El Gobierno paraliza la ley que iba a subir el gas y los combustibles para abaratar la luz

La Voz REDACCIÓN

ACTUALIDAD

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera J. Hellín. POOL

Pospone su debate en el Congreso al chocar con algunas de las medidas que se aprobarán este sábado para frenar la inflación

24 jun 2022 . Actualizado a las 14:46 h.

El Gobierno ha decidido paralizar a última hora la aprobación de dos normas de calado en la regulación del sector energético, que habrían contribuido a rebajar la factura de la luz, pero a costa de subir el precio del gas y el combustible y de meter mano a los beneficios de las eléctricas. Se trata del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSEE) y el llamado dividendo de carbono, que se iban a debatir el próximo martes en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.

Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido aplazar su toma en consideración, como ha adelantado El Confidencial. En declaraciones a El País, el presidente de la comisión parlamentaria, Juan López de Uralde (Unidas Podemos), ha negado que se haya retrasado la tramitación por falta de apoyos parlamentarios, sino porque algunas medidas de las previstas en las normas entran en contradicción con el decreto que se aprobará mañana sábado para tratar de frenar la inflación y, de forma especial, el coste de la energía.

En concreto, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) pretende trasladar progresivamente costes del recibo eléctrico, como las primas a las renovables, a las cuentas de resultados de eléctricas, gasistas y petroleras, obligadas a asumir un gasto anual de 4.000 millones de euros. Con este trasvase, la factura de la luz adelgazaría un 13 %, según cálculos realizados por el ministerio hace un año (porcentaje que ahora sería menor por la subida de la electricidad), pero provocará un sobrecoste de unos 170 euros anuales por cada hogar por la subida del gas y de los carburantes que conllevará, de acuerdo a la estimación de la patronal de las petroleras (AOP).

Aunque la intención del Ejecutivo era lanzar señales al mercado para incentivar la electrificación y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, la medida había generado mucha polémica en las últimas semanas ante los elevados precios que están marcando el gas y las gasolinas.

El otro proyecto de ley pretendía crear el denominado dividendo de carbono. La intención era descontar unos 600 millones de euros anuales (en principio eran 1.000 millones) a las plantas no emisoras de CO2 (todas menos las centrales de gas y carbón) anteriores al 2005 por cobrar la energía como si tuviesen que comprar derechos de emisión. El dinero recaudado (esos 600 millones estimados) se dedicará a reducir otros costes de la factura eléctrica. Esta adelgazará con ello un 4,8 %, según cálculos facilitados por Transición Ecológica el año pasado.