Portugal prepara el fin de los incentivos fiscales para atraer a grandes fortunas
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La izquierda denuncia su repercusión en el mercado inmobiliario y el blanqueo
04 nov 2022 . Actualizado a las 16:52 h.La izquierda portuguesa volvió ayer a la carga contra los conocidos como visados dorados. A raíz de la propuesta de presupuestos generales para el año 2023, el debate sobre la fiscalidad en Portugal regresa con más fuerza: la tributación es una carga considerable para unos portugueses a los que cuesta mantener su nivel de vida, pero a la vez muy permisiva hacia las grandes fortunas extranjeras que buscan retirarse junto al Atlántico y que llegan de mano de este programa.
La puntilla la puso una investigación del diario Expresso, que revelaba cómo algunos extranjeros que residen en Portugal gracias a este permiso percibieron un subsidio de 125 euros que el Gobierno destina a las familias más castigadas por la inflación.
Ante el revuelo, este miércoles el primer ministro, António Costa, admitió que su Ejecutivo evalúa retirar esta medida, que permite a ciudadanos extranjeros obtener un permiso de residencia si realizan una elevada inversión inmobiliaria o de capital. «Probablemente [el visado dorado] ya cumplió su función» y ya «no se justifica», recogía la agencia de noticias Lusa las declaraciones de Costa durante la conferencia Web Summit, en Lisboa.
Los partidos de izquierda, tradicionalmente críticos con esta medida, no tardaron en expresarse. El Partido Comunista (PCP) y el Bloco de Esquerda propondrán en el debate de los presupuestos generales (que deben aún ser aprobados en una última votación, el 25 de noviembre) que se ponga fin a este régimen de visados. El PCP cree que son el motivo de que los precios de la vivienda hayan aumentado «de forma muy significativa». «Solo contribuyó a la especulación», dicen. En esa línea, el Bloco valora que la vivienda debe dejar de ser «un lujo». Los conservadores del PSD evitaron, de momento, posicionarse.
Origen y críticas
El visado dorado, como popularmente se conoce a la «autorización de residencia para actividad de inversión», surgió hace diez años como una medida para atraer inversión extranjera, en un momento de acusada crisis económica. Desde su entrada en vigor, Portugal concedió 11.180 visados bajo este programa; casi la mitad para chinos, seguidos de brasileños y turcos. De ellos, más de 10.300 fueron por compras de inmuebles, 836 por transferencias de capitales y solo 22, por creación de empleo. Se estima que la repercusión económica asciende a 6.500 millones de euros, de los que 5.800 corresponden a compras de bienes inmuebles. Desde principios de año se restringe la compra de edificios residenciales, por lo que los aspirantes al visado optan más por el capital riesgo.
Los extranjeros no solo se mudan por las facilidades para residir en el país, sino por los beneficios fiscales que obtienen mediante el régimen de «residente no habitual». Según el Bloco de Esquerda, esto se traduce también en una forma de hacer a Portugal «cómplice de la corrupción internacional, de regímenes de cleptócratas y del lavado de dinero».
De hecho, la delegación de Transparencia Internacional alerta de que «la inversión y colocación de patrimonio en el extranjero puede servir para blanquear capitales de origen corrupto o criminal, financiar el crimen organizado o el terrorismo de forma más discreta o fuera del alcance de las autoridades o evadir los impuestos en el país de origen».
Ya en marzo, la Eurocámara reclamó a la Comisión Europea un plan específico con mayores controles de antecedentes de los solicitantes y requisitos mínimos de residencia y participación en los países de destino, así como la obligatoriedad de que los Estados miembros elaboren informes periódicos.
En los presupuestos, Portugal también propone tasar los rendimientos por criptomonedas, hasta ahora ajenos a la ley. En cualquier caso, Lisboa intentará seguir siendo uno de los destinos más atractivos para los nómadas digitales.