El juzgado prorroga seis meses la investigación por las ayudas al hermano de Ximo Puig
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Debido a retrasos en varios informes periciales necesarios para la investigación, el fiscal ha pedido alargar el caso
20 jul 2022 . Actualizado a las 16:14 h.El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha prorrogado seis meses la investigación de la causa por las presuntas irregularidades en ayudas públicas concedidas a empresas vinculadas a Francis Puig, administrador de Comunicacions dels Ports SL y Mas Mut Producciones SL y hermano del president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.
De esta forma, el juez ha aceptado la petición realizada por el ministerio fiscal, quien sostuvo su solicitud en el hecho de que aún estuviera pendiente del resultado de una serie de informes periciales solicitados a las intervenciones de las administraciones valenciana y catalana para averiguar las cantidades presuntamente obtenidas de forma irregular.
En su resolución, el magistrado justifica la prórroga en las dilaciones indebidas no imputables al órgano judicial y a la dificultad para la incorporación del material probatorio necesario para la investigación, al haber diligencias acordadas que no han podido realizarse, según consta en el auto consultado por Europa Press.
Y al respecto, recuerda que en estos momentos está pendiente el trámite de informes de intervención de la Generalitat y otras diligencias de investigación. Así, prorroga la investigación y recuerda que la misma podrá volver a alargarse por igual plazo, o inferior, a instancia de la fiscalía y previa audiencia de las partes.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia investiga la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat valenciana, de la Generalitat catalana y del Gobierno de Aragón a las empresas: Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018.
Tras la declaración que prestó el pasado mes de mayo Francis Puig ante el juez, su abogado aseguró que se expuso que, en este caso, no hay fraude en las subvenciones porque la suma de las cuantías supuestamente irregulares percibidas no alcanza los 120.000 euros que exige este tipo penal.