El agujero de la Seguridad Social el año que viene podría alcanzar los 8.600 millones
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A pesar de que no está garantizado su equilibrio presupuestario, el Gobierno insiste en revalorizar todas las pensiones
02 nov 2022 . Actualizado a las 18:27 h.La Seguridad Social cerrará el 2022 con un déficit -diferencia entre ingresos y gastos- de 4.900 millones de euros, el equivalente al 0,4 % del Producto Interior Bruto (PIB), una décima por debajo de lo previsto por el Gobierno, según un análisis de Miguel Ángel García, miembro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Funcas) y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos.
Esta previsión de García, que recoge Europa Press, coincide con la esbozada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En cambio, sus proyecciones para el déficit del 2023, publicadas por Fedea, difieren de las previstas por el Ejecutivo en el Presupuesto de la Seguridad Social para el próximo año (0,5 % del PIB).
Este experto calcula que el agujero de la Seguridad Social para el 2023 en el 0,7 % del PIB, dos décimas por encima de lo proyectado por el Gobierno, lo que supondría un desfase de unos 8.600 millones de euros.
Este porcentaje podría incluso elevarse al 0,9 % del PIB (unos 11.000 millones), explica García, si se deducen los ingresos extraordinarios que se esperan obtener a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), diseñado por el Gobierno para elevar las cotizaciones de los trabajadores en activo y cubrir así el sobrecoste para la caja de las pensiones que tendrá la jubilación masiva de los baby boomers en los próximos años. Esos ingresos extraordinarios deberían inyectarse al Fondo de Reserva para sufragar las prestaciones hasta el 2032. «De ser así, se alejaría del objetivo del Gobierno de alcanzar el equilibrio presupuestario en la Seguridad Social al final de la legislatura a pesar de haber inyectado transferencias adicionales desde el Estado por valor de 19.888 millones de euros», subraya este experto.
Críticas a la revalorización de las pensiones
Para García, que dirigió el Gabinete Económico de CC.OO. durante varios años y fue miembro del comité de expertos que diseñó el ahora derogado factor de sostenibilidad, resulta «muy cuestionable» que se establezca esta partida de casi 20.000 millones de euros en transferencias del Estado. «Esta partida es muy discutible, entre otras razones, por la falta de criterios claros para determinar qué ayudas ha de financiar el Estado e incluye algunos conceptos que nunca estuvieron dentro del sistema de Seguridad Social, como es el caso de la cuantía para cubrir otros conceptos de naturaleza no contributiva por valor de 5.559,58 millones de euros», denuncia.
García subraya que sin tener en cuenta esta «cuestionable» transferencia, el déficit de la Seguridad Social aumentaría hasta el 2,4 % del PIB en 2023, «explicando el 72 % del déficit de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2023 y algo más del 60 % de la previsión oficial de déficit de todas las Administraciones Públicas en el próximo año».
«Conocido el contenido del Presupuesto, podría considerarse incoherente que en un sistema con saldo negativo, a pesar de haber inyectado una gran cantidad extra de dinero (20.000 millones) y en el que se espera en breve la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación, se proceda a elevar todas las pensiones en un porcentaje muy elevado, que aumentará exponencialmente durante muchos años», argumenta.
En opinión de García, la llegada de un choque externo «inesperado y abrupto», que ha disparado la inflación, «ha demostrado el riesgo de mantener en cualquier circunstancia la actualización de las pensiones con el IPC, facilitando que los pensionistas sean de los pocos colectivos que consiguen proteger su renta ante un fenómeno que esperemos sea excepcional, deteriorando la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y la equidad personal y entre generaciones, consecuencia de una desequilibrada distribución de los esfuerzos entre la población española».
Para García, resulta «preocupante» que las cuentas de la Seguridad Social recojan el creciente recurso a las transferencias del Estado «para financiar unos supuestos gastos impropios de la Seguridad Social que, al menos en parte, no son tales y por tanto no deberían correr a cargo del Estado».
A pesar de que las cuentas de la Seguridad Social no parecen cuadrar, el Gobierno insiste en que la revalorización de las pensiones con el IPC es un compromiso alcanzado en el Pacto de Toledo y se cumplirá. Independientemente del nivel de renta.
