La tarifa de gas más barata del mercado libre duplica la regulada por el Gobierno
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La bajada del IVA al 5 % a partir del 1 de octubre reducirá la factura un 13 %
22 sep 2022 . Actualizado a las 12:07 h.Tanto en gas como en electricidad, los consumidores domésticos tienen a su disposición tarifas reguladas por el Gobierno. Eso quiere decir que es el Ejecutivo el que decide cuál es la referencia de precios que se aplica y en qué condiciones se deben prestar ambos servicios básicos, entre otros aspectos. Frente a ellas están las ofertas de mercado libre, en las que son las comercializadoras de gas o de electricidad las que imponen los requisitos para la firma de los contratos, que los consumidores deciden libremente si aceptan o no.
El incremento meteórico de los precios de los productos energéticos durante el último año ha obligado al Gobierno a mover ficha para proteger a los clientes de luz y gas de uno y otro mercado, aplicando rebajas fiscales en los impuestos que gravan las facturas de ambos productos. De hecho, a partir del 1 de octubre, el IVA del gas natural será del 5 %, como en la luz, lo que implicará una rebaja automática en el recibo doméstico de un 13 %.
Pero, mientras la tarifa eléctrica regulada sigue vinculada directamente a los vaivenes horarios del mercado mayorista diario de electricidad, el Gobierno ha extendido un escudo protector especial sobre la del gas. En ella los precios se actualizan cada tres meses y desde hace un año no pueden encarecerse más de un 15 %. Por eso es la tarifa más competitiva del mercado. Así, según datos del comparador de ofertas de energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un hogar con un consumo anual medio de 8.000 megavatios hora de gas (con calefacción) paga 702 euros al año si tiene contratada la tarifa de último recurso (TUR), la regulada por el Gobierno. La misma familia abonaría justo el doble, 1.400, con la oferta más asequible del mercado libre.
¿Qué condiciones hay que reunir para contratar la TUR? Consumir al año como mucho 50.000 kilovatios hora de gas, lo que engloba a la mayor parte de los consumidores domésticos. Pero no a las comunidades de vecinos que cuentan con caldera comunitaria, esto es, la mayoría, según el Colegio de Administradores de Fincas, y que se enfrentan a un invierno con facturas astronómicas. Por eso reclaman que el Gobierno tengan en cuenta los consumos individuales de los residentes en los pisos en lugar del de toda la comunidad, para que así puedan contratar la TUR.
De momento, el Gobierno sigue estudiando esta petición, según informaron fuentes de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El Ejecutivo prepara una reforma de la tarifa eléctrica regulada para que esté vinculada a referencias estables de precios en lugar de al mercado diario.
Las industrias que estén paradas no podrán acceder a las ayudas que se concederán a cambio de reducir consumo
Industrias que eran grandes consumidoras de energía eléctrica, como Ferroatlántica o Alcoa, no podrán optar al nuevo mecanismo que sustituirá al servicio de interrumpibilidad y que concederá incentivos públicos a cambio de reducir consumo eléctrico. Así, al denominado servicio de respuesta activa de la demanda solo podrán acceder instalaciones operativas y tanto Alcoa como Ferroatlántica han decidido paralizar la producción de sus plantas en España por los elevados precios energéticos. Por tanto, si quieren aspirar a obtener esos incentivos, tendrán que retomar su actividad. Así lo confirmó el director general de la Asociación de Empresas con gran Consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto, quien avanzó que el sector aún está analizando el decreto que crea ese instrumento. Tal y como detalló la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras su aprobación en Consejo de Ministros, los consumidores que presten este servicio deberán cortar el suministro durante tres horas y serán avisados solo con quince minutos de antelación. Soto apuntó que hay procesos industriales, como la siderurgia, en los que parar producción durante tres horas resulta complicado, por eso las empresas están evaluando si compensa participar en ese mecanismo.
El servicio empezará a aplicarse el 1 de noviembre. Red Eléctrica tendrá que convocar una subasta como mínimo una semana antes de esa fecha, tras la cual se conocerán los incentivos económicos que se repartirán. Podrán participar todas las unidades de demanda que superen un megavatio de potencia, que incluye a comercializadoras y consumidores directos de mercado.
El PSOE rechaza en el Senado extender hasta marzo la rebaja del IVA de luz y gas al 5 %
El PSOE votó este miércoles en contra de una moción del PP en el Senado en la que el principal partido en la oposición pedía extender hasta el 31 de marzo la rebaja fiscal del IVA para la luz y el gas al 5 %. En principio, esa bajada estará en vigor hasta el 31 de diciembre, aunque la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, avanzó que en diciembre decidirán si amplían o no la medida. De momento, ayer en el Senado rechazaron hacerlo.
La moción fue defendida por el senador ferrolano Juan Juncal, quien resaltó que la extensión de la rebaja fiscal daría «seguridad y estabilidad en tiempos de zozobra» e instó a los socialistas a aprobar la propuesta. Sin embargo, el portavoz socialista, Manuel Ángel Fernández Palomino, explicó que el Gobierno decidirá la prórroga en diciembre si las circunstancias así lo exigen y rechazó apoyar la moción.
La propuesta fue rechazada por 140 votos en contra: 113 del PSOE, diez del PNV, quince de Bildu y dos de Izquierda Confederal.
Votaron a favor 114 senadores: 103 del PP, siete del grupo mixto y cuatro del grupo parlamentario democrático, que incluye a Ciudadanos.
Las plantas de cogeneración retomarán actividad el 1 de octubre
«Impediremos que la mitad del parque de cogeneración siga parado, que vuelva a funcionar y a aportar electricidad al sistema», afirmó el martes la ministra Ribera, para anunciar que esa tecnología, que mayoritariamente usa gas natural para funcionar, podrá optar a la misma compensación que reciben los ciclos combinados por la venta de su producción en el mercado mayorista diario de electricidad. Ese ajuste es en aplicación del mecanismo que topa el precio del gas en las ofertas de mercado, pero que luego se compensa a las plantas que tienen que comprar gas para producir. Las plantas de cogeneración que opten por aplicar ese mecanismo tendrán que renunciar temporalmente al régimen retributivo especial, que les proporciona una rentabilidad garantizada del 7 %. La patronal del sector, Acogen, mostró su satisfacción con este cambio y avanzó que a partir del 1 de octubre volverán a funcionar las plantas que habían parado por las pérdidas económicas.
La OCDE insta a los países a dejar de subvencionar la energía
En un informe publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pide que cesen las políticas para contener los precios de la energía, que sobre todo están contribuyendo a subvencionar los combustibles fósiles. También critica las medidas de control de precios porque, aunque son relativamente fáciles de aplicar, acaban beneficiando a los que más energía consumen, que suelen ser los que tienen más recursos.
Los autores del informe admiten que las medidas para limitar la escalada de la energía pueden «temporalmente» contener las presiones inflacionista. Pero, a continuación, advierten de que no permiten que la demanda se ajuste a las restricciones de la oferta, y eso puede agravar los problemas de escasez y traducirse, en realidad, en inflación futura.
Por esa misma razón, las reducciones de los impuestos a la energía, que se han utilizado de forma muy amplia sobre todo en Europa con el IVA (se cita, entre otros, el caso de España), alteran la señal de los precios y reducen los ingresos fiscales. Y no está garantizado que esas rebajas impositivas se trasladen en la misma medida a los precios. De acuerdo con los datos compilados en 89 países implicados en el informe, el costo fiscal de los dispositivos para contener la crisis energética entre octubre del 2021 y diciembre del 2022 se ha evaluado en 246.000 millones de dólares (248.800 millones de euros), de los cuales 169.000 millones han ido directamente a subvenciones para los combustibles fósiles.
En lugar de eso, la OCDE aconseja a los Gobiernos que den ayudas de forma selectiva a los grupos más vulnerables para que afronten las subidas de precios.
