La querella defiende que el magistrado redactó un expediente de indulto negativo «careciendo absolutamente de competencia para ello»
29 jul 2022 . Actualizado a las 10:55 h.El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha presentado este viernes una querella criminal contra el juez Manuel Piñar por un delito continuado de prevaricación judicial y atentado contra la intimidad moral debido a sus «decisiones ilegales» durante la tramitación de la ejecutoria en su caso.
La querella, que ya había sido anunciada por el letrado de Rivas, ha sido interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues el querellado tiene la condición de aforado al ser magistrado en activo.
Esta se produce después de que el pasado 12 de julio el Tribunal Supremo avalara el indulto parcial concedido por el Gobierno a esta vecina de Maracena, Granada, que fue condenada en su día por la sustracción de sus dos hijos menores; al rechazar el alto tribunal el recurso presentado por su expareja, el italiano Francesco Arcuri, contra esta medida de gracia.
Según ha informado el abogado, la querella se fundamenta, entre otros hechos, en que Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, «careciendo absolutamente de competencia para ello», tramitó en su día un expediente de indulto «con la única intención de informar negativamente sobre dicho beneficio, con absoluta parcialidad (alterando intencionadamente la realidad) y ocultando la propia existencia de ese expediente a la defensa».
Agrega la querella que, sabiendo «perfectamente» que la sentencia condenatoria firme que se despachaba en la ejecutoria de Juana Rivas fue dictada por el Tribunal Supremo, usurpó las atribuciones del alto tribunal, dando lugar a la existencia de dos expedientes de indulto paralelos: «uno debidamente informado por el Tribunal Supremo, y otro al que jamás debió darse curso, y que fue informado con manifiesta parcialidad por el querellado».
Además, en el procedimiento penal dictó varias resoluciones «a sabiendas de su injusticia, con clara falta de imparcialidad y objetividad».
Se refiere al abogado al auto con fecha del 27 de mayo del 2021 por el que abrió la ejecutoria y, «sin trámite alguno», acordó la busca, captura e ingreso en prisión de Juana Rivas, y al emitido con anterioridad, el 9 de mayo del 2021, en el que estableció que no había lugar a la suspensión de pena.
Para la defensa de Rivas, estas decisiones se amparan en «tres absolutas falsedades», entre ellas que la querellante no se había arrepentido de su conducta, cuando, según el abogado, consta lo contrario en los informes penitenciarios «e incluso reconoció su error en medios de comunicación».
La otra «falsedad» es que había reiterado la conducta de sustracción de menores en el extranjero, «cuando la realidad es que no tiene ningún otro procedimiento en ningún país del mundo», y lo más grave, dice, que «habría permitido el abuso sexual de uno de sus hijos», una acusación, agrega el letrado, «tan infundada y cruel» que constituye un atentado contra la integridad moral de Rivas.
Según Aránguez, para comprender la «ausencia de imparcialidad» del magistrado debe tenerse en cuenta que Juana Rivas le conocía desde hace años, dado que era amiga de las hermanas del magistrado, incluso una de ellas llegó a asesorar jurídicamente a la expareja de Juana, señala el abogado, y que tuvo siempre con ella «una relación tensa por su falta de sintonía ideológica».
Y pone como ejemplo algunos de los comentarios difundidos por el magistrado en abierto a través de su página personal en la red social Facebook, en las que se advierte, dice, su «marcada antipatía hacia las políticas de igualdad y contrarias a la violencia de género», y otras declaraciones a la prensa en las que, «sin fundamento ni base legal alguna», da credibilidad a los abusos sexuales al menor «con la intención de menoscabar la dignidad e integridad moral de Rivas.