Las pensiones y el control del gasto complican la llegada de fondos de la UE
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España cumplió dos de cada 10 hitos, pero recibió casi la mitad de las ayudas
04 nov 2022 . Actualizado a las 07:50 h.España es el país de la Unión Europea (UE), junto a Francia, que más esfuerzo ha hecho hasta el momento para poder desembolsar las ayudas del fondo de recuperación europeo (NGEU), si por esfuerzo nos referimos al cumplimiento de las reformas pactadas con Bruselas a cambio de dinero. Ambos países han culminado el 22 % de los hitos establecidos para cada uno en sus planes nacionales. Es el doble que el esfuerzo de países vecinos como Portugal (11 %) o Italia (10 %), según las últimas cifras que maneja la Comisión Europea.
España ya ha recibido casi la mitad (31.000 millones de euros) de las ayudas a fondo perdido que la UE le ha reservado al país (69.500 millones). Los primeros 9.000 millones —en prefinanciación— llegaron en agosto del 2021. El primer tramo de 10.000 millones lo hizo en enero. Y otros 12.000, en julio.
Todavía queda pendiente un tercer tramo de 6.000 millones de euros por desbloquear antes de que acabe el año, pero aún hay tareas por rematar, como hacer funcionar la plataforma de auditoría del gasto (Coffee), que debería mostrar con transparencia cuánto y quién se lleva el dinero de la UE que gestiona el Gobierno. Algún Ejecutivo regional ha denunciado que no puede volcar los datos en ella y que la Administración central ha solicitado que se los envíen en formato excel, según ABC. No obstante, desde la consellería de Facenda aclaran que «non recibimos ningunha solicitude de información» al respecto.
Los ajustes deberán estar listos antes de pedir el dinero a Bruselas —hacia el 11 de noviembre, según Colpisa—. La Comisión Europea pasará revista a la herramienta informática, para estar segura de que funciona. La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, insiste en que los 6.000 millones no están en riesgo, y negó ayer que hubiera «incumplimientos» en el seguimiento del gasto. Además, en contra de lo que admitieron otros Ministerios a puerta cerrada, la responsable de Economía defiende que no se están produciendo retrasos en la ejecución de los fondos. Atribuye los cuellos de botella a la escasez de mano de obra para poner en marcha los proyectos.
Lo cierto es que ha existido cierta lentitud en las convocatorias y falta de comunicación entre Administraciones. También ha habido sonoros fiascos, como el PERTE del motor, con solo un 20 % de las ayudas asignadas, y falta de claridad para seguir la canalización de los fondos. La realidad es que no se sabe el volumen total de dinero que ha permeado a empresas y hogares. Las cifras que da el Ejecutivo central apuntan a 19.000 millones transferidos a las comunidades, según Colpisa. Y 53.000 proyectos beneficiados. Sin embargo, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reduce a 6.347 millones el dinero realmente invertido hasta septiembre.
El embudo de las pensiones
El cuarto tramo de ayudas —10.000 millones— debería aterrizar antes de junio del 2023. Ese cheque está condicionado a cumplir ciertos objetivos que todavía están en el aire. El más importante: la segunda pata de la reforma de las pensiones. Su fecha límite es el 31 de diciembre. La Comisión Europea pidió expresamente «extender» el período de cómputo para el cálculo de las prestaciones —en la actualidad son los últimos 25 años de carrera laboral—, y que ese nuevo sistema «refuerce la progresividad», teniendo en cuenta las lagunas de cotización que se producen con las crisis y que expulsan a muchos trabajadores de edad avanzada del mercado laboral, dificultando su reincorporación y cortando su progresión. A pesar de los bandazos y las negociaciones exprés, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, todavía no ha cerrado este capítulo.
Bruselas también desconfía de algunas medidas ya aprobadas, como el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). Este instrumento permitirá aumentar progresivamente las cotizaciones de los trabajadores hasta el 2032, compensando el aluvión de jubilados baby boomers que empezarán a retirarse en breve con abultadas prestaciones. Los expertos del Ejecutivo comunitario dudan de que, en su conjunto, las medidas que estudia el Gobierno español garanticen la viabilidad del sistema. Más cuando se ha aumentado el gasto corriente: se han aprobado transferencias a la Seguridad Social por casi 20.000 millones para cubrir su déficit, pero no se ha reculado en la revalorización máxima de todas las pensiones. Por si fuera poco, el Ejecutivo de Sánchez tendrá que actualizar antes de fin de año sus proyecciones de cómo la reforma de las pensiones —inacabada— junto a la reforma laboral, pueden garantizar a largo plazo la sostenibilidad de las cuentas.
Más tareas pendientes
Todavía no se ha acometido la reforma para introducir el peaje en carreteras, que el Ejecutivo quiere activar en el 2024. El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible no ha definido el modelo que se va a implantar y el acuerdo era anunciarlo antes de acabar el año.
Tampoco se «revisará» la fiscalidad de los carburantes. El Gobierno aplazará al año que viene, por lo menos, el impuesto al diésel para no empeorar la crisis energética.
Hay otros hitos en cartera sobre los que apenas se ha puesto el foco, como la subasta de la banda de frecuencias de 26 gigahercios (GHz), vital para que las industrias se puedan conectar al 5G y modernizar sus procesos. El Gobierno tiene que publicar en el Boletín Oficial del Estado a quién se asignará su explotación.
También está en el aire la aprobación de la nueva estrategia forestal española, cuyas consultas se cierran hoy. El plan para mejorar la gestión de los bosques, «funcionando como palanca para el impulso de los montes y del sector forestal», deberá estar aprobado antes del 31 de diciembre. Como la Ley del Deporte, aún en tramitación en el Congreso. Cualquier traspiés puede poner en riesgo nuevos desembolsos. Como los atrasos en la reforma fiscal, en pañales, que deberá estar lista en marzo del 2023 para acceder al tramo de 10.000 millones.
Cualquier tropiezo obligaría a Bruselas a congelar dinero
¿Qué ocurre si el Gobierno no llega a tiempo, si cumple parcialmente con los hitos pendientes o revierte medidas? El primer paso que tendrá que dar la Comisión Europea es congelar una parte proporcional de los fondos: «Si valora que los hitos y objetivos no se han cumplido satisfactoriamente, puede hacer un desembolso parcial. El resto del pago se suspenderá», explica el Ejecutivo comunitario. En contra de lo que se suele repetir, fallar en algún hito no significa el bloqueo total de las ayudas: «El país miembro podrá continuar con la aplicación del resto del plan. Tras presentar alegaciones, el país en cuestión tiene seis meses para tomar las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Si esto no se realiza en el plazo de seis meses, la Comisión podrá reducir el importe global de la financiación», aclaran.
Eso sí: no se aceptan juegos de trileros en Bruselas. Echar atrás una medida supondrá la suspensión inmediata de los fondos. Para que la Comisión realice un pago, «ninguno de los hitos u objetivos se pueden revertir», reza su normativa.
¿Puede exigir Bruselas la devolución del dinero desembolsado? Como ocurre con los fondos estructurales, si detecta fraude o malversación, sí podría. Además, si España no cumple con el calendario de ejecución —el dinero debe gastarse antes de agosto del 2026—, las ayudas se echarán a perder.
