El comité de Derechos Humanos de la ONU da la razón a los independentistas y resuelve que España vulneró sus derechos
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Desde el independentismo consideran este dictamen una «victoria» contra el «Estado español y sus prácticas represivas»
31 ago 2022 . Actualizado a las 14:11 h.El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que España «violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña» al suspender de sus funciones públicas a encausados en el «procés» antes de que fueran condenados en el 2019, tras el referendo independentista del 2017.
El dictamen de este órgano asesor de la ONU, cuyas decisiones no tienen carácter vinculante, da la razón a una denuncia presentada en el 2018 por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Raul Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes alegaron que la suspensión de sus funciones sin existir una condena previa violaba el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Gobierno de España, por contra, alegaba que los cuatro aceptaron ser sustituidos por otros diputados de su grupo parlamentario mientras durara su suspensión. Y apuntaba que, excepto Romeva, «los autores renunciaron el 17 de mayo del 2019 a su acta de diputados autonómicos para asumir sus funciones como diputados en el Congreso de los Diputados» tras ser elegidos en las elecciones generales de abril del 2019.
El comité, integrado por 18 expertos independientes, subraya que los denunciantes fueron suspendidos tras ser acusados del delito de rebelión (que exige un alzamiento violento) pese a que habían instado a la ciudadanía a mantenerse en una actitud estrictamente pacífica y a que finalmente fueron condenados por sedición, que no implica el uso de violencia.
La suspensión de los cuatro denunciantes se había decidido en julio de 2018 con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la suspensión de funcionarios públicos solo cuando se les acusa de rebelión, no de sedición.
El dictamen también recoge que el Gobierno destacó en sus alegaciones a la denuncia de los exmiembros del Govern que el 22 de junio del 2021, «en aras de la utilidad pública, indultó la pena de cárcel a los autores».
«Las salvaguardias contra las restricciones de los derechos políticos deben aplicarse con mayor rigor si estas restricciones se producen previamente, y no posteriormente, a una condena», comentó al presentar el dictamen la integrante del comité Hélène Trigoudja.
La integrante del comité, que preside la griega Photini Pazartzis, agregó que «la decisión de suspender a oficiales electos debe basarse en leyes claras y previsibles que establezcan motivos razonables y objetivos para la restricción de los derechos políticos, y debe aplicarse sobre la base de un análisis individualizado».
Estos dictámenes son un mecanismo que se autodefinen como «cuasi-judicial» y suponen recomendaciones que en principio no son vinculantes, pero sí se considera que deben ser tenidos en cuenta por los firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (entre ellos España), al que se han acogido los políticos independentistas denunciantes.
«El comité no es un tribunal pero lleva a cabo funciones jurídicas, emitiendo decisiones y recomendaciones a los Estados parte que se espera sean puestas en práctica», aclaró una portavoz de este órgano.
Aunque recuerda que España debe «garantizar una reparación efectiva y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación» por lo que indica que el Comité «desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen». «Se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité y que le dé amplia difusión», concluye.
Desde el independentismo consideran este dictamen una «victoria» contra el «Estado español y sus prácticas represivas»
Los cuatro afectados por el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU de este miércoles sobre los condenados por el referendo independentista han expresado sus críticas al Estado, alegando, como dijo el líder de ERC, Oriol Junqueras, «que España no puede seguir con estas prácticas represivas contra el independentismo» y ha defendido la amnistía, una vía que también proclama Raul Romeva.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el exconsejero de la Generalitat Josep Rull también han celebrado como una «victoria» del independentismo contra el Estado la resolución. Turull afirmó en un apunte en Twitter, que está «muy contento de esta nueva victoria internacional del independentismo contra al Estado español y sus represores con toga» y espera que sea un precedente ante «actos de represión».
Por su parte, Rull se ha hecho eco del dictamen a través de otra publicación en Twitter: «El Estado español vulneró nuestros derechos como representantes legítimos del pueblo de Cataluña y, evidentemente, el de nuestros representantes» y considera que este dictamen, «en un Estado de derecho homologable tendría consecuencias fulminantes».
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont también ha asegurado que es «otro bofetón desde Naciones Unidas en la cara del Estado español por la violación de derechos políticos».
«Los responsables de aquella violación no pueden dar lecciones de democracia y tendrían que asumir responsabilidades. Dieron un golpe a la democracia», ha escrito en un tuit este miércoles.
«Una victoria moral y política»
La secretaria general de ERC, Marta Rovira, sigue en la línea de celebrar «una victoria moral y política, que constata que hay una causa general de represión política contra el independentismo».
En declaraciones a Europa Press, Rovira ha afirmado que esta resolución implica «constatar que el Estado español ha aplicado la represión política» y que ha utilizado la resolución del magistrado Pablo Llarena, que pedía la suspensión de los derechos políticos de los entonces diputados y líderes políticos encarcelados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull para dejarles sin derechos, en sus palabras.
«Hoy Naciones Unidas dice que eso no se puede hacer, no se debe hacer, es un abuso de derecho. Que los derechos civiles y políticos se deben respetar», ha celebrado la secretaria general de los republicanos, que ha lamentado que esta resolución no resulta aplicable efectivamente porque estos dirigentes ahora ya no son diputados y están inhabilitados.
Rovira también ha destacado que la resolución «da unos días al Estado español para que explique qué reformas ha hecho en el ámbito del Estado para que una cuestión como esta, de vulneración de derechos humanos y suspensión de derechos de diputados, no vuelva a pasar en ninguna ocasión».
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha calificado de importantísimo este dictamen de Naciones Unidas, y asegura que «la represión y vulneración de derechos fundamentales son límites que nunca se deberían de haber cruzado».
«La arbitrariedad de la justicia española deja al descubierto a ojos del mundo las vergüenzas del Estado», ha defendido Aragonés. Considera que no solo se han «violado gravemente los derechos humanos» del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsejeros Raul Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, sino también los de todos los catalanes.
«Hoy, como siempre, reafirmamos nuestras convicciones por la democracia y las libertades. Por la amnistía y la independencia», ha zanjado el presidente del Ejecutivo catalán.
Desde la CUP han llevado más allá sus críticas al Estado y que «España sea condenada» para que «la vulneración de derechos humanos no quede impune».