Nueve años de inhabilitación para la exministra de Fomento Magdalena Álvarez

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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Magdalena Álvarez, con un mapa sobre el AVE a Galicia en una sesión del Congreso.
Magdalena Álvarez, con un mapa sobre el AVE a Galicia en una sesión del Congreso. Fernando Alvarado

La exconsejera de Economía en la Junta de Andalucía dimitió de su cargo en el Banco Europeo de Inversiones tras ser imputada en el caso de los ERE

28 jul 2022 . Actualizado a las 09:16 h.

Entre las condenas que el Tribunal Supremo ha confirmado en el caso de los ERE está la de Magdalena Álvarez, consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Andalucía entre los años 1994 y 2004 y ministra de Fomento en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero desde el 2004 al 2009.

La Audiencia de Sevilla condenó a Álvarez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación como responsable de la elaboración y gestión de los presupuestos andaluces que incluían la partida 31L, que era el vehículo utilizado por la trama de los ERE para desviar fondos públicos. Ello se hacía mediante transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al ente público Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), después denominado Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Dimitió tras ser imputada

Magdalena Álvarez (San Fernando, Cádiz, 1952), célebre por haberse referido al plan de infraestructuras para Galicia como «el plan Galicia de mierda», era la responsable de unos presupuestos en los que cada año se ampliaba la cuantía de la partida 31L para desviar fondos.

Tras la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez fue nombrada ministra de Fomento, cargo en el que se mantuvo entre los años 2004 y 2009. Formó parte de la candidatura del PSOE al Parlamento Europeo en las elecciones de junio del 2009, y fue elegida eurodiputada.

En junio del 2010 Zapatero la propuso como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, cargo para el que resultó designada. En junio del 2014 dimitió de su cargo en la entidad financiera europea por su imputación en el caso de los ERE, aunque negó siempre que su renuncia se debiera a su situación procesal, por la que resultó luego condenada a una pena que el Supremo ha ratificado.