José María Mollinedo , secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, tampoco se mostró exultante con la medida anunciada por Sánchez. «Entendemos que es un paliativo, pero somos críticos, no soluciona la crisis energética », valoró. De hecho, auguró que la rebaja perderá efectividad y que será absorbida por el incremento de los precios, como ya ha ocurrido, añadió, con las medidas adoptadas hasta ahora, tanto con la luz como con los carburantes.
Mollinedo también advirtió del impacto que tendrá para la recaudación de las arcas públicas, que podría convertirse en algo permanente, a pesar de que las bajadas fiscales están planteadas para que sean temporales. «Los ciudadanos se acostumbran a que bajen los impuestos y luego será difícil volver a dejarlos como estaban y más en un año electoral», auguró. Así que el «peligro para las arcas públicas es que se conviertan en rebajas permanentes ».
Gestha estimó que la Agencia Tributaria dejará de recaudar entre 430 y 460 millones de euros con la bajada del IVA del 21 al 5 % durante los tres meses que se supone estará en vigor la medida. Si se suman todas las rebajas fiscales aplicadas en la electricidad en el último año (la del impuesto especial de electricidad y la del gravamen del 7 % a la producción de energía , que pagan las compañías, no los consumidores directamente), el impacto en la recaudación rondará entre 1.360 millones y 1.450 millones de euros, según Mollinedo. Eso en cómputo trimestral, en el anual, rozará los 5.000 millones.
Beneficiará a los más pudientes
El secretario general de Gestha llamó la atención, además, sobre que esta rebaja generalizada de impuestos beneficiará a la población más acomodada. «A más renta, mayores beneficios », resumió Mollinedo, quien recordó que un informe de la AIReF ya alertó justamente de que el descuento de veinte céntimos por litro de carburante resulta más beneficioso para los hogares que más consumen.
Gestha aboga por adoptar medidas que ataquen la raíz del problema del incremento de los precios eléctricos, con un diseño que reduzca la dependencia de los combustibles más caros, como el gas. Así, defiende propulsar el autoconsumo energético. Mollinedo recordó que existen deducciones fiscales en el IRPF para la instalación de placas fotovoltaicas en las viviendas.
Una medida aceptada ahora tras el revés andaluz P. de Las Heras, M. a. Alfonso (Colpisa)
Lo rechazó hace tres meses con cierta displicencia. Incluso hace dos semanas, cuando el PP volvió a la carga con el asunto. «No nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas para algo que probablemente será insuficiente en el medio y largo plazo», argumentó el pasado día 7 en el Senado la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera. Pedro Sánchez anunció este miércoles, sin embargo, que habrá una segunda reducción del IVA de la luz. «La fiscalidad —esgrimió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una conversación informal con periodistas— no es un sacramento».
Esta iniciativa del ala socialista del Gobierno no despierta precisamente entusiasmo entre sus aliados. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, evitó criticarla de manera abierta, pero sí advirtió de que es «muy insuficiente» tanto para proteger a las familias como para que el Gobierno recupere la iniciativa política. E incidió en que hay que tomar medidas mucho más «valientes».
El socio minoritario de la coalición insiste en la inclusión en el real decreto ley que se debatirá el sábado en el Consejo de Ministros de un cheque de 300 euros para las familias con ingresos anuales inferiores a los 70.000 euros, un abono transporte de 10 euros y más impuestos para las grandes eléctricas. Los morados también llevan tiempo dando la batalla para que la reducción de 20 céntimos de euro por litro de carburante repostado deje de ser para todos los ciudadanos con independencia de su renta.
Sobre el cheque y el bono transporte hay margen para la negociación en un Consejo de Ministros que se da por hecho que ensanchará con más gestos el nuevo programa anticrisis. Sobre la acotación de las ayudas a los ciudadanos con menos recursos, aparentemente, no. Es una cuestión de filosofía. «Es importante que haya medidas dirigidas a los más vulnerables, pero también a la clase media», zanjan los socialistas.
f. fernández
Llevaban desde septiembre en barbecho, aguardando que continuase su tramitación parlamentaria, pese a que esta fue declarada de urgencia. Y el Gobierno acaba de sacarlas del cajón, para reactivarlas de nuevo en el seno de la Comisión de Transición Ecológica . Se trata de dos proyectos de ley impulsados por el ministerio de Teresa Ribera para abaratar la factura de electricidad , pero a costa de incrementar los precios de otros productos energéticos , como el gas y los carburantes, que se encuentran, como la luz, desde hace meses en máximos históricos.
Así, por un lado creará el denominado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que trasladará progresivamente costes del recibo eléctrico, como son las primas a las renovables, a las cuentas de resultados de eléctricas, gasistas y petroleras , obligadas a asumir un gasto anual de 4.000 millones de euros. Con este trasvase, la factura de la luz adelgazará un 13 % , según cálculos del ministerio realizados hace un año, pero provocará un sobrecoste de unos 170 euros anuales por cada hogar con la subida del gas y de los carburantes que conllevará, avisó la patronal de las petroleras, la AOP.
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