La tarifa regulada del gas penalizará a las comunidades que eleven su consumo
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El Gobierno extiende el bono social, con descuentos del 40 % en la luz para trabajadores con bajos ingresos
19 oct 2022 . Actualizado a las 19:23 h.El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a la nueva tarifa de último recurso (TUR) para el suministro de gas a las comunidades de propietarios con calefacción central, que demandaban una alternativa más económica frente a la subida de los precios en el mercado libre, que amenazaba con dejar sin climatización durante el invierno a millones de familias. Estos 1,7 millones de hogares que hasta ahora no podían acogerse a las tarifas reguladas ya existentes se beneficiarán de una rebaja en su factura que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cifró en un 50 %.
La medida se incluye dentro de un real decreto para paliar los efectos de la crisis energética, que incluye también una ampliación del bono social de la luz, medidas de ahorro y eficiencia e incentivos para fomentar el autoconsumo de electricidad. Estas son las claves.
Requisitos
Contadores individuales y límite de consumo. Para poder acogerse a esta nueva tarifa regulada (en realidad son cinco tramos de precios en función del consumo anual), las comunidades de vecinos deben comprometerse a instalar contadores individuales que midan el gasto en calefacción en cada vivienda antes del 30 de septiembre del 2023. Solo quedarán exentos aquellos edificios donde sea imposible acometer esta obra por motivos técnicos. Además, Transición Ecológica detalló que la nueva tarifa regulada impone un máximo de consumo equivalente a la media de los últimos cinco años. Si una comunidad excede ese gasto, pagará una prima del 25 % sobre la tarifa base por el exceso de consumo. Es la misma penalización que se impondrá con carácter retroactivo sobre todo el consumo si la comunidad incumple su obligación de instalar contadores individuales antes del próximo invierno.
Precios del gas
Las subidas estarán topadas todo el 2023. El Gobierno anunció ayer también que prorroga hasta finales del 2023 el límite vigente para la revisión de todas las tarifas de último recurso, que no pueden aumentar más de un 5 % cada tres meses. Esos descuentos en el recibo, al trasladar al cliente precios inferiores a los de mercado, se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, al menos en el caso del déficit generado desde el pasado 1 de octubre.
Protección del consumidor
Límite a la penalización por rescindir el contrato. Para facilitar los cambios de tarifa, especialmente entre el mercado libre y el regulado, el Ejecutivo regula las penalizaciones máximas que las comercializadoras pueden imponer a los clientes que rescindan sus contratos antes del primer año de vigencia, que solo podrán alcanzar el 5 % del coste de la energía pendiente de suministrar. Además, en caso de tener contratados servicios adicionales asociados (como los de mantenimiento y revisión de calderas o protección de pagos), estos tendrán que rescindirse a la vez que el suministro.
Ahorro energético
Cambio de los contadores del gas. El Gobierno destinará 40 millones de euros para subvencionar, sin coste para los consumidores, el cambio de los contadores analógicos del gas por otros digitales, de forma que se puedan acortar los períodos de facturación y se eviten las incidencias por retrasos en las lecturas.
Nuevas facturas
Clarificar el coste del tope al gas. El decreto introduce cambios en las facturas de luz y gas que deberán emitir las comercializadoras a partir del 1 de diciembre, para que sean más comprensibles y faciliten el ahorro energético. Además de obligar a incluir información sobre tarifas más asequibles en función del perfil de consumo, el Gobierno prohibirá a las eléctricas presentar la compensación del mecanismo ibérico como un nuevo impuesto o cargo («calificativos creativos», en palabras de la vicepresidenta Ribera), al tiempo que obligará a informar al consumidor de cuánto habría pagado sin el tope del gas.
Flexibilización
Cambios de potencia para empresas. Hasta diciembre del 2023, las empresas y autónomos podrán modificar la potencia de luz contratada (o la presión en el caso del gas) más de una vez al año.
Un nuevo bono social con descuentos del 40 % en la luz para trabajadores con bajos ingresos y más rebajas al resto
Dentro de las medidas de alivio en las facturas energéticas, el Gobierno aprobó ayer la ampliación de los bonos sociales eléctrico y térmico. Así, el principal cambio es la creación de una nueva categoría, denominado Bono Eléctrico de Justicia Energética, para rebajar el recibo de 1,5 millones de trabajadores con bajos ingresos que hasta ahora no cumplían los requisitos de renta, al superar sus ingresos el tope de 1,5 veces el Iprem (indicador público de renta de efectos múltiples). Ese listón se eleva ahora a dos veces el Iprem (con un máximo de 16.212 euros al año para hogares unipersonales o de 26.750 para parejas con dos hijos menores), ampliando los descuentos a 1,5 millones de consumidores, que se beneficiarán de una rebaja del 40 % en su factura de la luz, siempre que tengan contratada la tarifa regulada PVPC.
Asimismo, los actuales perceptores del bono social verán aumentado el porcentaje de descuento del que disfrutan. La rebaja para los vulnerables pasará del 60 al 65 % y la de los vulnerables severos, del 70 al 80 %.
Aumenta también un 15 % el tope de consumo anual sujeto al descuento, entre 1.587 kilovatios hora (para hogares unipersonales o de dos miembros) y 4.716 (familias de cinco o más miembros).
También aumenta la dotación del bono social térmico, la ayuda para gastos de calefacción que se otorga a los beneficiarios del bono social de la luz, cuya cuantía mínima (el importe varía según la zona climática y el nivel de renta) se eleva de 25 a 40 euros al año.
En cada tejado podrá haber más de una instalación fotovoltaica
El decreto aprobado ayer incluye nuevas medidas para fomentar el autoconsumo de electricidad. Así, se aumenta de 500 a 1.000 metros la distancia máxima entre el punto de generación de la energía y el punto en el que se consume (en el caso de instalaciones en cubierta). También se permitirá más de una instalación en una misma referencia catastral, eliminando la limitación actual que impedía aprobar nuevas plantas en los tejados en los que ya había placas instaladas.
Asimismo, se simplifica la tramitación administrativa de las instalaciones al aumentar de 100 a 500 kilovatios la potencia exenta de obtener autorización previa y de construcción.
Prorrogadas las deducciones fiscales para obras de mejora energética
Otra de las medidas recogidas en el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros es la prórroga de las deducciones fiscales en el IRPF para aquellos contribuyentes que realicen obras de mejora energética en sus viviendas, cuyo período de aplicación finalizaba el 31 de diciembre del 2022 y se amplían a todo el 2023. Así, los contribuyentes que hagan inversiones para reducir un 7 % la demanda de calefacción y refrigeración en su vivienda habitual podrán deducirse un 20 %, con un tope de 5.000 euros. La desgravación será del 40 %, y un máximo de 7.500 euros, para actuaciones que reduzcan un 30 % el consumo de energía.
Nuevos requisitos para reducir hasta un 67 % el consumo en alumbrado
Para mejorar la eficiencia del alumbrado exterior, que supone un 2 % del consumo eléctrico anual en España, el Gobierno introduce también cambios en su regulación. Así, para los nuevos proyectos que se ejecuten a partir del próximo 1 de enero se impone por primera vez una potencia máxima a instalar por cada metro cuadrado a iluminar. Se revisa también la escala de calificación energética de las luminarias, como antes se hizo con los electrodomésticos, con el objetivo de reducir entre un 39 y un 67 % el consumo de las instalaciones, incluidas las de agentes privados que iluminen espacios públicos, como algunas vías de concesionarios.