La Fiscalía solicita una multa de 23 millones de euros
29 jul 2022 . Actualizado a las 14:03 h.La Fiscalía de Barcelona pide ocho años y dos meses de cárcel para la cantante Shakira, a la que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España. Además, pide para la cantante una multa de 23 millones de euros.
El ministerio público ha presentado su escrito de acusación ante el juzgado de instrucción número dos de Esplugues de Llobregat (Barcelona), después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio, ante los indicios de que desde el 2012 residía en España y, por lo tanto, estaba obligada desde entonces a tributar en este país, según Efe.
La artista colombiana, que ya ha devuelto los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses -lo que no impide que se siente en el banquillo-, está encausada a raíz de una querella que la Fiscalía de Barcelona presentó contra ella por seis delitos contra la Hacienda pública.
Hace apenas unos días el equipo legal de la cantante anunciaba que descartaba un acuerdo con la Fiscalía y que había decidido ir a juicio. Shakira aseguraba que «confía plenamente en su inocencia». Según informó la agencia de comunicación de la artista, su equipo legal estuvo manteniendo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona para alcanzar un acuerdo, pero decidió rechazar la última oferta del ministerio público.
En un comunicado muy crítico con Fiscalía y Hacienda, Shakira aseguraba que siempre ha confiado en su inocencia, por lo que ha optado por «dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón».
La defensa de la artista mantuvo contactos con la Fiscalía de Barcelona para alcanzar un pacto desde que el pasado mes de mayo la Audiencia de Barcelona avalara que debe ser juzgada por fraude.
Ese tipo de contactos con la Fiscalía, habituales en causas de este tipo, van encaminados a buscar un acuerdo que comporte una rebaja de la pena para el acusado a cambio de reconocer el delito, lo que una vez formalizado en el juicio se materializa en una sentencia firme.
Pese a que acusación y defensa no alcanzaron un acuerdo para entregar al juzgado un escrito de acusación de conformidad -lo que no habría evitado que Shakira se sentara en el banquillo en un breve trámite para ratificarlo-, la cantante aún podría pactar con la Fiscalía hasta el mismo día del juicio.
Según recalcó la artista a través de su agencia, pese a las conversaciones que sus abogados han mantenido con la Fiscalía, su voluntad siempre ha sido seguir adelante en el proceso penal, sin conformarse con una rebaja de la condena que podría corresponderle.
Para la cantante y su equipo, este caso «constituye un total atropello» a sus derechos, puesto que ha demostrado siempre «una conducta impecable, como persona y contribuyente, y una plena disposición a solventar cualquier diferencia desde el primer momento, incluso antes del proceso penal».
En ese sentido, recordaba en el comunicado que, «aun discrepando» del criterio de su equipo jurídico sobre el supuesto fraude fiscal, la artista devolvió 17,2 millones de euros a la Agencia Tributaria -la suma presuntamente defraudada más los intereses- y que «desde hace muchos años no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda».
Asimismo, la cantante sostenía que «ha confiado y seguido siempre fielmente las recomendaciones de los mejores especialistas y expertos asesores de PricewaterhouseCoopers y cumplió de manera impecable en las más de 20 jurisdicciones en las que ha tributado».
En su comunicado, Shakira criticaba que la Agencia Tributaria «gasta millones» en «persecuciones» como la que ella ha sufrido y «pierde uno de cada dos pleitos con sus contribuyentes».
Shakira lamentaba que «jamás» en ningún otro país se ha topado con una «persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada» por parte de Hacienda, «ni un uso tan evidente de la presión mediática y reputacional como mecanismo recaudatorio».
En opinión de la artista y su equipo legal, la Fiscalía «sigue sin mostrar pruebas directas o criterios razonables que soporten su postura y ha mantenido una actitud del todo intransigente a lo largo de toda la instrucción».
Según su defensa, el ministerio público ha hecho un «ejercicio mínimo» de intentar mostrar su permanencia en España durante «ciertos días, pero ni de lejos lo que exige la ley para considerarse residente».
Por ese motivo, consideraba su defensa que la Fiscalía «ha abusado de un concepto jurídico indeterminado, como es el de las ausencias esporádicas, sobre la base de una cuestión técnicamente discutible de quien ni siquiera devenga en España, ya que sus beneficios provienen del exterior, donde trabaja y ejerce su profesión».
«La Fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado de mis giras internacionales y en The Voice cuando aún no era residente en España y han recurrido a medios indebidos para presionar, tal y como lo hacen a diario e injustamente con miles de contribuyentes con fines lucrativos», mantenía el comunicado.