El relevo de Lesmes está lleno de incógnitas, con un consejo fracturado y la posibilidad de más renuncias

La dimisión de Carlos Lesmes como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo abre una crisis institucional sin precedentes en el Poder Judicial, con una batalla abierta por su presidencia, un consejo fracturado y en funciones, con el Constitucional sin renovar y con la duda de si renunciarán algunos vocales. El asunto más inmediato es quién sustituye a Lesmes en ambos órganos y de hecho es la máxima prioridad entre los vocales. Lesmes encargó un informe al gabinete técnico del Supremo, que concluyó que su sustituto en ambas instituciones será, de manera automática al día siguiente de publicar su renuncia el BOE, el presidente de sala más antiguo del tribunal, Fernando Marín Castán.

Pero no ocurre así en el consejo. Prácticamente ningún vocal acepta lo que todos ven como la última maniobra presidencialista de Lesmes. Todos quieren tener voz. Los conservadores no quieren que les impongan un presidente mientras que los progresistas quieren que Rafael Mozo, uno de los suyos y el vocal más antiguo, presida el consejo.

El nombramiento de los dos magistrados del Constitucional ya no es una prioridad. La renuncia de Lesmes complica aún más elegirlos. El inmovilismo del bloque conservador ha impedido todo acuerdo con los progresistas. Los conservadores siempre dijeron que si Lesmes se marchaba, los nombramientos pasarían a un segundo plano. Y sin tránsfugas en sus filas no hay posibilidad de acuerdo. La duda es si habrá más dimisiones en el consejo. Lesmes ya dejó claro que una renuncia en bloque sería poco responsable.

Aunque se trata de una cuestión protocolaria, no deja de ser relevante que en el acto de la fiesta nacional que se celebra mañana cabe la posibilidad de que un poder del Estado no esté representado. En los últimos días, esta era una cuestión que algunos vocales habían trasladado a Lesmes para que aguantara en el cargo, al menos, hasta el día 13. Pero esto ya no será así. El asunto es que hasta el día siguiente de publicarse en el BOE la dimisión, esta no será efectiva y entonces lo sustituirá automáticamente Marín Castán. Es decir, que el representante del Poder Judicial el 12 de octubre podría ser todavía Carlos Lesmes si su relevo no se publica antes en el Boletín Oficial del Estado.

Carlos Lesmes, el todopoderoso presidente que claudicó por la polarización política

El máximo representante del Poder Judicial no encontró soluciones a la larga crisis institucional del tercer poder del Estado por el bloqueo en la renovación del CGPJ

Mateo Balín

Carlos Lesmes (Madrid, 1958) ha sido el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo con mayor poder ejecutivo para hacer y deshacer a su antojo, pero esta prebenda legal no ha servido para encontrar una salida a la mayor crisis institucional que sufre el tercer poder del Estado. Rehén de la polarización política y víctima colateral de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa en junio del 2018, su agónico mandato ha acabado sumido en el juego partidista de PSOE y PP, incapaces de renovar el órgano de gobierno de los jueces desde hace casi cuatro años, y de un sistema de elección del Consejo que deja en manos de las Cortes cualquier solución al conflicto que atraviesa el sistema de justicia.

Con esta situación viciada desde diciembre del 2018, cuando se debió renovar el CGPJ, y la separación de poderes en entredicho a ojos incluso de la Unión Europea, Lesmes navegó como un náufrago sin rumbo en su fracasado intento de llegar a tierra firme. Casi cuatro años de interinidad y nueve en el cargo, el que más ha ostentado en nuestra democracia, sumieron al magistrado en una crisis que ni las profundas convicciones religiosas que profesa -un crucifijo de marfil y de madera y un cuadro de la Inmaculada presiden su despacho- le ayudaron en su agónico camino hacia la redención.

Porque en el mandato de Lesmes, claro está, hay dos etapas bien diferenciadas: la que transcurre desde su nombramiento en diciembre del 2013 hasta el mismo mes del 2018 y el abrupto período en funciones que se ha extendido hasta este lunes, cuando ha formalizado su dimisión.

En la primera fase, accedió a la presidencia con el aval de los vocales designados por el Grupo Parlamentario del PP, en un contexto político pacífico -con Mariano Rajoy gobernando con mayoría absoluta- y el respaldo de una ley orgánica aprobada en el 2012 para dotar al CGPJ de un mayor presidencialismo.

Es cierto que este madrileño de 64 años, procedente de una familia de origen extremeño más vinculada a la medicina que al derecho, asumió el encargo con algunas piedras en la mochila que hicieron dudar de su proceder, sobre todo entre los grupos de izquierda, entonces en la oposición. Ejerció cargos de responsabilidad en los dos gobiernos de José María Aznar. Entre 1996 y 2000 fue director general de Objeción de Conciencia, y en la segunda legislatura fue nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia, donde entabló buena amistad con el entonces presidente del CGPJ Francisco José Hernando.

Desde allí pasó a ocupar sus responsabilidades judiciales en la Audiencia Nacional, siempre en la jurisdicción contencioso-administrativa. Pocos meses más tarde, en septiembre del 2005, le llegó el siguiente nombramiento: presidente de la Sala Contencioso en la Audiencia Nacional. Este ascenso fue discrecional y lo decidió el Consejo liderado por Hernando.

Poderes absolutos

En el 2006, se afilió a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación conservadora mayoritaria en la carrera. Tras cuatro años como presidente de Sala y unos meses como presidente en funciones de la Audiencia Nacional, en el 2010, los vocales nombrados por el PP le vuelven a promocionar. Esta vez al Tribunal Supremo, como magistrado de lo Contencioso-Administrativo. En aquel momento, tras las victorias del PSOE de Zapatero, el CGPJ tenía un equilibrio entre vocales conservadores y progresistas y casi todos los nombramientos se hacían por consenso entre los dos bloques. La ley de entonces -por una reforma que impulsó Zapatero- requería de una mayoría de tres quintos del Consejo para cada nombramiento, lo que obligaba a pactar.

Su llegada al alto tribunal no fue, sin embargo, pacífica, ya que su designación fue impugnada por una compañera de la Audiencia por la falta de méritos y capacidad. El alto tribunal no amparó a la magistrada María Asunción Salvo, aunque hubo votos particulares.

En los tres años que estuvo en la Sala Tercera del Supremo, la misma a la que volverá ahora, Lesmes destacó por su ponencia de la sentencia que en marzo del 2011 ilegalizó Sortu, formación de la izquierda aberzale, una resolución que fue anulada por el Tribunal Constitucional un año después. También tuvo un papel protagonista en la anulación del indulto parcial que el Gobierno de Zapatero otorgó al vicepresidente del Banco Santander, Alfredo Sáenz.

Tomó posesión como máximo representante del Poder Judicial en diciembre del 2013, con el voto de 16 de los actuales vocales del CGPJ. A diferencia de los predecesores en el cargo, y también de los que le sustituirán en el mismo, Lesmes ha acumulado durante su mandato un poder que algunos han criticado por ser cercano a lo «absoluto», al presidir un órgano cuyos miembros no son todos de dedicación exclusiva tras una reforma legal impulsada durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón en Justicia que ya ha sido revocada. Dicha reforma, según sus detractores, construyó un CGPJ excesivamente «presidencialista», ya que únicamente tienen esta dedicación de carácter particular los siete miembros de la Comisión Permanente del Consejo y era Lesmes quien decidió quién forma parte del mismo con la consiguiente retribución económica que conlleva: más de 125.000 euros al año.

El mensaje que lo cambió todo

Todo marchaba razonablemente bien hasta que se acercó el momento de renovar el mandato, en el 2018. La moción de censura que desalojó al PP de la Moncloa, en junio de ese año, no pasó en un primer momento factura aunque a la larga se convirtió en el germen del bloqueo. Hubo un acuerdo entre populares y socialistas para renovar el Consejo, con la lista de 20 vocales designados y como presidente de consenso el magistrado del Supremo Manuel Marchena. Pero el acuerdo se frustró por la difusión del famoso whatsapp del senador del PP Ignacio Cosidó elogiando a Marchena porque era de los suyos y controlaría la Sala Penal del Supremo, que él mismo presidía, «desde detrás». Marchena renunció y todo se fue al traste.

Así comenzó la segunda etapa de Lesmes en el CGPJ, ya como presidente interino. El magistrado soltó lastre y empezó a proyectar un perfil más institucional para buscar la ansiada renovación. Pese a protagonizar algunos enfrentamientos con el Gobierno de coalición - sonados fueron sus cruces de declaraciones institucionales con Pablo Iglesias por Cataluña-, la realidad es que empezó a distanciarse de aquellos que le eligieron como presidente.

En fuentes del Consejo, algunos señalan que el origen de alejamiento puede encontrarse en el verano del 2017, cuando se produjo la declaración de Rajoy como testigo en el juicio de Gürtel, que no pudo evitar, y se ha venido acrecentando en relación con la programación de los debates sobre los anteproyectos de ley del Ejecutivo de Sánchez. Como colofón ha estado su posicionamiento muy crítico con las posturas de la formación liderada por Pablo Casado, y hoy por Alberto Núñez Feijoo, contrarias a llegar a un acuerdo para renovar el órgano por la imposición de determinados vetos.

Esta postura de defensa de la institución ha venido proyectándose en los últimos cuatro discursos ante el rey con ocasión de la apertura del año judicial. En el último, donde el enfado por la actual parálisis ha sido más evidente -sobre todo por las vacantes en el Supremo- fue cuando adelantó su posible renuncia como una decisión «que no gusta» frente a la situación de bloqueo «insostenible».

El final ha coincidido, además, con un Consejo fracturado, limitado en sus funciones desde marzo del 2021 para realizar nombramientos, con dos miembros menos y con un sector conservador, que es el mayoritario, posicionado en una situación de rebeldía frente a la última reforma propiciada por el Gobierno para lograr la renovación de las dos plazas que le compete al Tribunal Constitucional.

Todo ello ha hecho que Lesmes diera por perdido su retiro deseado en la corte de garantías, donde aspiraba al puesto que queda vacante tras la renuncia del magistrado Alfredo Montoya, de la cuota del PP en el Senado. El epílogo fue la imagen de soledad tras abandonar por la puerta trasera la sede del Supremo, cabizbajo, tras el acto de apertura de los tribunales del pasado 7 de septiembre. Su dimisión ya estaba en camino.

Francisco Marín Castán, el número dos del Supremo que presidió su tío bisabuelo

Es el juez que, según el Gabinete Técnico del alto tribunal, debe asumir la Presidencia de la corte de casación y del Consejo General del Poder Judicial

La Voz

El presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS), el magistrado Francisco Marín Castán, es el juez que, según el Gabinete Técnico del alto tribunal, debe asumir la Presidencia de la corte de casación y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la renuncia de Carlos Lesmes.

Marín Castán ascendió a número dos del Supremo en el 2019, cuando el magistrado Ángel Juanes abandonó el cargo por llegar a la edad de jubilación. Desde entonces, ha ocupado el cargo de forma interina por ser el presidente de sala más antiguo.

A pesar de que para el Gabinete Técnico la sucesión es clara, diversas fuentes avisan de que el CGPJ podría ofrecer resistencia porque la mayoría de sus vocales cree que, al ejercer de vicepresidente en funciones, Marín Castán no está plenamente legitimado para auparse como jefe del Poder Judicial. Ello podría abocar a una situación de bicefalia, con Marín Castán al mando del Supremo y Rafael Mozo como presidente del CGPJ, por ser el miembro de mayor edad.

Marín Castán (Segovia, 1952) fue designado en el 2014 como presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo en sustitución de Juan Antonio Xiol Ríos, actual vicepresidente del Tribunal Constitucional. Ingresó en la carrera judicial en 1977 como número uno de su promoción. Su primer destino, según la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Roda (Albacete) entre enero de 1978 y febrero de 1980. Marín está considerado prácticamente cofundador de la asociación, de la que fue portavoz durante los años 1988 y 1989.

En enero de 1992 el magistrado concursó a la Audiencia Provincial de Madrid tan solo unos meses, hasta abril del mismo año. Después, pasó a desempeñar plaza en la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid hasta mayo de 1992. Desde ese mes y hasta enero de 2000, Marín formó parte del Gabinete Técnico de Información y Documentación del Supremo. Desde allí fue promovido a la categoría de Magistrado del alto tribunal para ocupar plaza en la Sala Primera en enero de 2000, su última parada antes de llegar a la Presidencia de la Sala Civil.

Los vínculos de Marín Castán con la Justicia se extienden en su árbol genealógico. Un tío bisabuelo suyo llegó a ser presidente del Tribunal Supremo, mientras que su padre fue magistrado y catedrático de Derecho Civil. Pero, además, su hermano es fiscal jefe de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, y su hija y su yerno son magistrados.

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