Lesmes esgrime supuestos contactos entre PSOE y PP para aparcar su decisión de dimitir
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El presidente del CGPJ dialoga con los vocales progresistas para designar a los dos magistrados del Constitucional
08 oct 2022 . Actualizado a las 10:12 h.La dimisión en diferido anunciada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en caso de que no hubiera un acuerdo inmediato entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo, está cada vez más cerca de acabar en farol. Aunque oficialmente no hay ninguna novedad en unas negociaciones políticas que continúan estancadas, el propio Lesmes esgrime ante los vocales del CGPJ, según adelantó El Confidencial, que «podría haber contactos» entre el PSOE y el PP para proceder a esa renovación.
Esos supuestos contactos llevarían a Lesmes a posponer su anunciada dimisión a la espera de comprobar si ese acercamiento llega a buen puerto. Tras la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, el presidente del CGPJ ya dijo públicamente que «si en los próximos días hay un acercamiento, yo estaré a la espera de que fructifique ese acercamiento». Ni populares ni socialistas se han pronunciado, sin embargo, al respecto de ese supuesto contacto. El Gobierno sigue instando al PP a cumplir con la Constitución y renovar el Consejo con el sistema actual, mientras que el PP exige que a la vez que se negocia la renovación se apruebe un nuevo modelo para que los jueces elijan a una parte del CGPJ, tal y como propone también la Unión Europea.
Maniobras de Lesmes
A la negociación para la renovación del Consejo se une la batalla interna en el propio CGPJ para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar. Aunque se llegó a especular con que Lesmes podría haber presentado su dimisión el pasado día 6, tras un nuevo fracaso en las negociaciones entre los vocales conservadores y los progresistas, el máximo responsable del CGPJ ha convocado la reunión de un pleno extraordinario del Consejo para el 13 de octubre con el objetivo de tratar de llegar a un acuerdo en los dos nombres para el Constitucional. Algo que posterga la renuncia de Lesmes al menos hasta ese mismo día 13.
Tras constatar la imposibilidad de alcanzar un acuerdo por unanimidad en los dos magistrados que ha de proponer el Consejo, Lesmes estaría intentando formar la mayoría de tres quintos requerida, que pasa por reunir el voto de 12 de los 19 vocales. Para ello, Lesmes habría contactado con el sector progresista, que suma ocho vocales, al que se sumaría su voto. A esos nueve podrían añadirse dos vocales conservadores, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte, que no forman parte de la mayoría de bloqueo que han conformado ocho miembros de ese sector y estarían dispuestos a apoyar nombres de consenso para el Constitucional. Se situarían por tanto con once votos, a falta de uno solo para poder hacer así los nombramientos pendientes.
Las maniobras de Lesmes, sin embargo, han causado malestar tanto en el PP como entre los vocales conservadores del Consejo, por lo que será difícil que uno de los ocho que mantienen el bloqueo se una a las filas de los que está sumando el presidente.
Sánchez, seguro del acuerdo
El sector de los conservadores, muy molestos con la decisión del Gobierno de prohibir por ley que el CGPJ haga nombramientos, excepto para designar a los magistrados del Constitucional, argumenta que no puede avanzar en la búsqueda de un acuerdo para negociar los dos nombres porque no encuentra candidatos dispuestos a aceptar un puesto en el Constitucional.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró este viernes «completamente seguro» de que los miembros del CGPJ «cumplirán con la ley y propondrán dos magistrados para renovar una institución tan importante como es el Tribunal Constitucional». Sánchez añadió a esa confianza «la exigencia al PP» que, en su opinión, «lo único que tiene que hacer es cumplir con la Constitución». Calificó de «obscena» la manera que tienen los populares de explicitar su negativa al acuerdo diciendo que los ciudadanos están preocupados por el coste de la vida y de la energía y no por la renovación de los órganos judiciales, aunque admitió que en eso tienen razón.