La norma sale adelante con la oposición del PP y Vox
25 ago 2022 . Actualizado a las 20:07 h.Cuatro años después de la sentencia de la Manada, la violación grupal a una joven en los sanfermines del 2016, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que elimina la distinción entre abuso y agresión y coloca el consentimiento en el centro para juzgar los delitos, ha sido definitivamente aprobada en el Congreso. Con 205 votos a favor, 141 votos en contra y 3 abstenciones, la ley del «solo sí es sí», que tomó el nombre del grito feminista que salió a las calles tras la polémica resolución de la Audiencia de Navarra —que consideró abuso sexual la violación grupal—, ve ahora la luz con la oposición del PP y Vox después de un largo camino no exento de polémica.
De hecho, en el debate de este jueves, los populares han insistido en que esta norma «puede traer consigo inseguridad» y que, por tanto, no es la ley que les «habría gustado apoyar». Vox ha ido más allá, al tachar la norma de «infame», porque «el objetivo no es proteger a la mujer sino atacar al hombre».
Pero sus críticas no han sido respondidas por los partidos que sustentan al Gobierno, artífices de esta norma, que se han centrado en subrayar que la ley es «la conquista del movimiento feminista» y «el logro de la reivindicación del movimiento feminista» . En presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que no ha participado en el debate, la portavoz socialista Laura Berja ha cerrado su intervención recordando una frase de la víctima de la Manada: «Esta ley no es mi ley, esta ley es de todas las mujeres».
El recorrido parlamentario se cierra con más de un mes de retraso respecto a lo previsto, dado que el Senado aprobó por sorpresa una enmienda que corregía una vocal del texto (donde decía «los casos de abortos y esterilizaciones forzosas» se cambió por «forzosos»), que obligó a la remisión de la norma de vuelta al Congreso para su visto bueno definitivo.
A partir del mes que viene, cuando la norma entre en vigor —30 días después de su publicación en el BOE—, el consentimiento pasará a ser la pieza clave para juzgar los delitos sexuales. La norma lo define de la siguiente manera: «Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».
Las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido. Todo acto sexual sin consentimiento será agresión y se eliminarán los abusos sexuales del Código Penal. La ley consigna además la asistencia integral a las víctimas de delitos sexuales y medidas para mejorar la prevención y detección de estos casos. Se incluye asimismo una pena de multa de uno a tres meses a quien reenvíe imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización de la persona afectada y que menoscaben gravemente la intimidad, se reconoce el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y se blinda la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecerse que el Gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias. Los menores que cometan delitos sexuales tendrán la obligación de realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género, tal y como acordaron PSOE, Podemos, ERC y Bildu.