Francia debate una ley que aumentará las penas y multas para los okupas
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La nueva norma prevé penas de hasta tres años de cárcel y multas de 45.000 euros
28 nov 2022 . Actualizado a las 18:24 h.Los diputados franceses quieren proteger a los propietarios de viviendas contra la okupación ilícita y para ello cuentan con endurecer las sanciones de los okupas y acelerar los procedimientos de expulsión de los inquilinos que no pagan su alquiler.
Para Guillaume Kasbarian, diputado de Renacimiento, el partido de la mayoría presidencial, que presenta esta ley en la Asamblea, es necesario acabar con la injusticia que supone el que «actualmente un okupa corre el riesgo de ser condenado a un año de prisión y 15.000 euros de multa, mientras que el propietario que cambia la cerradura de la vivienda se arriesga a tres años de prisión y 45.000 euros de multa».
Durante esta semana, los parlamentarios estudian la propuesta de ley que recoge como principales medidas triplicar la pena para los okupas, y que pase a tres años de cárcel y 45.000 euros de multa, la obligación de insertar una cláusula de rescisión automática en un contrato de alquiler en caso de impago, y la reducción de los plazos en el procedimiento contencioso para desalojar a un inquilino.
La mayoría gubernamental espera sacar adelante esta ley gracias a los votos de la derecha y la extrema derecha, Los Republicanos y la Reagrupación Nacional respectivamente. Sin embargo, cuenta con la oposición de la izquierda parlamentaria así como de las asociaciones dedicadas a proteger la vivienda de los más pobres, como la Fundación Abbé Pierre. Para el director de estudios de esta entidad, Manuel Domergue, se trata de una ley «inquietante y perversa» porque lleva a la confusión entre los okupas y los que no pagan el alquiler. Para esta organización, la ley debería poner el acento en los plazos que tarda la Justicia en tomar una decisión cuando se encuentra ante un caso de okupación.
El Ministerio de Vivienda creó en el 2021 un Observatorio de Okupaciones para delimitar el alcance de este fenómeno. Cinco meses más tarde, publicó sus primeras cifras, concluyendo que «no se trata de un fenómeno masivo en Francia». Durante ese tiempo, las prefecturas habían hecho frente a 124 peticiones de expulsión de okupas, 170 durante todo el año, sin contar aquellas viviendas abandonadas o vacías que no son objeto de un procedimiento de expulsión.
Sin embargo, el fenómeno de impago de alquileres y las correspondientes expulsiones está mucho más extendido. Según la Agencia Nacional para la Información sobre la Vivienda, en los nueve primeros meses del año han registrado unos 38.000 conflictos entre propietarios e inquilinos por impago de alquiler o demanda de expulsión.
En la Fundación Abbé Pierre registran unas 15.000 expulsiones cada año, y les preocupa especialmente la enmienda introducida por Los Republicanos en el proyecto de ley según la cual la okupación «de mala fe de un inmueble que pertenece a otro se asemeja a un robo», porque todos aquellos que okupen una vivienda que lleve vacía durante años o cuyo contrato de alquiler haya sido rescindido por impago «se enfrentarán a penas de 3 a 15 años de prisión».
Para Christophe Demerson, presidente de la Unión Nacional de Propietarios inmobiliarios «es una ley con sentido común» que llevará a los propietarios a dudar menos a la hora de alquilar su vivienda.