La Fiscalía pedirá prisión para Borràs por falsedad documental pero no por malversación

Cristian Reino BARCELONA / COLPISA

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Borràs durante el pleno del Parlament del 6 de julio
Borràs durante el pleno del Parlament del 6 de julio David Zorrakino | EUROPAPRESS

El Ministerio Público también acusará a la presidenta del Parlament catalán de prevaricación y no por un delito de fraude

13 jul 2022 . Actualizado a las 11:22 h.

La Fiscalía acusará a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de los delitos de falsedad documental y prevaricación. En el escrito de acusación que entregará al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Ministerio Público solicitará penas de prisión para la dirigente nacionalista de 3 a 6 años por el delito de falsedad documental y penas de inhabilitación por la presunta prevaricación, según avanza El Periódico.

En cambio, no pedirá que se juzgue a la presidenta de Junts por los delitos de malversación y fraude, que habrían elevado la petición de penas de cárcel.

El TSJC cerró hace dos semanas la investigación del caso por haber fraccionado 18 contratos por valor de más de 300.000 euros para adjudicárselos a un amigo durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

Los magistrados mantuvieron la acusación por cuatro delitos. En su resolución afirmaban que «los indicios permiten afirmar que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos, que castiga a la autoridad o el funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, como igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones».

«Dado que la ILC es un ente autónomo de naturaleza administrativa y que su directora, Laura Borràs, era la responsable de la contratación administrativa y tenía atribuida la disponibilidad y administración del patrimonio, ha quedado indiciariamente acreditado que la disposición del patrimonio de la ILC derivada de la liquidación de los dieciocho contratos menores objeto de la investigación ha supuesto un perjuicio a los caudales públicos», señaló el tribunal superior catalán.

La Fiscalía, en cambio, descartará que se siente en el banquillo por malversación. Según el juez instructor, Laura Borràs «abusó» de las funciones que tenía reconocidas en calidad de directora de la ILC, «dictando resoluciones injustas al aprobar las adjudicaciones de los dieciocho contratos, con plena conciencia de que las adjudicaciones entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público, omitiendo una verdadera concurrencia para únicamente favorecer los intereses» de su amigo Isaías H, que también será imputado por la Fiscalía.

Pendientes del juicio oral

Una vez que la Fiscalía entregue el escrito de acusación, el juez deberá resolver sobre la apertura de juicio oral. Todo el arco parlamentario catalán, salvo Junts, le pide que se aparte si es procesada, en aplicación de un artículo del reglamento del Parlament catalán.

Este artículo afirma que en caso de que un diputado autonómico sea procesado por delitos vinculados a la corrupción, como es este caso, «la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata». 

Borràs se niega a apartarse, se siente una víctima de la «represión» del Estado y reclama a ERC y la CUP eliminar el artículo por el que tendría que cesar. No obstante, las peticiones de dimisión se han realizado hasta ahora porque se daba por hecha la imputación por cuatro delitos. Está por ver qué consecuencias políticas tiene el más que probable procesamiento de la presidenta del Parlament, en este caso por dos delitos y no por cuatro.