El Consejo de Estado pide que haya intervención judicial para cambiar el sexo en menores

efe MADRID

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Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado
Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado PABLO MARTIN | EFE

Apuesta por exigir un informe médico o psicológico y que un juez valore «la madurez del menor para comprender y evaluar las consecuencias de su decisión» y vele por su interés superior

28 jun 2022 . Actualizado a las 19:57 h.

El informe del Consejo de Estado sobre el proyecto de ley trans diseñado por Igualdad cuestiona los ejes de la norma envida al Congreso: apuesta por exigir un informe médico o psicológico para cambiar el sexo en el Registro y defiende que sea un juez el que autorice ese cambio en el caso de los menores.

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El Gobierno esperó como es preceptivo a contar con este dictamen antes de dar luz verde al proyecto para remitirlo al Parlamento, en el Consejo Ministros del lunes, pero el informe no es vinculante y no ha atendido sus principales recomendaciones, como tampoco ha hecho con las que le formuló el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El proyecto de Igualdad recoge la libre determinación del género, sin necesidad de testigos, informes o años de hormonación. Los mayores de 16 años podrán hacerlo de forma autónoma; entre los 14 y los 16, con autorización de padres o tutores legales; y desde los 12, con autorización judicial.

El Consejo de Estado, sin embargo, no ve «proporcionado» desvincular la rectificación registral del sexo de todo elemento probatorio que acredite «cierta estabilidad en la identidad sexual libremente definida por la persona» y considera que un informe médico o psicológico «constituiría una garantía para el solicitante».

Según subraya, ningún órganos jurisdiccional ha estimado que exigir un diagnóstico de la disforia de género vulnere los derechos fundamentales de la persona y tampoco es cierto que la reciente despatologización de la transexualidad requiera permitir el cambio de sexo «sobre la base de una decisión libérrima de la persona, no sujeta a condicionante alguno».

Sobre los menores, apuesta, como el CGPJ, por exigir en todo caso un expediente de jurisdicción voluntaria en el que un juez compruebe «la madurez del menor para comprender y evaluar las consecuencias de su decisión», y vele por su interés superior,

A su juicio, hay que analizar si el sistema propuesto por el Gobierno va a favorecer que se tomen decisiones «precipitadas, no asentadas en una situación estable de transexualidad, lo que, a la postre, podría terminar repercutiendo de forma negativa en el libre desarrollo de la personalidad del sujeto».

El Consejo de Estado, que pide restringir de manera más contundente la posibilidad de revertir un cambio de sexo registral, cuestiona también que se puedan prohibir las terapias de conversión para las personas LGTBI cuando cuenten con el consentimiento de un adulto interesado, matiz que también destacó el CGPJ.

El proyecto del Gobierno no regula la participación de las personas trans en el deporte y el Consejo admite que sea ley no se el lugar idóneo para abordar adecuadamente esa cuestión.

Pero alerta de que el artículo que establece la eliminación de toda discriminación en la practica deportiva puede generar «dudas interpretativas y una litigiosidad susceptible, además, de producir efectos contrarios a los que resultan de las reglas internacionales o supranacionales que rigen la práctica deportiva».

Al margen de estas cuestiones sobre el contenido, el Consejo se hace eco de las críticas de otros departamentos ministeriales, como Hacienda, que señaló que no era posible un pronunciamiento completo desde un punto de vista presupuestario al faltar datos sobre la estimación de costes que conllevará la norma, sobre cómo se financiarán o sobre los órganos afectados por el incremento del gasto.