El Gobierno plantea asegurar por ley que ningún beneficiario de la PAC pueda rehuir inspecciones
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PSOE y Unidas Podemos presentan una enmienda para que los dueños de explotaciones subsidiadas no puedan negar el acceso
11 sep 2022 . Actualizado a las 09:22 h.PSOE y Unidas Podemos quieren aprobar garantías legales a las inspecciones realizadas a beneficiarios de ayudas de la política agrícola común (PAC), asegurando que los dueños de las explotaciones no pueden impedir el acceso a cualquier dependencia de la misma. Así consta en una de las enmiendas registradas por las formaciones que sustentan al Gobierno al proyecto de ley que regula los sistemas de gestión de la PAC.
Además de las obligaciones de los receptores de las ayudas de colaborar con los inspectores en las labores de control y verificación, la enmienda de los grupos dos políticos explicita que, cuando así lo requieran, «se podrá entrar en cualquier lugar, instalación o dependencia, finca, local de negocio y demás establecimientos» de la explotación, haya bienes o se desarrollen actividades sujetas a obligaciones establecidas en el reglamento de la PAC.
El texto de la enmienda apostilla que, en el caso de que la dependencia en cuestión sea considerada domicilio, será exigible el consentimiento de su titular o una resolución judicial. Además, el acuerdo de entrada deberá comunicarse previamente, con la identificación y alcance de bienes, actividades y documentación objeto de la inspección.
Prescripción de las faltas
Otra de las modificaciones planteadas por los partidos de la coalición de Gobierno es equiparar al alza el plazo de prescripción de las infracciones a cuatro años desde el día en que se hubiera cometido. En la reglamentación anterior ese período era de tres años, cuando se trataba de hechos graves, y de un año aquellas catalogadas como leves.
PSOE y Unidas Podemos justifican la unificación de ese plazo de prescripción en la necesidad de ajustarse tanto a la normativa de la Ley General de Subvenciones como al reglamento europeo, al ser infracciones cometidas con fondos europeos.
Finalmente, ambas formaciones buscan introducir como enmienda una modificación de la ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, con el fin de simplificar los requisitos para poder constituir entidades asociativas prioritarias.
Efectos beneficiosos
Los socios de Gobierno sustentan esta modificación en el objetivo de ampliar en todo lo posible la implantación de esta figura, «habida cuenta de los beneficiosos efectos que las mismas prestan a la estructuración articulada del sector».
El campo español reclama ayudas y no descarta movilizaciones
El sector primario encara el inicio del nuevo curso acusando altos costes de producción, bajos precios en origen y una previsión de mermas generalizadas en la producción por culpa de la sequía, cuestiones ante las que reclama ayudas al Gobierno al tiempo que no descarta emprender movilizaciones. Cooperativas Agroalimentarias de España y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA coinciden en resaltar esas cuestiones como los principales problemas del campo español, junto a otros como la especulación, la falta de fertilizantes o las deficiencias en la ley de la cadena.
Son los mismos problemas por los que los profesionales del primario ya se manifestaron la pasada primavera, agravados ahora por las incertidumbres que afrontará la economía española este otoño, en especial por las restricciones de gas y la persistencia de una inflación elevada.
Por el momento, no están convocadas protestas, pero se está realizando un análisis de la situación para tomar decisiones.