Villarejo denuncia una «guerra jurídica» para acabar con «un testigo incómodo»: «Esto es un pelotón de fusilamiento»

La Voz MADRID/EUROPA PRESS

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El excomisario José Villarejo en una imagen de archivo.
El excomisario José Villarejo en una imagen de archivo. Fernando Villar | EFE

La defensa del excomisario argumenta que tenía «un estatus especial» para cumplir con unas «funciones oficiales» como «agente secreto»

26 sep 2022 . Actualizado a las 13:55 h.

La defensa de José Manuel Villarejo ha presentado este lunes su informe final del primer juicio por Tándem para insistir en que el ahora comisario jubilado era un «agente secreto» que estaba autorizado a usar su grupo empresarial, CENYT, como «cobertura» de sus trabajos para el Estado y denunciar que no se enfrenta a un juicio sino a «un pelotón de fusilamiento» para acabar con un «testigo incómodo que el propio sistema creó».

El abogado defensor Antonio José García Cabrera ha centrado su última intervención en la idea de que Villarejo tenía «un estatus especial» para cumplir con unas «funciones oficiales», las de «agente secreto», que requerían la «cobertura» de CENYT, así como un «silencio imprescindible» que hacía que solo sus «superiores directos», los directores adjuntos operativos (DAO) de la Policía Nacional, supieran a qué se dedicaba.

Se trata, ha afirmado, de «una persona que ha estado haciendo muchos servicios a España», algunos «mucho más graves» que lo aflorado hasta ahora en este juicio por los encargos «Iron», «Land» y «Pintor», así como en el conjunto de la macrocausa Tándem. «Yo no digo que al señor Villarejo no haya que juzgarlo pero hay que juzgarlo en su medida», ha subrayado.

En esta línea ha razonado que, «si es verdad que la estructura empresarial de Villarejo se usó ilegalmente por distintos responsables de distintas administraciones públicas a niveles gubernamentales, CENYT sería una organización criminal pero también lo sería el propio Estado», señalando a todos los presidentes, ministros de Interior y cúpulas policiales desde que el comisario empezó a actuar.

«¿Vamos a juzgar la punta del iceberg y vamos a tapar todo lo demás?», ha planteado. Por eso, ha definido este primer juicio como «un partido paraprocesal que solo es una apariencia para eliminar a un testigo incómodo que el propio sistema creó», una «guerra jurídica».

García Cabrera ha denunciado que ese «lawfare» se ha traducido en una absoluta «indefensión» porque no se les ha permitido combatir en «igualdad de armas», poniendo como ejemplo que Villarejo aún no ha podido acceder a sus archivos personales (los originales de sus agendas y audios), los mismos que se usan como «prueba de cargo». «Esto no es un juicio esto es simplemente un pelotón de fusilamiento», ha lamentado.

«Proyecciones especulativas»

Con todo, el letrado ha reducido el caso Villarejo a presuntos delitos de revelación y descubrimiento de secretos, pero no «secretos sensibles», sino datos que se encontrarían en su mayoría disponibles en «fuentes abiertas», accesibles para «cualquier detective privado».

También ha rebajado las presuntas actuaciones delictivas, las que Villarejo prometía a sus clientes y reflejaba en sus informes, a «meras proyecciones especulativas». «A estas alturas, ¿alguien puede dudar de lo excesivo, argumentativo, imaginativo y creativo que es Villarejo?», ha añadido, para rematar diciendo que en todo caso «se puede criticar éticamente» pero no se puede convalidar como «palabra de Dios».

Asimismo, ha vuelto a poner sobre la mesa que las conversaciones que mantenía con los clientes de CENYT sobre esos presuntos trabajos ilegales formaban parte de la comunicación abogado-representado, porque la estructura empresarial de Villarejo ofrecía servicios integrales, jurídicos incluidos.

«Responde a una situación concreta donde casi cabe todo porque en el confesionario, con su abogado, cabe todo, hasta la maldad más grave del mundo, y eso no significa que se vaya a cometer, ni que sea ilícita», ha acotado.

En este sentido, ha enmarcado las confesiones efectuadas por algunos clientes de CENYT que han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía en el «terror» que han causado entre ellos la gravedad de las acusaciones y los años de cárcel reclamados por la Fiscalía Anticorrupción.

En esa estrategia atemorizadora ha contextualizado igualmente las acusaciones contra familiares y trabajadores «honorables» de Villarejo, entre los que ha mencionado a su socio, Rafael Redondo. Así, García Cabrera no ha dudado en aseverar que esta causa se dirige contra «el elefante» y que para cazarlo se han pisado «muchas hormigas», «sin ningún tipo de miramiento»