La Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para Borràs
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Laura Borràs se encuentra acusada de los delitos de prevaricación y falsedad documental por, presuntamente, favorecer a un amigo con contratos públicos
14 jul 2022 . Actualizado a las 13:50 h.La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para la presidenta del Parlament, Laura Borràs, además de una multa de 144.000 euros, por adjudicar presuntamente a dedo 18 contratos menores entre marzo de 2013 y febrero de 2017, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.
En el escrito de acusación, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Fiscalía acusa a Borràs, presidenta de JxCat, de los delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento mercantil por fraccionar contratos de la ILC para poder adjudicárselos a su amigo Isaías H. sin concurso público y a Andreu P., que presuntamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC.
Para el primero también reclama seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 72.000 euros y para Andreu P. reclama una pena de tres años de prisión, 10 de inhabilitación para trabajar en cargos públicos y una multa de 30.000 euros.
Queda fuera de la acusación el técnico Roger E., que estuvo investigado por presuntamente facilitar los trámites.
El Ministerio público también descarta los delitos de fraude y de malversación continuada por los que sí la procesó el TSJC hace dos semanas, porque las fiscales no ven acreditado que la ILC pagara de más por estos encargos.
Como directora, Borràs era la responsable de las contrataciones y la Fiscalía cree que ella e Isaías H. se pusieron de acuerdo para conferirle varios encargos relacionados con la web de la institución, «fraccionando indebidamente en diferentes contratos» estos trabajos que hacía de manera recurrente y por los que cobró un total de 335.700 euros.
La Fiscalía afirma que para dar «una apariencia fingida de respeto por los principios de publicidad y pública concurrencia», pactaron que para cada contrato aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores. Dos de estos tres presupuestos no eran ofertas reales sino que eran hechas por los tres acusados para fingir que se adjudicaban al mejor licitador, que en todos los casos era Isaías H.
El origen, una investigación por drogas
La causa judicial se inició a raíz de una investigación por tráfico de drogas a Isaías H., que le acarreó en 2019 una condena a cinco años de cárcel por tráfico de drogas y falsificación de moneda, en la que los Mossos d'Esquadra intervinieron conversaciones y correos electrónicos que aludían a Borràs.
«Porque yo tengo una de marrones, Buff [...]. ¡Hombre claro! Pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, y facturo unos trapis por allí», afirmaba en 2017 Isaías H., en un mensaje en el que expresaba su temor a que su amiga dejara la ILC.
También intervinieron un correo de la propia Borràs en el que se decía: «El presupuesto tiene que quedar como si fueseis profesionales independientes por los totales, que no pueden superar, como ya sabes, los 18.000+IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en distintos paquetes, es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, pues, cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente».
La causa recayó en la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que la elevó al Tribunal Supremo cuando Borràs fue elegida diputada de JxCat en el Congreso, aunque acabó en manos del TSJC, una vez fue elegida presidenta del Parlament.
Pese a que fueron los mossos los que iniciaron la investigación, la juez instructora los apartó en 2019 y los relevó por la Guardia Civil, después de que Borràs afirmara en una entrevista televisiva que el entonces consejero de Interior, Miquel Buch, le había dicho que no se la estaban investigando a ella.
En sus últimas comparecencias públicas, Borràs ha defendido su inocencia, ha asegurado que no tiene intención de dimitir y ha abogado por «anular» el artículo 25.4 del Parlament, aprobado en 2017 a instancias de los partidos independentistas y que obliga a suspender a los diputados a los que se haya abierto juicio oral por delitos vinculados a la corrupción.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha considerado este jueves que la petición de la Fiscalía es desproporcionada y que ello acredita la «persecución política». «La peor forma de injusticia es la justicia simulada. Tanta desproporción acredita la persecución política», ha sostenido en un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, donde ha manifestado su apoyo a Borràs, que también es presidenta de Junts.