El PP ve una «acción concertada» del Gobierno con Indra para «blindarse»

La Voz MADRID | REDACCIÓN

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Javier Lizon | EFE

«Cree el ladrón que todos son de su condición», responden los socialistas

29 jun 2022 . Actualizado a las 14:03 h.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, denunció ayer que detrás de la salida en cascada de la mayoría de los consejeros independientes de Indra está la mano del Ejecutivo, «una acción concertada en la toma de posición de esta empresa» encargada de la transmisión de datos en las jornadas electorales, sugiriendo que se trata de otra maniobra más de Pedro Sánchez para intentar mantenerse en el poder.

«Lo que ha hecho el Gobierno a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y algún socio es muy lamentable», criticó el líder del PP. «Algo se está moviendo en Indra y algo debería de preocupar a los españoles de buena fe».

Dentro de esta supuesta operación para intentar controlar instituciones u organismos claves, Feijoo mencionó también el reciente cese de Juan Manuel Rodríguez Poo al frente del Instituto Nacional de Estadística, o el de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia tras la crisis abierta en el seno del Ejecutivo a consecuencia de las escuchas telefónicas a dirigentes independentistas, solo dos ejemplos que, más allá de poder ser considerados de «anecdóticos», apuntan a un trabajo «continuado» en el que el objetivo es «la utilización de las instituciones por el Gobierno».

«Asalto a las instituciones»

Feijoo dio continuidad así al ataque iniciado el lunes por el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, quien expuso que el CIS, en mano del socialista José Félix Tezanos, «hace las encuestas electorales, el INE el censo, e Indra cuenta los votos». Ayer se sumó también a esta denuncia la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, que relacionó este «asalto a las instituciones» por parte del Gobierno con un intento de «blindarse» en el poder. La número dos del PP lamentó también que el Ejecutivo «vetase» una pregunta parlamentaria de su grupo a María Jesús Montero, Ministra de Hacienda y, por tanto, máxima responsable de la SEPI, accionista mayoritario de Indra. «Un movimiento de esta envergadura es para algo. ¿Para qué?», cuestionó.

El PP encontró apoyos en Cs, con un Edmundo Bal que acusó al Gobierno de desempeñar una política «dirigida al control de las instituciones del Estado», y también en Vox, con un Iván Espinosa de los Monteros, que se refirió a lo ocurrido en Indra como «un auténtico asalto al poder». 

La respuesta del PSOE

El PSOE respondió a través de su portavoz parlamentario, Héctor Gómez: «Cree el ladrón que todos son de su condición», afirmó, rechazando cualquier tipo de intento de control de Indra, del INE o del CIS por parte del Ejecutivo. El diputado canario calificó las declaraciones de Feijoo de «irresponsables» y denunció «una agresión sin precedentes» a dichas instituciones. Su homólogo en Unidas Podemos, Pablo Echenique, equiparó el mensaje del PP con el del expresidente estadounidense Donald Trump: «Poner en cuestionamiento el funcionamiento de las democracias avanzadas es peligrosísimo y ya sabemos donde lleva», advirtió, rememorando el asalto al Capitolio por parte de «hordas ultraderechista». El líder de Más País, Íñigo Errejón, también alertó de que los populares y el resto de fuerzas en la oposición están tomando «un peligroso camino».

Por otro lado, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, dijo que analizarán el caso de Indra por si se derivase «algún elemento en relación a una eventual acción concertada».

Quién era quién en el consejo de administración

El consejero independiente Ignacio Martín anunció su dimisión en el Consejo de Administración de Indra, por lo que se convierte en el séptimo que cesa en sus funciones, de los ocho independientes que lo integraban, aunque a diferencia de los otros seis, su salida se formalizará cuando se designen los relevos, para no bloquear el proceso de renovación de esta empresa tecnológica en el que la SEPI es su accionista mayoritario.

Silvia Iranzo comunicó su cese por carta el pasado 25 de junio, exponiendo su malestar con los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de cese y no reelección de cinco consejeros independientes, a propuesta del fondo Amber, controlado por el presidente del Grupo Prisa, Joseph María Oughourlian. La economista y diplomática guipuzcoana fue secretaria de Estado de Comercio entre en el 2008 y el 2010, con Zapatero al frente del Gobierno, a las órdenes de Miguel Sebastián, exministro de Industria, Turismo y Comercio, y que también forma parte del Consejo de Administración de Indra, aunque este permanecerá en el mismo.

Entre los cuatro ceses está el del exvicepresidente del consejo de administración Alberto Terol, consultor en varias multinacionales y presidente de Andersen para Europa, al que señalan como uno de los consejeros de mayor peso durante la última etapa. También el de Carmen Aquerreta, directiva de Andbank, una de las principales firmas financieras afincadas en Andorra. Ana de Pro siempre mostró su rechazo al giro hacia Defensa que estaba adoptando la compañía tecnológica. Trabajó en Merlín Properties, Amadeus o Sacyr. Enrique de Leyva fue el cuarto consejero cesado. Este ingeniero de caminos sevillano fue y el último vicepresidente del consejo, tras haber tomado el testigo de Terol en marzo, que ya había alcanzado el máximo tiempo contemplado en los estatutos para ocupar este puesto. Finalmente, Isabel Torremocha fue la no reelegida, quien hasta ahora compatibilizaba su asiento en Indra con Repsol, en donde sigue siendo consejera. En total, las salidas confirmadas en las últimas horas son siete.

En la misma sesión se aprobó la incorporación de un representante de la vasca Sapa Placencia, Jokin Aperribay, presidente de La Real Sociedad.

Por otro lado, un grupo de accionistas minoritarios presentará una demanda por la toma de control en el consejo de Indra por parte del Gobierno, lo que califican de «asalto». Los minoritarios se sienten perjudicados por la intervención del Ejecutivo para forzar el cese de cuatro consejeros independientes del órgano de gobierno de la cotizada y la no renovación en su cargo de otra más, informa Colpisa.