Los expertos analizan los posibles efectos de la supresión del delito que cometieron los líderes del 1-O, que da argumentos al PP y pone a Sánchez a la defensiva
13 nov 2022 . Actualizado a las 10:18 h.El anuncio de la supresión del delito de sedición, por el que fueron condenados los dirigentes del procés, ha causado una gran tormenta política. El propio portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, admitió que esta decisión podría tener un coste en las urnas, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha adelantado que derogará la reforma del Gobierno si llega a la Moncloa e incluso ha llamado a los barones del PSOE a que se rebelen. De hecho, los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Aragón, Javier Lambán, han criticado la iniciativa de Pedro Sánchez.
el efecto electoral
Coste descontado, pero al Gobierno no le interesa que el tema territorial esté en la agenda. Para Pablo Simón, «de un lado, esta reforma es como los indultos, por lo que el coste de Sánchez por sus aliados ya lo tiene asumido el electorado». Es decir, que «ya lo descuenta el votante y el que se tenía que ir ya se fue». Otra cosa diferente, añade, es que «al Gobierno no le interesa que el tema territorial esté activo de cara a los comicios, porque no es ventajoso para la izquierda». «Aún estamos lejos de mayo, pero depende de si el tema sigue o no en la agenda los meses siguientes», concluye el politólogo.
Según Carlos Barrera, «las prisas con las que finalmente va a ser tramitado responden a un intento de alejarlo lo más posible de las fechas electorales de mayo del 2023, con el objeto de mitigar ese efecto negativo, a la vez que facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con el apoyo imprescindible de ERC». Explica que «el coste político y electoral más cercano no sería en las generales, sino, de forma más inmediata, en las locales y autonómicas». «El resultado de estas es lo que determinará ese posible coste y las responsabilidades anejas», sostiene.
Verónica Fumanal señala que «es evidente que el PP va a tomar este asunto como la confirmación de que el Gobierno ha preferido pactar con ERC que con ellos». Pero «el coste electoral directo es difícil prever, falta mucho para las elecciones generales y a nivel municipal o regional cada circunscripción tiene sus propias dinámicas».
OFENSIVA
Munición para el Partido Popular. Santiago Martínez asegura que «sin duda deja en bandeja una posición de ataque a la oposición ya que esta usará esta reforma penal para simbolizar y amplificar su argumento del pacto entre Sánchez y las formaciones independentistas catalanas», por lo que «a muy corto plazo le perjudica, porque además refuerza la posición del PP respecto a su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial».
TRES FACTORES
No hará excesiva mella en el electorado. Pero el consultor político gallego destaca que «hay tres factores por los que no hará excesiva mella en el electorado». En primer lugar, «porque ya estaba descontado y en parte porque durante años ya se preparó el terreno de que esto podría suceder y al fin y al cabo Pedro Sánchez manifestó varias veces que era un compromiso personal suyo, por lo que no es algo que sorprenda demasiado». En segundo lugar, «con el paso del tiempo, y más en estas sociedades eminentemente líquidas en las que vivimos en Occidente, donde impera lo urgente, la inmediatez y el cortoplacismo, esta reforma perderá fuerza, si bien de cara a las elecciones municipales y autonómicas el PP y Vox van a convertirla en tema central de la campaña para intentar que se vean como un referendo al Gobierno». Y, por último, «si el Gobierno maneja bien la explicación y domina el relato podría salir poco erosionado, pero para ello deberá realizar un relato de contraste entre cómo estaba la situación respecto al problema catalán con Mariano Rajoy, cómo se le echaba gasolina al fuego, y, por contra, cómo está la situación ahora, encauzada, tranquila y con el independentismo catalán claramente dividido gracias a la negociación».
LOS MOTIVOS
Cesión a los independentistas y «desinflamación» del conflicto catalán. «Pocos dudan que se trata de una cesión a los independentistas de ERC, que así también pueden alardear de haber conseguido un precio político a su apoyo y que las conversaciones con el Gobierno Sánchez muestran algún fruto tangible», afirma Barrera, profesor de Periodismo de la Universidad de Navarra y analista. Al mismo tiempo, «no deja de resultar coherente con las decisiones políticas que, en su relación con el Ejecutivo de la Generalitat, ha mantenido el Gobierno Sánchez, que se resumen en esa metáfora de la desinflamación del conflicto y de las relaciones mutuas». Y concluye: «Quiere venderlo como un triunfo aunque no resulte percibido aún como tal por una amplia mayoría de los españoles, según las encuestas».
Una rebaja en el único país occidental que ha sufrido una intentona golpista en las cuatro últimas décadas
Uno de los argumentos del Gobierno para justificar la tramitación inmediata de la reforma del Código Penal se basa en la equiparación de la pena en España con la de países occidentales cuyas condiciones puedan considerarse homologables a las españolas. Esa teoría ya fue desmentida por el Tribunal Supremo en diversas sentencias, donde recoge que, aunque las denominaciones del delito no son las mismas, las condenas son incluso más duras en otros países de nuestro entorno. Valga como mejor ejemplo el de Francia, en el que, además de no estar permitida la existencia de partidos independentistas, como ERC, el PNV o el BNG, por ejemplo, la condena máxima por actuaciones similares a las del 1-O en Cataluña se castigan con cadena perpetua.
Otro de los argumentos recurrentes tanto de Pedro Sánchez como de los ministros socialistas y su portavoz parlamentario, Patxi López, es el que habla de la necesidad de modernizar un delito cuyo castigo estaba concebido para el siglo XIX, repleto de insubordinaciones de todo tipo y que se había establecido en 1822.
Lo que obvian los defensores de la rebaja de las penas por sedición en el futuro a corto plazo es que la definición del delito y sus correspondientes penas de cárcel e inhabilitación fueron actualizadas en el año 1995 por el Gobierno socialista de Felipe González. El entonces ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, aseguró que la modernización del Código Penal era imprescindible porque ya habían pasado más de diez años desde las dos últimas intentonas golpistas: el tejerazo del 23F de 1981 y el atentado frustrado programado para el 2 de junio de 1985 en A Coruña, coincidiendo con el Día de las Fuerzas Armadas.
Dirigentes de la oposición ironizaron en las redes sociales con el supuesto afán modernizador de Pedro Sánchez y el Código Penal: «A lo mejor, podría empezar por dejar de usar la ley de indultos que es incluso anterior [data del 18 de junio de 1870]», escribieron varios dirigentes.
El Gobierno busca acelerar los plazos para diluir los efectos negativos
¿Por que ha tomado Sánchez la decisión de anunciar la supresión del delito de sedición en estos momentos? Los expertos consideran que el Gobierno ha querido cumplir el compromiso que había adquirido en una fecha lo más alejada posible de las elecciones municipales y generales para diluir sus efectos negativos. El objetivo es aprobar los Presupuestos sin sobresaltos y fortalecer los lazos con ERC.
«Una vez rota la negociación con el PP sobre el Consejo General del Poder Judicial el Gobierno acelera para quitarse esto antes de las elecciones», sostiene Simón. En todo caso, estima que es «una decisión estratégica que no solo va a de estos presupuestos, el Gobierno quiere dar un balón de oxígeno a ERC, ahora en minoría, asegurarse un fin de legislatura tranquilo y, sobre todo, apuntalar el bloque de la investidura por si lo necesita para un Congreso ingobernable tras las generales», explica.
Fumanal cree que el Gobierno tomó esta decisión «porque tiene un compromiso político con sus socios de investidura que pasa por una política de desinflamación que tenía como piedras angulares la mesa entre Gobiernos, los indultos y reformar la sedición». «Todas, medidas que intentan retomar la normalidad institucionalidad y política», explica la politóloga, que fue jefa de comunicación de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición.
Retrasarlo, más perjudicial
«Es evidente que en los acuerdos al inicio de su mandato con los partidos independentistas catalanes debió establecer este compromiso que él ya había verbalizado varias veces», asegura Martínez. Sánchez «sabe que para su reelección necesitará del apoyo de los mismos, sobre todo con un PP al alza, por lo que volvería a necesitar el apoyo de todo el arco parlamentario de izquierda, independentistas y regionalistas». En su opinión, «hacerlo después de las municipales sería más perjudicial para Sánchez, ahora es el momento menos malo para hacerlo, sobre todo cuando el tema ya está de actualidad a raíz de la negativa del PP a reformar el CGPJ y es más fácil por ello contener el daño estableciendo un debate paralelo respecto a dicha renovación y no a la reforma penal en sí».
