El diputado del PP Alberto Casero admite al juez errores administrativos, pero niega la prevaricación
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El parlamentario compareció en el Supremo de forma voluntaria para aclarar las presuntas irregularidades en varios contratos cuando era alcalde de Trujillo
20 jun 2022 . Actualizado a las 19:19 h.El diputado nacional del Partido Popular Alberto Casero declaró este lunes ante el juez del Tribunal Supremo en calidad de investigado por determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres), en el 2017 y el 2018. Una causa que se sigue por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
En su comparecencia, Casero reconoció que pudo haber errores administrativos con determinados contratos (se examinan al menos cinco), pero descartó ante el magistrado instructor, Andrés Palomo, haber dictado resoluciones injustas a sabiendas, esto es, de haber cometido prevaricación cuando era regidor. Tras declarar durante más de hora y media, Casero explicó a su salida del Supremo que el interrogatorio «había ido bien, con normalidad» y admitió sentirse «tranquilo». En este sentido, justificó su declaración voluntaria, es decir, sin esperar al trámite del suplicatorio al Congreso, «porque creía que no había nada que ocultar».
El interrogatorio se produjo después de que el juzgado de Trujillo remitiera una exposición razonada para investigar al parlamentario. El escrito fue respaldado por la Fiscalía del Supremo, que además de presunta prevaricación entendió que había también indicios de un delito de malversación de caudales públicos. Según la prueba documental y testifical aportada por el juzgado, existen «indicios sólidos» de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al ayuntamiento y sin los informes necesarios.
Contratos y cuantías
El juzgado recogió que en marzo del 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento de Trujillo, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto. Además, en septiembre del 2017 firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un acuerdo comprometiendo al consistorio al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.
Ese mismo año, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del ayuntamiento, según la exposición razonada. En junio del 2018, además, firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.
La exposición razonada recogía un contrato en el 2018 con la empresa Icaro Consultores en Comunicación para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado. Y otro contrato, de ese mismo año, con Radio Interior SL -un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo- en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando debería ser licitado en procedimiento abierto.
Casero no es un diputado raso del PP. Era la mano derecha del anterior secretario general, Teodoro García Egea, y fue el parlamentario que por error votó a favor de tramitar la reforma laboral y que permitió al Gobierno sacar adelante una de las leyes estrella de esta legislatura.
