La apertura de juicio oral a Borràs por corrupción la aboca a dejar el Parlamento

Mercedes Lodeiro REDACCIÓN / LA VOZ

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Laura Borràs, presidenta del Parlamento catalán y de Junts
Laura Borràs, presidenta del Parlamento catalán y de Junts Kike Rincón | EUROPA PRESS

El reglamento determina que debe abandonar el escaño, pero ella se resiste

05 dic 2022 . Actualizado a las 11:53 h.

Laura Borràs ya tiene un pie fuera de la presidencia del Parlamento catalán, y la formación que preside, Junts, mira de reojo hacia la oposición. Ahora bien, queda por ver si se consuma una u otra situación sobrevenida a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya abierto juicio oral a la presidenta de la Cámara autonómica por presuntamente fraccionar contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Este movimiento pone contra las cuerdas a la dirigente de Junts, ya que con el reglamento del Parlamento de Cataluña en la mano, debería abandonar su puesto y el escaño, aunque puede atrincherarse en el cargo. En cualquiera de los casos, su futuro político pasa a depender de ERC. 

juicio por corrupción

Prevaricación y falsedad. El tribunal ha dictado la apertura de juicio por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. La Fiscalía reclama para Borràs seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por fraccionar contratos de la ILC para adjudicarlos a dedo a un amigo. 

reglamento de la cámara

Reforma contra la corrupción. Junts pel Sí (unión electoral de posconvergentes y ERC) y la CUP reformaron en el 2017 por la vía de urgencia el reglamento del Parlamento para reafirmar su compromiso contra la corrupción. En concreto, el artículo 25.4 obliga a suspender «de manera inmediata» a los diputados a los que se haya abierto juicio oral por corrupción. Junts per Catalunya considera que ERC y la CUP no deberían aplicar este precepto, por solidaridad «antirrepresiva». Los republicanos y los anticapitalistas no coinciden en que Borràs es víctima de la «persecución política» del Estado y defienden que es una causa de corrupción, por lo que debe aplicarse el reglamento parlamentario que conduciría a la suspensión de sus derechos y deberes como diputada, y, por tanto, como presidenta. Esquerra la invitó ayer a anteponer los intereses del Parlamento por delante de cualquier «personalismo». 

decisión de la mesa

ERC y CUP, determinantes. Es la Mesa el órgano encargado de adoptar una decisión sobre la aplicación del artículo 25.4. En ella, Junts tiene dos miembros —uno de ellos es Borràs, que deberá abstenerse—; el PSC, otros dos, al igual que ERC, y la CUP dispone de uno. Así que todo depende de los socios independentistas de ERC. La CUP abogó ayer por la suspensión. Los socialistas reclaman la dimisión, al igual que los comunes y el resto de partidos, PP, Vox y Cs. «Si se plantean dudas sobre el tipo de delito», es decir, si es corrupción o no, entonces «es preciso el dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado —presidida por Junts—, que puede determinar que no procede aplicar el artículo 25.4, dice el reglamento. 

la tolerancia de ERC

Presidencia provisional. Al verse con el agua al cuello, Borràs ha propuesto otra fórmula para no dejar el cargo sin posibilidad de retorno. Ha ideado que podría ceder sus funciones presidenciales de modo temporal hasta que se resuelva la causa, pero que seguiría siendo presidenta y no se escogería a un sustituto. ERC ha dicho que está dispuesta a que Junts mantenga la presidencia estando ella suspendida. El dilema se resolverá en la Mesa convocada para mañana. 

el gobierno, en peligro

ERC se cubre la espalda. Esquerra defiende el «tolerancia cero con la corrupción», pero no puede tirar de la cuerda hasta que rompa porque quedaría en minoría en el Parlamento y el Gobierno de Pere Aragonès se tambalearía. Sectores de Junts defienden que si ERC no blinda a Borràs deberían pasar a la oposición.

Solo cuatro consejeros de ERC en la Generalitat integrarán la mesa de diálogo que detesta Junts

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Miquel Iceta, encabezarán la delegación del Gobierno en la mesa de diálogo con Cataluña que se celebrará hoy en la Moncloa, sin presencia de los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès.

La ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, avanzó ayer que la hoja de ruta para llegar a un acuerdo con la delegación catalana en la que participarán cuatro consejeros de ERC está «muy avanzados» y que en estas horas se están «ultimando los trabajos», recoge Efe.

Por la parte catalana, acudirán la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà; el de Empresa y Trabajo, Roger Torrent; que ya participaron en la reunión del pasado septiembre; el titular de Interior, Joan Ignasi Elena; y la consejera de Cultura, Natàlia Garriga. Así lo desveló el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tras confirmar que la delegación de la mesa de diálogo estará integrada por cuatro consejeros de ERC y ninguno de JxCat, que considera «agotada» esta mesa.

Encima de la mesa está la posible reforma del delito de sedición, aunque la Moncloa no ha avanzado los temas que se tratarán. La ministra portavoz aseguró que España valora «positivamente» que el delito de sedición pueda modificarse y «acercarse» al que se contempla en otros países del entorno, pero ha recordado que el Ejecutivo es «muy consciente» de que para una modificación del Código Penal se necesitan una mayorías parlamentarias muy amplias.

Tras incidir en que la reunión de la mesa de diálogo será en la Moncloa, Rodríguez reiteró que ambas partes están «ultimando los detalles del acuerdo» y, entre los previstos, figuran cuestiones relacionadas con la «desjudicialización» del conflicto político catalán, si bien la presencia de la consejera de Cultura podría indicar posibles avances en torno a la lengua catalana.

Fuentes cercanas al Gobierno han señalado que habrá un documento concreto con los acuerdos y la parte socialista del Ejecutivo cree además que esta reunión es un buen comienzo para mejorar la relación con ERC de cara a recabar su apoyo para los presupuestos generales del Estado del 2023.