El ministerio público se ampara en la disposición transitoria del Código Penal que permite mantener las mismas penas
22 nov 2022 . Actualizado a las 09:20 h.El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dio este lunes respuesta a las demandas del Gobierno con un decreto «de obligado cumplimiento» en el que ordena a los fiscales que se opongan a las rebajas de condena en los procedimientos de revisión que se están llevando a cabo a raíz de la entrada en vigor de la ley del «solo sí es sí».
El texto, apoyado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo y por los fiscales jefes de sala del Supremo y el Constitucional, pretende garantizar el «principio de unidad de actuación ante la revisión de sentencias firmes derivadas de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual», según informa el ministerio público en un comunicado.
De esta forma, a partir de ahora «no se revisarán las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia sea susceptible de ser impuesta con arreglo al nuevo marco legal resultante de la reforma». Es decir, según la Fiscalía solo cabe revisar sentencias firmes y si la condena antigua encaja en la nueva ley no procede rebaja alguna. «La revisión solo procederá cuando la pena efectivamente impuesta exceda en abstracto de la que correspondería imponer en aplicación de los preceptos de la nueva legislación penal», añade el texto, que abunda en que «cada procedimiento deberá ser analizado individualmente, huyendo de automatismos que impidan valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso».
El ministerio público ha dictado este decreto «para no demorar las pautas concretas para la revisión de sentencias hasta la publicación de una circular del fiscal general del Estado, que se emitirá próximamente una vez se someta al preceptivo informe de la Junta de Fiscales de Sala».
García Ortiz se alinea así con quienes defienden —entre ellos el Tribunal Superior de Justicia de la Rioja— que la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995 está plenamente vigente, por lo que «en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este Código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código».
«Tapar un error con otro»
El escrito ha sido interpretado como un rotundo espaldarazo a su posición por parte del Ministerio de Igualdad y el entorno de Podemos. «A ver debajo de qué piedra se esconden ahora los que llevan una semana de cacería contra Irene Montero», se pregunta el portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique.
Por contra, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha «ordenado» al fiscal general que dé una instrucción contraria a la ley para «intentar tapar el bochorno del desaguisado». A su juicio, es «tapar un error con otro».
Antes de que se pronunciase la Fiscalía, el PP y el Gobierno ya se habían enzarzado en Twitter. Los populares comentaron en su cuenta oficial el boleto de lotería conmemorativo del día internacional contra la violencia machista para decir que a quienes les ha tocado la lotería es «a los agresores sexuales». Y la ministra de Educación, Pilar Alegría, les acusó de cruzar todas las líneas rojas. «El PP ha abandonado la moderación y ahora ya abandona la decencia», contestó.
