Vocales conservadores del CGPJ amenazan con bloquear la renovación del Constitucional
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Trabajo contra reloj en el órgano de gobierno de los jueces para evitar una crisis en el alto tribunal de garantías
07 sep 2022 . Actualizado a las 08:30 h.La amenaza de un grupo de vocales conservadores del CGPJ de torpedear la renovación del Constitucional coloca al Poder Judicial al borde de una nueva crisis institucional, que salpica ya personalmente a su presidente Carlos Lesmes, mientras se trabaja contra reloj por alcanzar un consenso para evitarlo.
Todo ello, en la víspera del acto de apertura del año judicial más tenso que se recuerda, que el rey Felipe VI presidirá ante la alta magistratura del país, que en los últimos días asiste atónita al último episodio que amaga con enquistar, más de lo que está ya, la situación institucional de la Justicia en España.
A la insólita situación en el CGPJ, que avanza hacia su cuarto año en funciones, se suma a la ecuación la renovación de cuatro magistrados del Constitucional, dos por parte del Gobierno y dos por el Consejo, donde un grupo de vocales conservadores maniobran para dificultar o boicotear el nombramiento de los dos magistrados en el pleno del jueves que se ha consagrado solo a desatascar esta situación.
Sobre el terreno, Lesmes trabaja contra reloj para alcanzar un consenso en el seno del Consejo aunque no tanto con la idea de lograrlo en este pleno extraordinario sino antes del 13 de septiembre, que es cuando vence el plazo fijado por la ley. Vocales del Consejo afirman: los contactos y reuniones son diarios.
En la magistratura reina el pesimismo por mucho que Lesmes asegurase el lunes que «sobran magistrados» del Supremo que quieran ir al Constitucional, saliendo al paso de las informaciones que sacan a la luz los supuestos problemas para encontrar a un magistrado conservador que se postule para el tribunal de garantías que, una vez culmine esta renovación, tendrá una mayoría progresista.
Lesmes tiene razón a medias, porque magistrados dispuestos a ir al Supremo hay muchos, pero no tantos de perfil conservador, reconoce a Efe un antiguo magistrado del alto tribunal, que admite que antes ir al Constitucional era la culminación de la carrera de todo magistrado en el Supremo, pero el momento lo marca todo.
A nadie se le escapa que se va a producir un cambio de mayorías, de ahí que algunos consideren que vayan a acabar en la irrelevancia en caso de ir al tribunal de garantías, añade esta fuente que apunta a que las opciones conservadoras se están agotando en el Supremo.
No lo ven así desde el Consejo. Vocales consultados por Efe afirman que «sobran magistrados de un lado y del otro» y rechazan de plano que se produzca una venganza para boicotear los nombramientos. «Estamos vinculados por la ley y un vocal no puede decir que no hace nombramientos», señalan.
Estos vocales alertan de la «toxicidad» de los últimos días para enrarecer el ambiente ya que la designación de los magistrados «es una obligación legal a cumplir». «Una cosa es que haya más o menos consenso, eso entra dentro de la discrecionalidad, otra bien distinta es lanzar un órdago y eso no creo que lo hagan», añaden.
El último movimiento en el tablero de ajedrez salpica directamente a Carlos Lesmes, que el lunes convocó a los medios para decir públicamente que no quiere ocupar una de las plazas vacantes en el Constitucional, hasta el punto de asegurar que quien diga que su aspiración es llegar al TC «miente interesadamente».
El Gobierno califica de sensatas las palabras de Lesmes y confía en que no habrá boicot
El Gobierno considera que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, realizó «un ejercicio de sensatez» en sus declaraciones del lunes en las que abogó por que el órgano de gobierno de los jueces cumpla con los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional, según han indicado fuentes de la Moncloa a Europa Press. Además, no contemplan que el CGPJ lleve a cabo un bloqueo y evite realizar los dos nombramientos del TC a los que le obliga la norma. Asimismo, indican que un supuesto bloqueo significaría incumplir la ley.
Este lunes, Lesmes afirmó que los nombramientos deben hacerse «el día 8, si es posible, y si no los días sucesivos», aunque reconoció que «cuesta encontrar unas voluntades dirigidas hacia una misma persona». A quienes sostienen que «hay que boicotear los nombramientos», les recordó la «institucionalidad» del Consejo e insistió en que si se ha aprobado una ley hay que cumplirla, más allá de que pueda gustar o no las circunstancias en las que se aprobó. Y fue firme ante cualquier intento de boicot: «Yo me opongo a que esta institución se declare en rebeldía». «Lo he sostenido durante toda mi vida y lo sostengo ahora. Es nuestro deber: el cumplimiento de la ley y de la Constitución. Y, por lo tanto, nuestra obligación será procurar ponernos de acuerdo», dijo.