Vox denunciaba al ministro del Interior por, entre otros presuntos delitos, permitir las «convocatorias ilegales para impedir un acto electoral»
18 jul 2022 . Actualizado a las 22:29 h.El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha archivado la investigación abierta tras la querella que interpuso Vox por los incidentes ocurridos en el mitin que este partido celebró el 7 de abril de 2021, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, al no apreciar delito por parte del ministro del Interior ni de la Policía.
Según avanzó el diario El Mundo y han confirmado a Efe fuentes jurídicas, la titular del juzgado ha archivado las actuaciones en línea con lo solicitado por la Fiscalía, que propuso inadmitir la querella o, en su caso, como ha ocurrido finalmente, el sobreseimiento de la investigación.
Vox interpuso una querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y delito electoral, ya que consintió «convocatorias ilegales para impedir un acto electoral» en la precampaña madrileña para los comicios autonómicos que se celebraron el 4 de mayo de 2021.
La querella también se dirigía contra el responsable de la Primera Unidad de Intervención Policial (UIP o antidisturbios) y la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, por prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos; además de denunciar al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por «incitación al delito» y a la asociación Bukaneros por «concentración ilícita y delito de odio».
Vox, más tarde, amplió la querella contra Marlaska por los posibles delitos de «infidelidad en la custodia de documentos y posible encubrimiento para perjudicar la candidatura de Rocío Monasterio» en las elecciones a la Comunidad de Madrid.
Ahora, la magistrada no ve delito por los hechos que ocurrieron aquel día, en el mitin celebrado en una plaza del distrito madrileño de Puente de Vallecas, que se tuvo que suspender temporalmente por enfrentamientos entre decenas de personas que se oponían al mismo y agentes de Policía.
Finalmente hubo trece detenidos, algunos de los cuales tienen relación con grupos de extrema izquierda como los Bukaneros, los hinchas del Rayo Vallecano, o el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, según fuentes policiales.
El diario El Confidencial informó en su día de que entre los últimos detenidos, el 15 de abril de 2021, figuraban dos empleados del área de seguridad de Podemos por agredir, presuntamente, a agentes de la UIP durante los incidentes. Sin embargo, el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijo que todos sus escoltas eran miembros del Cuerpo Nacional de Policía y que «ninguno ha sido detenido».
La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha anunciado que recurrirán esta decisión, agotando todas las instancias que sea necesario, ya que «los hechos fueron tan notorios y evidentes que tildamos la decisión judicial de absolutamente arbitraria» y «manipulada por el gobierno como el informe de fiscalía que pide el archivo».
«Lo más grave es el cambio de decisión del juzgado, pues fueron varios los detenidos y nos encontramos entre otros a un claro delito electoral con violencia», añade.