El plan de Downing Street para limitar derechos de millones de comunitarios le costará un juicio

Juan Francisco Alonso LONDRES / E. LA VOZ

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Manifestación «antibrexit», el pasado 29 de junio en Londres.
Manifestación «antibrexit», el pasado 29 de junio en Londres. PETER NICHOLLS | Reuters

Consideran ilegal el plan de Interior de anular los papeles de aquel nacional de los Veintisiete que no solicite su estatus de asentado

01 jul 2022 . Actualizado a las 13:55 h.

En el banquillo de los acusados. Allí terminará el Gobierno británico por modificar las condiciones de residencia de millones de comunitarios que tramitaron, y obtuvieron, el permiso para continuar viviendo y trabajando en el Reino Unido, de manera temporal, tras el brexit. El Tribunal Superior de Londres admitió el jueves una querella de la Autoridad Supervisión Independiente de los Acuerdos de Derechos de los Ciudadanos (IMA, por sus siglas en inglés) contra el Ministerio del Interior.

La IMA, un organismo gubernamental creado para velar por los derechos de los ciudadanos de la UE que decidieron seguir viviendo en las islas británicas tras el divorcio, considera «ilegal» la decisión del despacho de Interior de cambiar las condiciones de residencia de los comunitarios que aún no tienen el permiso permanente (asentado). A partir de ahora, el ministerio dirigido por la controvertida ministra Priti Patel podrá anular los papeles de aquel nacional de los Veintisiete que no solicite su estatus de asentado antes de que venza el permiso temporal del que goza.

Una medida que no solo le impedirá al afectado seguir trabajando, alquilar una vivienda o disfrutar de la sanidad pública y otros beneficios sociales, sino que abre las puertas a su deportación.

El Gobierno británico prometió que los derechos de los nacionales de la UE residentes en el Reino Unido estarían protegidos. Y para ello puso en marcha el llamado programa de asentamiento, un registro electrónico en el que debía inscribirse todo comunitario que viviera en el país antes del 30 junio del 2021. El sistema entonces otorgaba dos tipos de permisos: El settled status (condición de asentado), una especie de visado permanente para aquellas personas con más de cinco años en el Reino Unido antes del brexit; y el presettled, uno temporal de cinco años de duración y que recibieron quienes tenían menos de un lustro en el país.

Sin embargo, quienes recibieron el permiso temporal, alrededor de 2,6 millones de personas, podrían optar por el visado permanente cuando cumplieran cinco años en el país o cuando venciera. Pero esta última opción ya no está disponible. Desde la IMA esperan que el juicio se resuelva «mucho antes de que cualquier individuo esté expuesto a los riesgos potenciales de no poder solicitar el estatus de asentado».