La apertura de juicio oral a Borràs por corrupción la aboca a dejar el Parlamento

Mercedes Lodeiro REDACCIÓN / LA VOZ

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Laura Borràs, presidenta del Parlamento catalán y de Junts
Laura Borràs, presidenta del Parlamento catalán y de Junts Kike Rincón | EUROPA PRESS

El reglamento determina que debe abandonar el escaño, pero ella se resiste

27 jul 2022 . Actualizado a las 09:03 h.

Laura Borràs ya tiene un pie fuera de la presidencia del Parlamento catalán, y la formación que preside, Junts, mira de reojo hacia la oposición. Ahora bien, queda por ver si se consuma una u otra situación sobrevenida a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya abierto juicio oral a la presidenta de la Cámara autonómica por presuntamente fraccionar contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Este movimiento pone contra las cuerdas a la dirigente de Junts, ya que con el reglamento del Parlamento de Cataluña en la mano, debería abandonar su puesto y el escaño, aunque puede atrincherarse en el cargo. En cualquiera de los casos, su futuro político pasa a depender de ERC. 

juicio por corrupción

Prevaricación y falsedad. El tribunal ha dictado la apertura de juicio por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. La Fiscalía reclama para Borràs seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por fraccionar contratos de la ILC para adjudicarlos a dedo a un amigo. 

reglamento de la cámara

Reforma contra la corrupción. Junts pel Sí (unión electoral de posconvergentes y ERC) y la CUP reformaron en el 2017 por la vía de urgencia el reglamento del Parlamento para reafirmar su compromiso contra la corrupción. En concreto, el artículo 25.4 obliga a suspender «de manera inmediata» a los diputados a los que se haya abierto juicio oral por corrupción. Junts per Catalunya considera que ERC y la CUP no deberían aplicar este precepto, por solidaridad «antirrepresiva». Los republicanos y los anticapitalistas no coinciden en que Borràs es víctima de la «persecución política» del Estado y defienden que es una causa de corrupción, por lo que debe aplicarse el reglamento parlamentario que conduciría a la suspensión de sus derechos y deberes como diputada, y, por tanto, como presidenta. Esquerra la invitó ayer a anteponer los intereses del Parlamento por delante de cualquier «personalismo».