Las ayudas para aliviar la subida de los precios se mantendrán todo el año
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El alcance del cheque para los hogares con rentas bajas separa a PSOE y Podemos
07 jul 2022 . Actualizado a las 17:56 h.El Gobierno prorrogará hasta final de año las ayudas para combatir la inflación que aprobará el sábado. Es el anuncio que lanzó este viernes desde Bruselas el presidente, Pedro Sánchez, y de momento una de las pocas certezas de este segundo paquete de medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, tras el aprobado en marzo.
Y es que, apenas unas horas antes de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el PSOE y Unidas Podemos mantenían el pulso sobre el alcance del plan anticrisis. Desde la formación morada exigían a los socialistas que apuesten por una agenda más progresista, algo que reclaman también sus socios parlamentarios (ERC, Bildu y Más País). El punto que genera más fricción entre los socios es la intención de Podemos de incorporar una ayuda directa para los hogares con ingresos más bajos. «Vamos a luchar para que la compensación a las familias se incorpore al decreto de mañana sábado», incidió el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, mano derecha de la vicepresidenta Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, que aprovechó para exigir «más ambición» al PSOE.
La formación morada ya reclamó un bono energético de 300 euros durante la negociación del primer plan de medidas contra los efectos de la guerra. Una idea que se ha aplicado en varios países del entorno (Francia ha dado 100 euros a quienes ganan menos de 2.000 euros mensuales e Italia, 200 a las rentas por debajo de 35.000 anuales) y que luego hizo también suya el PP, que abogó por aprobar un cheque de 300 euros a los hogares que, por su bajo nivel de ingresos, quedan exentos de hacer la declaración de la renta (14.000 euros al año).
Con el diseño que plantea el PP, la medida beneficiaría a unos cuatro millones de familias, con un coste aproximado de 1.200 millones de euros, pero Podemos reclama extender la ayuda a todos aquellos con rentas inferiores a 70.000 euros al año, lo que elevaría los beneficiarios a cerca de 19 millones, disparando el gasto hasta los 5.700 millones.
El otro frente abierto en la negociación tiene que ver con la contribución exigida a las compañías energéticas para financiar las ayudas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha «ignorado» la propuesta fiscal planteada por Yolanda Díaz de aumentar el impuesto de sociedades a estas empresas hasta el 35 %, diez puntos por encima del tope actual. Y ha apostado también por «gravar o evitar los beneficios extraordinarios de las eléctricas», mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aboga por no tocar los impuestos hasta el año que viene, para evitar cambios a mitad del ejercicio fiscal.
Giro a la izquierda
La postura de los socialistas ha disgustado también en otras formaciones de izquierda. «En vez meter mano a las eléctricas, se va a hacer un recorte al IVA, que es recortar los servicios públicos. Es una mala noticia. Pan para hoy y hambre para mañana. Me pegaba más en el señor Feijoo», censuró Íñigo Errejón.
Tanto su partido, Más País, como ERC o Bildu, ven en el decreto que se aprobará hoy el termómetro de la disposición de los socialistas de implementar una agenda de políticas de izquierdas «audaz» y alejarse de las políticas transversales que le acerquen al centro, como reclaman algunos barones del PSOE tras el batacazo de las elecciones andaluzas.
En su discurso de ayer en Bruselas, Pedro Sánchez dio a entender que apostará más por la primera vía: «Este Gobierno sabe muy bien para quien gobierna, sabemos que hay otros sectores que quieren mantener unos privilegios, pero gobernamos para proteger a las familias que han devenido en vulnerables por la subida de los precios, a las industrias y a las empresas».
Subidas de más de 63 euros al mes para los 37.200 gallegos que cobran una pensión no contributiva
Al margen de las medidas ya anunciadas, como la rebaja del IVA de la luz del 10 al 5 % o la prórroga del descuento de 20 céntimos por litro de combustible, el decreto que aprueba hoy el Gobierno deberá concretar otras ayudas de las que aún no se conocen detalles.
Es el caso de la subida de las pensiones no contributivas, anunciada primero por Bildu, como contrapartida a su apoyo a la ley de planes de pensiones de empleo, y confirmada luego por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Si no hay cambios de última hora, los más de 37.200 gallegos que perciben estas prestaciones (que se abonan a quienes no han cotizado el tiempo suficiente para acceder a las contributivas, de mayor importe) recibirán un alza del 15 % en sus nóminas, lo que supondrá unos 63 euros más al mes de media. Lo que aún está por determinar es a partir de cuándo.
También se prevé que el Gobierno prorrogue la subida del 15 % aprobada en marzo a las prestaciones del ingreso mínimo vital.
Vivienda
Límite del 2 % en las subidas del alquiler. Otra de las medidas cuya ratificación está pendiente es el tope a la subida de los alquileres, que se limitó al 2 % para los contratos revisados entre abril y junio, para evitar que las altas tasas de inflación interanual, cercanas todavía al 9 %, agraven la situación económica de las familias que viven de alquiler.
Abono transporte
Un descuento del 50 %, la opción más probable. Aunque la posición inicial de Podemos pasaba por crear un abono transporte universal con un coste de 10 euros al mes (similar a lo aprobado en Alemania), para reducir el consumo de energía y aliviar el bolsillo de las familias, la fórmula que desde Hacienda y las comunidades autónomas ven más aconsejable es aprobar un descuento, se espera que del 50 %, sobre el precio ordinario del abono en cada territorio.
Empresas
La incógnita de la moratoria concursal. Además de las ayudas directas, que serán focalizadas a los sectores más castigados, como anunció ayer Sánchez, el decreto debe despejar si se prorrogará de nuevo la moratoria concursal, que vence el próximo día 30, para evitar una cascada de quiebras.
Los transportistas podrán repercutir a sus clientes la subida de los carburantes
El precio de los carburantes volvió a subir en la última semana en España, afianzándose el litro de gasolina y diésel por encima de los dos euros (sin descuento). La situación está generando un enorme malestar entre consumidores y transportistas. Estos últimos han cargado tintas contra algunas estaciones de servicio y contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la que han acusado de no vigilar con suficiente celo al sector para evitar que absorban el descuento de 20 céntimos por litro que entró en vigor el 1 de abril.
La presidenta del organismo, Cani Fernández, aseguró ayer que solo han detectado «situaciones anómalas» en menos del 1 % de las gasolineras y que las subidas se corresponden con «un incremento muy sustancial de los costes que tienen que afrontar» en el refinado y la adquisición de materia prima.
Los transportistas también criticaron la inacción de la CNMC, amén de lanzar un ultimátum al Gobierno: exigen un paquete de ayudas directas en el plazo de dos semanas. De lo contrario, amenazar con ir de nuevo a la huelga. De momento, esto ha hecho mover ficha al Ministerio de Transportes. Su secretaria general, María José Rallo, y su director general de Transporte Terrestre, Jaime Moreno, se reunieron ayer con las patronales del transporte para cerrar algunos acuerdos, como la prórroga a la bonificación de 20 céntimos y el incremento del peso de la cláusula de revisión del precio del combustible en los contratos del 30 al 40 %.
Fuentes del ministerio aseguraron que antes del 31 de julio se presentará un proyecto de ley que prohíba trabajar a pérdidas y apelaron a la responsabilidad de los transportistas para no convocar paros.
Rebajas fiscales
El anuncio del Gobierno de que rebajará el IVA de la electricidad hasta el 5 % fue recibido con los brazos abiertos entre los empresarios de las estaciones de servicio gallegas, quienes exigieron el mismo trato fiscal para los carburantes. Además, el presidente de la federación gallega, Julio López, reclamó bajar cinco céntimos el impuesto de los hidrocarburos «sin pedir permiso a la UE».