El fiscal general, sobre su postura de no rebajar las condenas con la ley del «solo sí es sí»: «Hemos elegido la interpretación de la norma que ampara mejor a las víctimas»

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

El Ministerio Público aclara que la suya es una propuesta que los tribunales pueden aceptar o no. Admite, sin embargo, que con la nueva norma resulta «inevitable» que haya reducciones de penas

23 nov 2022 . Actualizado a las 18:04 h.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este miércoles que el Ministerio Público, al dictar el decreto en el que unifica criterios de actuación ante la ley del «solo sí es sí», ha elegido la interpretación de la norma que entiende que «ampara mejor a las víctimas». «Creo que lo hemos hecho de una manera seria, rigurosa, con un buen decreto y teniendo claro un principio que es bastante sencillo de entender: hay más de una interpretación de la norma, las interpretaciones de la norma son (...) perfectamente constitucionales», ha indicado García Ortiz.

Desde el Ministerio Público se confiesan «tranquilos», porque su trabajo es «proponer tesis jurídicas» y corresponde a los tribunales «aceptarlas o no, simplemente eso». Reconocen, sin embargo, que con la nueva ley resulta «inevitable» que haya rebajas de condenas. Lo que hace la Fiscalía, explican, es analizar «cómo y de qué manera y en qué casos» se producen tales rebajas, pero no de forma «generalizada». «No es más que la aplicación del derecho, la normalidad que supone una nueva ley», ha insistido el fiscal.

El Código Penal debe haber tenido una treintena de modificaciones y siempre que «se toca» hay que hacer una reflexión sobre cómo influye la nueva normativa en los hechos que ya han sido enjuiciados, ha subrayado García Ortiz. «Estamos en un debate jurídico con una trascendencia social evidente», ha zanjado.

«Solo sí es sí»: diez claves para entender la tormenta jurídica y política que ha desatado la ley

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Las reducciones de condena a algunos agresores sexuales, amparadas en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del «sí es sí» ha desatado una verdadera tormenta jurídica y política que ha puesto en la picota a la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre todo por su airada respuesta negando cualquier error de la norma y atacando a los jueces con acusaciones de machismo.

¿Por qué están rebajando penas?

En el nuevo texto legal desaparece el delito de abuso sexual. Todo acto que se lleva a cabo sin consentimiento de la víctima es considerado agresión. Eso supone que exista una horquilla de penas muy amplia para sancionar conductas de diferente gravedad (las que antes se dividían en abusos y agresiones) y que se registren condenas inferiores a las que se producían con la ley anterior, sobre todo en los tipos mínimos, aunque también ocurre en algunos máximos. En el texto antiguo fijaba penas de uno a cinco años de cárcel para el tipo básico de agresión sexual, mientras que la del «solo sí es sí» establece de uno a cuatro. 

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