El no a la nueva Constitución chilena deja muy tocado al Gobierno de Boric

Héctor Estepa BOGOTÁ / E. LA VOZ

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Los partidarios del no a la nueva Constitución de Chile celebran en las calles de Santiago el resultado del referendo
Los partidarios del no a la nueva Constitución de Chile celebran en las calles de Santiago el resultado del referendo RODRIGO GARRIDO | REUTERS

El 62 % de los votantes rechazaron la reforma de la Carta Magna

06 sep 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Sorpresa mayúscula en Chile. Los ciudadanos del país andino rechazaron con rotundidad la nueva Carta Magna, redactada durante el último año por una convención constitucional de amplia mayoría progresista. La opción del «rechazo» lideraba las encuestas, pero la diferencia con respecto al «apruebo» fue finalmente de tres millones de votos, más allá de las previsiones, dejando muy tocado al Gobierno del izquierdista Gabriel Boric, que apoyó el texto y ahora aboga por un nuevo proceso constituyente, mientras prepara cambios de calado en su Ejecutivo, tras el descalabro en las urnas. 

¿Cómo de drástico ha sido el varapalo?

El proceso constituyente se inició a finales del 2019 como un pacto para paliar el descontento social, después de la explosión de protestas masivas contra la desigualdad monetaria y de acceso a los sistemas de salud, educación y pensiones. En diciembre del 2020, el 78 % de la población aprobó la elaboración de una nueva Carta Magna que sustituyese a la aprobada en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Unos meses más tarde, el progresismo arrasaba en las elecciones a los 155 puestos de la convención constituyente. El pasado diciembre, Boric ganó las elecciones con un millón de votos de diferencia. Este domingo, sin embargo, el 62 % rechazó el texto constitucional, que perdió en casi la totalidad de las comunas del país, incluidos sectores populares de Santiago, bastión de la izquierda. Parte del progresismo cambió su voto e influyó también decisivamente la obligatoriedad del sufragio. 

¿Por qué ha fracasado el texto?

El proyecto de Carta Magna definía a Chile como un «Estado Social y Democrático de Derecho», dando al sector público mayor preponderancia. Recogía una ampliación sustancial de derechos en materias como salud, educación, pensiones, paridad entre sexos y era marcadamente ecologista. Esos aspectos, aunque rupturistas, no encontraron un no frontal de los defensores del rechazo, conscientes de que era lo exigido en estallido social.

El punto más divisivo ha sido la concepción de Chile como un Estado plurinacional, reconociendo derechos adicionales a los pueblos indígenas, provocando fuertes críticas de la derecha y de parte del centroizquierda, que considera que puede privilegiar a los ciudadanos de los pueblos originarios.

Especial recelo creó la aceptación de formas de Justicia indígena, no suficientemente acotadas, afirman numerosos analistas. Muchos esperaban una especificación de las reglas del juego en un aspecto tan transformador.

En lo relativo a la Justicia, también fue controvertida la introducción en el consejo de la judicatura de dos puestos reservados a indígenas, así como de cinco miembros de designación parlamentaria, lo que, para algunos, significaba la potencial politización de la Justicia. También existía un sustancial rechazo a la descentralización del Estado y a la desaparición del Senado. Foco de las críticas fue, asimismo, el establecimiento la reelección presidencial continua, así como la consagración constitucional del derecho al aborto. 

¿Cómo afectaba el proyecto a la propiedad privada?

Existieron acusaciones de que el texto no defendía la propiedad privada, en concreto, en lo referente a la vivienda, tanto que el Gobierno tuvo que apresurarse a lanzar un comunicado asegurando que defendería íntegramente la propiedad individual, aunque numerosos analistas consideran que el texto ya lo hacía y que se había producido desinformación al respecto, influyente también en el resultado. El sector minero, por su parte, señaló también que el ecologismo del texto podía perjudicar a una actividad que genera el 10 % del PIB.

En definitiva, la Carta Magna fue rechazada más por cuestiones de organización política y no de derechos. También jugaron en contra el descrédito de parte de los miembros de la convención constitucional por varios escándalos. 

¿Por qué daña al Gobierno?

Boric ha sido uno de los principales precursores del proyecto constituyente y el «rechazo» provoca que no vaya a poder cumplir íntegramente sus promesas electorales ni tampoco con el ritmo previsto.

¿Tuvo influencia la situación del país?

El apoyo al presidente ha menguado al 38 % a solo seis meses del inicio de su mandato, en medio de una inflación superior al 13 %, un destacado aumento de la percepción de la criminalidad, y un conflicto en las regiones del sur con los indígenas mapuche. Ese estado de cosas ha influido en el voto de quienes acuden a las urnas para evaluar la situación del país. 

¿Qué pasa ahora?

La Constitución de 1980 se mantiene vigente, aunque cuenta con el rechazo de cuatro quintas partes de la población. Boric ya ha anunciado que habrá un nuevo proceso constituyente. La práctica totalidad de los sectores que apoyaron el «rechazo» también aboga por crear una Carta Magna, aunque introduciendo cambios en los aspectos más ásperos. La pregunta es cómo será el nuevo proceso. El Gobierno parece abogar por la creación de una nueva convención constitucional, pero parte de los analistas reclama que se establezca un consejo de sabios, con representación de todas las ideologías, para generar consenso, mientras otros creen que el actual Congreso, con mayoría exigua de la oposición en el Senado, debería jugar un papel más importante. Boric se reunió ayer con los líderes del Legislativo para establecer un marco de acción, después de haber llamado el domingo a la unidad y a abandonar el «maximalismo» y la «intolerancia» con quien piensa diferente, mientras decide quiénes son los ministros que tendrán que dejar su cargo.