Hacienda quiere que el nuevo impuesto a las energéticas grave el beneficio del 2022

Tras semanas de intenso tira y afloja en el seno del Gobierno, finalmente habrá un nuevo impuesto para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. De todas; no solo de las eléctricas. Se ha plegado Pedro Sánchez a las exigencias de Unidas Podemos y, aunque no lo ha incluido en el plan anticrisis, lo presentará a lo largo de las «próximas semanas» en el Congreso como una proposición no de ley para que entre en vigor el 1 de enero del 2023. Aunque la idea —contrariamente a lo que dijo el presidente al término del Consejo de Ministros extraordinario del sábado— con la que trabajan en Hacienda es que se aplique ya a los resultados del 2022, un ejercicio de cotizaciones históricas de la luz, el gas y los carburantes, que dejarán, a buen seguro, una jugosa impronta en las cuentas del sector.

En el departamento que pilota María Jesús Montero se afanan ahora en encontrar la fórmula para gravar esos beneficios extraordinarios generados este año, aunque el tributo no entre en vigor hasta el próximo: «La idea es poner el devengo del nuevo impuesto el 31 de diciembre del 2022, aunque será exigible a partir del 2023», precisaron a Colpisa fuentes del Ministerio de Hacienda, enmendando así las palabras de Sánchez, que había afirmado tras el Consejo que la aplicación se retrasaría hasta el próximo año.

Resumiendo, que el gravamen de nuevo cuño que están diseñando en los despachos del fisco tendría una aplicación retroactiva sobre bases imponibles generadas antes de su entrada en vigor. No será fácil. José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda organizados en torno al sindicato Gestha, ya advertía el sábado de que la normativa tributaria impide aplicar con efectos retroactivos los gravámenes desfavorables al contribuyente. Y, además, es más que probable que las compañías afectadas lleguen hasta los tribunales para evitar su aplicación.

De ahí que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abogara durante las últimas semanas por un alza temporal en el impuesto de sociedades de 10 puntos, del 25 al 35 %, para que pudiera aprobarse vía real decreto-ley y entrara en vigor de forma instantánea sin problemas de retroactividad. Una propuesta que rechazaba la responsable de Hacienda, aludiendo, entre otras cosas, a que las empresas cuentan con bases imponibles negativas de otros años con las que sortear esa mayor presión fiscal.

Por la vía de urgencia

Finalmente, la nueva figura fiscal será tramitada como una proposición de ley de los dos partidos que forman la coalición del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, según adelantó el propio Sánchez el sábado. Por la vía de urgencia, con la idea de que entre en el Congreso en julio y esté aprobada antes de que acabe el año. Un trámite, todo sea dicho de paso, poco habitual para un impuesto. Y es que, lo normal es que sea presentado por el Ejecutivo, lo que implica sacar la norma a audiencia pública y someterla al escrutinio del Consejo de Estado y del resto de los organismos de control. El camino elegido finalmente es más rápido.

Poco más es lo que se sabe de ese nuevo impuesto. Solo que en el Ejecutivo están mirando y remirando lo que han hecho algunos de nuestros vecinos europeos, como Italia. Allí el Ejecutivo de Mario Draghi, uno de los que más carne está poniendo en el asador de las medidas anticrisis, ha puesto en marcha un gravamen del 25 % sobre los beneficios de más obtenidos por el sector entre el 1 de octubre del 2021 y el 31 de marzo del 2022 en comparación con idéntico período del año anterior, siempre que esa cantidad sobrepase los cinco millones de euros. Lo recaudado le servirá para sufragar las medidas anticrisis.

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