El Gobierno fija el debate sobre la sedición para el pleno de los Presupuestos

M. Lodeiro REDACCIÓN / LA VOZ

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, saluda a un trabajador de Sifue durante su visita a la sede de esta empresa en Hospitalet
El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, saluda a un trabajador de Sifue durante su visita a la sede de esta empresa en Hospitalet Quique García | EFE

Insiste en que «no está sobre la mesa» abaratar la pena de malversación

19 nov 2022 . Actualizado a las 15:06 h.

Prisas por cumplir compromisos antes de que acabe el año o pura coincidencia, pero el debate parlamentario para suprimir el delito de sedición del Código Penal a propuesta del Gobierno ya tiene fecha, el jueves 24 de noviembre. El mismo pleno en el que se votará el dictamen de los Presupuestos. Casualidad o no, ambas cuestiones irán de la mano, aunque las interpretaciones del motivo sean dispares.

La proposición de ley de los grupos del PSOE y Unidas Podemos para eliminar el delito de sedición tiene por objetivo «adaptarse a la regulación europea», según el Ejecutivo. En opinión de la oposición, lo que se pretende es eliminar el delito por el que fueron condenados por el Tribunal Supremo los líderes del desafío al Estado en el 2017, como exige ERC en contraprestación por apoyar las cuentas. Se trata de elaborar un «Código Penal de autor», criticó ayer el líder de la oposición. Núñez Feijoo valoró que el Gobierno «atenta contra la independencia de los jueces» y «deja sin efecto» la sentencia del Tribunal Supremo por el 1-O con esa reforma.

El proceso continuará con la presentación de enmiendas, de totalidad y al articulado, proceso decisivo para que Esquerra pueda registrar las suyas para modificar el delito de malversación, cuestión sobre la que el Gobierno, tanto la portavoz adjunta socialista, Isaura Leal, como la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, continuaron echando balones fuera. La primera se limitó a señalar que estudiarán las propuestas que lleguen de otras fuerzas, subrayando que tanto el Ejecutivo como el PSOE continuarán dando los pasos que sean necesarios para favorecer la convivencia y el diálogo en Cataluña. Por su parte, la responsable de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana incluso aseguró que la reforma del delito de desfalco de fondos públicos «no está sobre la mesa». Lo justificó diciendo que no se incluye en la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos sobre la sedición.

«Es un debate que no se ha abierto, que no está planteado», insistió en La 2 y Radio 4. Si llega a través de enmiendas, los socialistas la estudiarán y emitirán un posicionamiento al respecto, coincidió con Isaura Leal. 

«Dos barajas»

Para Feijoo, Sánchez ha dado a los líderes del procés «la posibilidad de redactar el Código Penal que les interesa para dejar fuera los delitos que han cometido». «No se puede jugar con dos barajas siempre», indicó al ser preguntado por la negativa del PP a apoyar la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Y se preguntó: «¿Desde cuándo es inconstitucional no llegar a un acuerdo con el Gobierno?»

Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no escatimó tampoco críticas al Ejecutivo por la reforma exprés, realizada sin ningún tipo de informe, y que lo que persigue es contar con el apoyo de los independentistas a los Presupuestos del 2023, argumentó.

También ligó cuentas y reforma del Código Penal el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, pero este se refirió únicamente a pactar las de la Generalitat con el PSC. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, confirmó el martes que la supresión del delito de sedición se negoció «hace tiempo» con el PSOE y que esas conversaciones continúan para retocar el de malversación en lo que hace referencia al uso de dinero público para las protestas, pero no a prácticas de corrupción. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acabó por explicitarlo al defender que se reforme el delito de malversación durante la tramitación parlamentaria de la modificación del Código Penal que deroga la sedición. Y es que el indulto del Gobierno eximió a los condenados por el 1-O de las penas de prisión, pero no de las de malversación e inhabilitación.

El pleno del jueves, en principio el penúltimo del año, será largo y denso. A las cuentas y a la reforma del delito de sedición se añadirán la avocación a la ley trans, un dictamen sobre los impuestos temporales a la banca y a las energéticas, y otro del proyecto de ley sobre cooperación.

Recogida de firmas y protesta en Colón contra el Ejecutivo 

Vox ha iniciado una recogida de firmas contra el Gobierno como preámbulo de la gran manifestación que ha convocado para el día 27 en la plaza de Colón de Madrid y frente a todos los ayuntamientos. Tras el anuncio del Gobierno de eliminar el delito de sedición, Vox ha puesto en marcha una maquinaria de oposición institucional, judicial y en las calles. La movilización tendrá su primera versión hoy en Barcelona.

Vocales conservadores piden al CGPJ que reclame ser oído en la reforma de la ley 

Ocho vocales del ala conservadora del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) han pedido que el Pleno del órgano de gobierno de los jueces reclame ser escuchado en la reforma que deroga el delito de sedición propuesta por el PSOE y Unidas Podemos. Y, según informa Europa Press, le han solicitado al presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo, que incluya en el orden del día del jueves, día 24, un punto para abordar esta cuestión.

Los vocales quieren que el Pleno del CGPJ se pronuncie sobre la falta de petición de informe y aducen que «existen precedentes» en el CGPJ de emisión de análisis sobre proposiciones de ley. Los ocho firmantes recuerdan que los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial se sometan a previo informe de los Consejos de Justicia. Estos vocales subrayan que les «llama la atención que en reiteradas ocasiones» se encuentran con «importantes reformas que afectan al Poder Judicial y que, en lugar de tramitarse como proyectos de ley por el Gobierno, son los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno los que presentan en el Congreso como proposiciones de ley, obviando así el trámite de informe preceptivo de este Consejo General del Poder Judicial de haberse tramitado de otra forma».