El secretario de Estado adjunto del primer ministro, señalado por prevaricación, se resiste a dar explicaciones en la Asamblea de la República
10 nov 2022 . Actualizado a las 18:15 h.El Partido Socialista portugués, en el Gobierno con mayoría absoluta, continúa con sus ejercicios de equilibrismo entre lo legal y lo moral. Mientras se van apagando paulatinamente las polémicas que envolvieron a varios de sus ministros, la revisión de la ley de incompatibilidades solicitada por el presidente de la República se demora más de lo que cabría esperar. Como si fuera para mantener la llama viva, un nuevo caso ya no solo revuelve a portugueses y oposición, sino también a las propias filas socialistas.
En esta ocasión el implicado es Miguel Alves, que desde hace un mes ocupa el puesto de secretario de Estado adjunto del primer ministro y que está bajo investigación por un caso ocurrido durante su etapa como presidente de la Cámara Municipal de Caminha. La PGR (Fiscalía General del Estado) abrió una investigación que obligó a Alves a declarar en los tribunales por presunta prevaricación. Se debe al «adelanto sospechoso» de 300.000 euros al promotor de la construcción de un Centro de Exposiciones Transfronterizo, que está bajo investigación de la Justicia. Tanto los plazos de los pagos como los grupos empresariales que pertenecen al promotor han levantado sospechas. Además, Alves está envuelto en la Operación Teia por presunta adjudicación indebida de contratos.
No declara
De momento, Alves no respondió a las peticiones de la oposición para declarar ante la Asamblea de la República. Oficialmente, su partido alega que la atención debe centrarse en la discusión de los Presupuestos Generales.
Además de las críticas opositoras, lideradas por la Chega, también algunos miembros del partido de Gobierno cuestionaron la continuidad de Alves. Entre ellos, la exeurodiputada Ana Gomes considera que este tipo de casos alimentan los populismos y acusó a António Costa de querer «ahogar» el caso. También resaltó el «criterio diferente» de Costa el exministro socialista João Cravinho. La exministra y actual diputada Alexandra Leitão afirmó que «el caso es incomprensible» y que «la permanencia de Alves crea una vulnerabilidad innecesaria» al Ejecutivo.
Asimismo, recordó que en el pasado la regla era clara: «En cuanto se es acusado por la Justicia, se sale del Gobierno». En el 2018, tres secretarios de Estado dimitieron tras ser acusados en un caso de entradas para la Euro 2016 ofrecidos por Galp.