Pablo Casado, empezó a poner como condición para sentarse una cambio legislativo para «despolitizar» la institución (despolitización que no existió, en cambio, en la renovación del Tribunal Constitucional acordada meses después).

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, argumentó que de los 1.288 días de «anormalidad democrática» en el CGPJ, dos meses y medio corresponden a Alberto Núñez Feijoo. «¿Y ahora necesita un mes más de incumplimiento? Esto es incomprensible», recriminó.

Sobre los comentarios de Jourová acerca de un cambio en el sistema de nombramientos, en cambio, el Ejecutivo no se da por enterado. Rodríguez defendió que los jueces ya «participan» en la elección de los miembros del Poder Judicial porque, desde el 2001, doce de los vocales elegidos por el Parlamento salen de un listado que ellos presentan. «El drama -insistió- no es el sistema de elección. Es que el principal partido de la oposición se niega a cumplir la Constitución».

En el transcurso de una reunión con la vicepresidenta de la Comisión, además, el ministro de Presidencia alegó que el modelo español es fruto de un pacto entre los principales partidos que lleva en vigor 35 años.

La duda que, por otro lado, dejó en el aire la ministra es si el Gobierno está dispuesto a esperar ese mes más reclamado por el PP o si moverá ficha y nombrará a los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar ahora, una vez caducado su mandato el 12 de junio, independientemente de que el Poder Judicial en funciones no pueda proceder a designar a los suyos. Bolaños amagó hace dos semanas con hacerlo pero fuentes del Gobierno se muestran ahora más prudentes.