El Supremo envía a la cárcel a José Antonio Griñán por el caso de los ERE

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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Foto de archivo de Chaves y Griñán durante el juicio
Foto de archivo de Chaves y Griñán durante el juicio Raul Caro

Un tribunal dividido ratifica también la condena a Manuel Chaves a nueve años de inhabilitación por prevaricación

08 ago 2022 . Actualizado a las 18:13 h.

Tres días después de que el comité federal del PSOE ratificara los cambios en el organigrama del partido decididos por Pedro Sánchez para tratar de mejorar la labor de comunicación, los socialistas recibieron este martes como un jarro de agua fría la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE, que confirma, por una diferencia de tres votos a dos de los magistrados la Sala de lo Penal, las condenas a los expresidentes de la Junta de Andalucía y también expresidentes del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Una trama que defraudó 680 millones de euros de fondos públicos.

Para Griñán, la sentencia es de seis años de cárcel por prevaricación y malversación de fondos públicos y quince de inhabilitación, por lo que deberá ingresar en prisión, aunque su defensa ya ha adelantado que recurrirá al Tribunal Constitucional y estudia solicitar el indulto.

Magdalena Álvarez, inhabilitada

El Supremo confirma también la condena a Chaves de nueve años de inhabilitación por prevaricación, por lo que no ingresarán en prisión. Tampoco lo harán los exconsejeros de la Junta Gaspar Zarrías, inhabilitado durante nueve años por prevaricación, y Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y exministra de Fomento en el Gobierno de Zapatero, inhabilitada por el mismo período por un delito continuado de prevaricación.

Sí irán a la cárcel los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, condenados a siete años, así como la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, con sentencia de seis años. El tribunal se limitó este martes a transmitir el sentido del fallo y las condenas, pero no los argumentos jurídicos que lo sostienen, que no se harán públicos hasta que los dos magistrados discrepantes emitan sus votos particulares. Argumentos estos últimos que servirán a Griñán para recurrir al Tribunal Constitucional —aunque la jurisprudencia sitúe en los cinco años de prisión el límite para suspender una condena a la espera de su fallo—, y también para un posible indulto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Fraude de 680 millones

En la sentencia del que se considera el mayor caso de corrupción habido en España por el volumen de lo defraudado, que supera los 680 millones de euros, las dos magistradas discrepantes son Ana Ferrer y Susana Polo, partidarias de estimar parcialmente el recurso que interpusieron seis de los condenados. A favor de ratificar la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla se manifestaron los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Carmen Lamela Eduardo de Porres (ponente).

José María Calero, abogado de Griñán explicó este martes que el hecho de que haya habido dos votos particulares «abre un rayo de esperanza» para un fallo favorable del Constitucional porque «todo el mundo sabe que José Antonio Griñán no ha tocado ni un solo euro».

Tres absoluciones y una rebaja

El fallo conocido este martes estima totalmente tres recursos de casación y parcialmente uno de ellos y absuelve a tres ex altos cargos de la Consejería de Empleo: Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez. Además, los jueces del Supremo rebajan la pena a Juan Márquez Contreras, ex director general de Trabajo entre el 2009 y el 2010, de siete a tres años de prisión y de 18 a siete años y medio de inhabilitación por malversación y prevaricación tras apreciar la atenuante de reparación del daño.