El Gobierno rechaza cambiar la ley del «sí es sí» y apela a Fiscalía y Supremo

Las posturas de Podemos y el PSOE, después de los ataques de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a los jueces, empiezan a converger en el único punto que a corto plazo puede deshacer el embrollo formado con las rebajas de penas a agresores sexuales amparándose en la ley del «solo sí es sí». Apelan a los tribunales y a la Fiscalía para que unifiquen criterios y le den una interpretación al texto legal acorde a su espíritu, que en ningún caso incluía una mayor desprotección de las víctimas. Todo ello en medio de la batalla interna de los morados, con la vicepresidenta Yolanda Díaz pidiendo de nuevo «prudencia y tranquilidad» para no generar «alarma social» y el exvicepresidente Iglesias cargando contra quien no respalde a la titular de Igualdad. «Ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable, sino políticamente estúpido», dijo ayer en Twitter.

La parte socialista del Gobierno, por la que se pronunciaron la portavoz, la vicepresidente Calviño y ministras como Diana Morant y María Jesús Montero, insiste en defender la ley, aparca por ahora una modificación inmediata —como sí defendía cuando en los primeros momentos tras saltar la polémica— y carga contra el Partido Popular.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, dijo que comprenden «la preocupación ciudadana», insistió en que «nadie puede dudar de que el espíritu de la ley es proteger a las mujeres y condenar a los agresores» y censuró las declaraciones de Feijoo y del resto de la derecha a los que acusa de «utilizar el dolor de las víctimas». Nadia Calviño pidió que la Justicia aclare «cuanto antes» cual es el criterio correcto para aplicar la ley toda vez que se están emitiendo sentencias que van «en distintas direcciones».

«Errores judiciales»

Por parte de Podemos, fue la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, la que tomó el testigo de Irene Montero, con un todo más sosegado que el que exhibieron en las horas posteriores en las que empezaron a conocer las sentencias que incluso excarcelaban a violadores. «Nosotras consideramos que hay errores judiciales claros en una aplicación precipitada, sin calma, sin reflexión, sin una buena lectura de la ley y automatizada», señaló la también jueza, que niega la necesidad de modificar la normativa, porque quien debe subsanar esas disfunciones «es el Ministerio Fiscal y, en su caso, el Tribunal Supremo.

La Fiscalía General del Estado, aunque por el momento se está resistiendo a dar una directriz general de actuación, sí ha ordenado recabar información de todos los casos en los que se han reducido las condenas para analizarlos priorizando «el amparo de las víctimas». La fiscal general del País Vasco, Carmen Adán, cree que sentencias susceptibles de reducción de pena «no son tantas», porque una cosa es su obligada revisión consecuencia de la modificación de tipos penales y «otra cosa es el resultado». Insiste en que «hay que analizar las circunstancias y la motivación que ha tenido el tribunal sobre el fallo a la hora de determinar la pena cuando se va a examinar si procede o no la revisión».

El Tribunal Supremo, por su parte, si no lo hace antes, tendrá ocasión de pronunciarse en las próximas semanas con los recursos que tiene que resolver, aunque distintos expertos aseguran que, aunque puede sentar jurisprudencia, su margen de maniobra tampoco es universal, porque debe ceñirse a los casos concretos.

Desde la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, volvió a insistir ayer en que el presidente Sánchez tiene que pedirle responsabilidades a Justicia e Igualdad. También se mostró a favor de «modificar esa chapuza legal» que «desprotege a las mujeres españolas».

¿Por qué en La Rioja no se han rebajado condenas? 

Junto con el principio de retroactividad de las leyes penales favorables al acusado, las disposiciones transitorias son el concepto jurídico que está estos días en boca de todos los analistas. Concretamente dos, la que según algunos debía incluir la ley del «solo sí es sí» y no lo hizo y dos que sí contiene el Código Penal, pero con efectos dispares dependiendo de quién las analice.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 24 de julio de 1996 y por lo tanto es aplicable, dice en su disposición transitoria segunda que «para la determinación de cuál sea la ley más favorable se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas». Y en la cuarta añade que «en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este Código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código».

Esto, en palabras de las responsables del Ministerio de Igualdad, y de juristas que defienden posturas similares, como el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, supone que no caben las revisiones de condena automáticas, como están haciendo algunos tribunales. Hay que analizar cada caso para ver si a los hechos enjuiciados con arreglo a la nueva ley les corresponde la misma pena y, de ser así, no hay razón para la rebaja.

En otras palabras, insisten en que si la condena que tenían entra dentro de la horquilla que fija la normativa actual se puede mantener y no procede rebajarla. 

Revisiones de oficio

Así lo interpreta también la Audiencia Provincial de La Rioja, que ahora está siendo tomada como modelo por el Ministerio de Igualdad y por Podemos. Ha revisado —de oficio, algo que no se está haciendo en otras comunidades— 54 sentencias y, de acuerdo a esta interpretación no ha rebajado ninguna. Eso no significa, como dice el presidente del Tribunal Superior de La Rioja, Javier Marca, que no lo vaya a hacer, aunque adelanta que serán casos muy contados. A su juicio, solo afecta cuando se modifican las penas máximas y mínimas porque «son intocables». Pone el ejemplo de una persona condenada por un delito sexual sin consentimiento que antes tenía una pena máxima de cinco años y ahora con la nueva ley es de cuatro. Entiende que ahí sí cabe la rebaja, pero no cuando la condena anterior sigue dentro del rango fijado en la norma actual.

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