La Generalitat alega que hay «nuevas circunstancias» para no aplicar la sentencia del 25 %
ACTUALIDAD
El Ejecutivo de Aragonès estudia cómo poder saltarse la ley
11 ago 2022 . Actualizado a las 18:29 h.La Generalitat de Cataluña tiene una estrategia muy definida para sortear la sentencia judicial que ya es firme y las que se esperan para cumplir el mandato legal que le obliga a garantizar que el 25 % de las asignaturas en los centros educativos se impartan en castellano. El Ejecutivo de Aragonès alega que existen «nuevas circunstancias» para no cumplir con la ley. Lo recordó el martes la número dos del departamento de Educación catalán Patrícia Gomà, en respuesta a las providencias del Tribunal Supremo que confirmaban la anulación de dos proyectos lingüísticos en Barcelona y Abrera (Barcelona): la Generalitat ha presentado alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que se retire el 25 % de español en aquellos centros educativos en los que esta medida se aplica de manera cautelar. Y las «nuevas circunstancias» a las que se refiere el Gobierno de Aragonès son la aprobación en el Parlamento catalán de un decreto ley y una ley que regulan las lenguas oficiales en la enseñanza.
«El Supremo se ha limitado a no admitir los recursos que había interpuesto la Generalitat. Estamos en un momento posterior en el que se ha aprobado un nuevo marco normativo y, por lo tanto, son inaplicables las sentencias que se habían dictado en este momento anterior», aseguró Gomà tras destacar que «el Supremo no ha entrado en el fondo de la cuestión». Pero es la primera vez que el alto tribunal se pronuncia sobre esta cuestión para ratificar los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que había anulado la planificación de ambos centros por no contemplar el modelo de conjunción lingüística o bilingüismo escolar. Y lo hizo cuando el Tribunal Constitucional aún tiene pendiente resolver la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJC sobre la nueva ley catalana de uso de las lenguas en las escuelas aprobada hace unas semanas con el apoyo de independentistas, comunes y el PSC.
A estos dos planes lingüísticos anulados por el TSJC le siguieron otros que también fueron recurridos por la Generalitat. Todo ello con el objetivo de ganar tiempo. Pero la inadmisión a trámite del recurso de casación que el Ejecutivo presentó descompone la estrategia de la Consejería de Educación, que durante este tiempo ha intentado alargar la viabilidad de los proyectos lingüísticos de unos colegios que ahora deberán rehacer sus planes.
La Generalitat, por su parte, hace referencia a una artículo de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que señala que si cambian «las circunstancias» durante la aplicación de unas medidas cautelares, estas se pueden modificar o revocar. Y para la Generalitat, la ley aprobada en el Parlamento catalán con el apoyo del PSC y aceptada explícitamente por el Gobierno central como uno de los acuerdos de la mesa de diálogo establece un nuevo escenario judicial.