Sánchez envía a Bruselas un presupuesto B con 10.000 millones más de ingresos

Ana Balseiro
ANA BALSEIRO MADRID / LA VOZ

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Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Por primera vez el plan presupuestario remitido incluye dos escenarios, uno con una mayor carga fiscal para prorrogar las ayudas contra la crisis

16 oct 2022 . Actualizado a las 13:54 h.

Por primera vez en la historia, el plan presupuestario que el Ejecutivo acaba de remitir a Bruselas para someter a examen sus cuentas para el próximo año, incluye no solo los cálculos previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que acaban de iniciar su tramitación parlamentaria, sino también un escenario alternativo por si es preciso prorrogar las medidas aplicadas para hacer frente a los efectos de la invasión de Ucrania o incluso ampliarlas con nuevas ayudas.

Esta situación de incertidumbre es lo que ha llevado al Ejecutivo a dibujar dos escenarios presupuestarios. El segundo de ellos incluye 10.000 millones extra en el 2023, tanto en ingresos como en gastos, por si es preciso prorrogar las citadas ayudas. En la práctica, ese gasto adicional supondrá una recaudación mayor, algo que llegará por la vía tributaria, elevando sustancialmente la presión fiscal sobre los contribuyentes como recoge el gráfico adjunto.

El documento, de 124 páginas, detalla que los ingresos totales de las administraciones públicas podrían llegar a situarse en 597.265 millones de euros en el segundo escenario, frente a los 587.609 previstos en las cuentas iniciales para el 2023. «En este segundo escenario se prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas más adecuadas» para proteger a los más vulnerables de los efectos de la crisis, cuya cara más visible —y dolorosa para empresas y hogares— es la inflación, con la subida de los precios de la energía y los alimentos.

Así, para aliviar esa presión, en el segundo escenario los gastos aumentarían, puesto que se prorrogarían las medidas contra la inflación y la crisis energética, cuyo coste desde junio del 2021 Hacienda calcula en 30.000 millones de euros.

Prorrogar las ayudas

Entre ellas, el Ejecutivo cita, por ejemplo la asunción del déficit de tarifa de último recurso del gas para que las compañías no la asuman, la flexibilización de la contratación de la electricidad y del gas, «permitiendo más de un cambio de potencia y presión cada 12 meses, de manera que los consumidores puedan adaptarse mejor a la volatilidad de precios energéticos»; o el bono social térmico, que el último Consejo de Ministros amplió hasta los 375 euros por hogar para las familias más vulnerables.

Al prorrogar las medidas, los gastos aumentarían también hasta alcanzar el 47,9 % del PIB en este ejercicio (inicialmente estaba previsto un 47,1 %) y el 46,9 % el próximo (desde el 46 % estimado). En el escenario B, Hacienda incluye la actualización a cierre de octubre de la recaudación esperada para este año, que confía en que se incremente en 10.800 millones por impuestos, hasta los 331.188 millones.

Igualmente, para el 2023, el Gobierno estima que los ingresos fiscales subirán en casi 10.000 millones, hasta los 354.283.

Esta sensible mejora de la recaudación fiscal será posible —explica el Ejecutivo en el documento— por «el impacto positivo adicional de la limitación en la compensación de pérdidas en los grupos en el impuesto sobre Sociedades, así como la recaudación derivada del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas». Es decir, nuevos impuestos que Hacienda ya anunció el mes pasado y que aplicarían en el 2023, pese a no estar recogidas en los PGE, aunque sí en el escenario alternativo que ha remitido a la Comisión Europea: 1.500 millones por el impuesto a las fortunas y 244 por el gravamen empresarial.

Los 8.000 millones restantes hasta los 10.000 extra que esperan recaudar en el 2023 vendrían, como defiende el Ejecutivo, por la recuperación económica y la recaudación adicional que provoca la elevada inflación en el IRPF (no se deflacta) o el IVA, por otros tributos adicionales no incluidos en los PGE.

Pero el destino del dinero está claro: «Se prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas más adecuadas, con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética».

El objetivo de déficit, sin cambio

Los nuevos cálculos no supondrán tocar la senda trazada para equilibrar las finanzas públicas, aunque por el momento las autoridades europeas mantienen suspendido el obligatorio cumplimiento de las reglas fiscales.

Así, el plan presupuestario recoge que el déficit público se reducirá el próximo año hasta el 3,9 % del PIB (desde el 5 % en el que espera cerrar este ejercicio). Lo mismo ocurrirá con la deuda pública, que continuará reduciéndose hasta el 112,4 % desde el 115,2 %.

El informe incluye el impacto positivo que el Plan de Recuperación tendrá en el crecimiento económico del país, que permitirá durante el período 2021-2031, un aumento medio en el nivel del PIB de unos 2,6 puntos.

En cualquier caso, la incertidumbre sobre la fortaleza de la economía para resistir el golpe de la crisis energética e inflacionista es el principal talón de Aquiles de los cálculos del Gobierno, ya que están realizados sobre una previsión de crecimiento económico mucho más optimista del que pronostican los organismos nacionales e internacionales.

Las medidas anticrisis permitieron aflorar 285.000 empleos sumergidos

S. C. Redacción | La Voz

Según los cálculos que maneja el Ejecutivo de Sánchez, desde el año 2019 se ha producido un importante afloramiento de empleo procedente de la economía sumergida. Son concretamente 285.000 afiliados a la Seguridad Social, según las cifras que incluye el Gobierno en el Plan Presupuestario para el 2023 que Moncloa remitió ayer a los despachos de la Unión Europea. De estos nuevos afiliados, la inmensa mayoría (concretamente 250.000) son asalariados, mientras que los 35.000 restantes pertenecen a la categoría de autónomos. «Este afloramiento se debe en gran medida a las medidas adoptadas durante la pandemia, especialmente los ERTE y las prestaciones por cese de actividad a los autónomos, que no solo habrían promovido una mayor seguridad en el mercado laboral, sino que están favoreciendo el afloramiento de trabajadores que se encontraban en la economía sumergida», resumen desde el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno explica que si se toma como referencia histórica la relación entre la ocupación que refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) —que recoge parte del empleo que existe dentro de la economía sumergida— y se compara con la afiliación del Régimen General, se puede observar una relación que permanece más o menos estable desde el año 2009, cuando ambas series tienden a converger. Pero la cosa cambia de manera importante con la irrupción de la pandemia: «Esta convergencia se acelera abruptamente con la llegada del coronavirus», explica el documento.

Defiende el Ejecutivo que la puntilla la ha dado el Plan de Recuperación y todas las reformas puestas en marcha para impulsar la digitalización y un cambio en el mercado de trabajo. Todas estas medidas, defiende Moncloa, están permitiendo la reducción del desempleo estructural en 510.000 personas desde el 2019: «La combinación de ambos elementos está permitiendo mejorar las finanzas públicas, a través del aumento de las cotizaciones sociales por el afloramiento del empleo sumergido y el aumento de ingresos netos estructurales por la reducción del desempleo estructural», subraya el plan. Y esto tiene una traducción directa en los ingresos del Estado. Porque alegan que la suma de estas contribuciones permite una reducción del el déficit estructural de 0,7 puntos del PIB.

Los de Sánchez también destacan el incremento de los empleados con contratos indefinidos, la reducción del porcentaje de temporalidad entre los afiliados a la Seguridad Social y la reducción del desempleo juvenil.