La indemnización a los ciclos por el tope al gas encarece un 30 % la factura de la luz

f. fernández REDACCIÓN / LA VOZ

ACTUALIDAD

JOSE PARDO

La compensación es más elevada que el precio de la energía consumida en algunos casos

11 oct 2022 . Actualizado a las 09:30 h.

El sábado hará cuatro meses que el mercado ibérico de electricidad, que comparten España y Portugal, está intervenido de manera temporal para amortiguar el contagio de las elevadas cotizaciones del gas natural en los precios mayoristas de la luz y conseguir, por tanto, contener esos incrementos. ¿Cómo se hace? Imponiendo un límite al coste del gas que se usa para producir electricidad y compensando a posteriori a las centrales de ciclo combinado, que utilizan ese hidrocarburo para funcionar. Popularmente se le denomina tope al gas y todos los consumidores de electricidad acabarán pagando en sus facturas esa indemnización a los ciclos para que no operen a pérdidas.

Ese mecanismo, autorizado por la Comisión Europea como lo que denominó una excepción ibérica, ha conseguido, de momento, que el mercado eléctrico de la Península sea un 20 % más barato que si no se aplicase ninguna intervención. Pero los consumidores que participan en el abono de esa compensación (cuya cifra actual se desconoce) no aprecian esa rebaja. La luz sigue por las nubes.

Según estimaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el tope al gas supuso en septiembre un sobrecoste medio adicional de diez céntimos de euro por kilovatio hora consumido. Lo que, aplicado sobre un recibo real mensual, se tradujo en un encarecimiento medio del mismo de un 30 %. Así, la factura de un hogar con contrato en el mercado regulado —en el que el precio de la energía está directamente vinculado al mercado mayorista sobre el que se aplica el tope— fue un 27 % más elevada que si no se pagase esa compensación a los ciclos de gas. Con un contrato en el mercado libre, el incremento fue del 31 % por ese sobrecoste, de acuerdo con los datos obtenidos a partir del comparador de ofertas de energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En ambos casos, el cálculo es válido para un hogar con una potencia contratada de 4,11 kilovatios y un consumo medio anual de 2.430 kilovatios, es decir, unos 200 al mes. Estos, multiplicados por esos diez céntimos adicionales del ajuste, resultan 20 euros más al mes.

Claro que, en teoría, sin tope al gas, ese hogar hubiera pagado incluso más. Especialmente el que tiene contrato en el mercado regulado. Según un informe del Centro de Políticas Económicas de Esade, los precios de la tarifa regulada fueron un 24 % más bajos entre el 15 de junio y el 31 de agosto pasados gracias a ese mecanismo.

Está menos claro que los clientes de mercado libre que están pagando la compensación a los ciclos se estén beneficiando de esa reducción de precios mayoristas. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica obliga a todas las comercializadoras a repercutir ese sobrecoste en todos los contratos que se firmen de nuevo o se renueven a partir del pasado 26 de abril, cuando se aprobó la excepción ibérica. De esa manera, todos los consumidores de electricidad acabarán pagando el ajuste a medida que vayan venciendo sus contratos.

Los clientes con tarifa regulada (casi diez millones) pagan la compensación sin darse cuenta, pues viene incorporada al precio de la energía consumida que aparece en sus facturas. En cambio, aquellos que están en el mercado libre ven reflejado en sus recibos un concepto aparte con el que abonan ese mecanismo y que en muchos casos está causando indignación por lo elevado. Lo reconoció la propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la entrevista concedida a La Voz de Galicia hace unos días. En ella manifestaba que habían detectado facturas en las que el ajuste era más elevado que el consumo de energía, algo que «sorprende» y «que conceptualmente es muy difícil de entender». Ribera avanzaba que la CNMC estaba elaborando un informe sobre esas irregularidades y que abriría una investigación.

Y es que controlar si el precio que están cobrando las compañías por ese nuevo concepto es el correcto es casi misión imposible y ha complicado todavía más vigilar el gasto en electricidad.

La organización de consumidores Facua denunció hace unos días que les habían llegado quejas de usuarios a los que les han empezado a cobrar el ajuste sin ser conscientes de que su contrato se renovó a partir del 26 de abril. Según Facua, algunas empresas modificaron unilateralmente los contratos para empezar a cobrar ese nuevo concepto. ¿Cómo? Con un cambio de tarifas o de potencia contratada supuestamente solicitados por el cliente.