El Consejo de Europa exige que se ponga fin al «estancamiento crítico» del CGPJ

Luís Pousa Rodríguez
Luís Pousa REDACCIÓN / LA VOZ

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El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial,  Rafael Mozo.
El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo. Mariscal | Efe

El organismo con sede en Estrasburgo censura en su informe la «politización» del actual sistema de renovación del órgano de gobierno de los jueces

05 dic 2022 . Actualizado a las 18:25 h.

Este domingo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplió cuatro años en funciones. Desde el 4 de diciembre del 2018, el órgano de gobierno de los jueces opera de forma interina ante la incapacidad del PSOE y del PP para alcanzar un acuerdo que permita renovar a sus miembros. Solo los dos grandes partidos suman la mayoría cualificada de tres quintas partes de las Cámaras exigida para designar a los 20 vocales del CGPJ: 10 por parte del Congreso y otros 10 por el Senado (al presidente, que es también el presidente del Tribunal Supremo, lo nombra el propio pleno del consejo). Y si durante estos cuatro años no ha sido posible sellar un pacto de Estado que desbloquee el Poder Judicial, no parece que el 2023 vaya a ser más propicio para lograr un acuerdo. Los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo y las elecciones generales a finales de año convierten los próximos doce meses en un escenario de alta tensión política que hace muy improbable un acercamiento entre populares y socialistas.

PSOE y PP se acusan mutuamente de paralizar la renovación del Poder Judicial. Los socialistas señalan que, cuando el acuerdo ya estaba hecho y solo faltaba la rúbrica final de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo, el líder de la oposición sucumbió a las presiones del ala más dura de los conservadores —liderada por Isabel Díaz Ayuso— y rompió unilateralmente las negociaciones. Desde el PP apuntan a la derogación del delito de sedición en el Código Penal como un obstáculo insalvable para llegar a acuerdos con el Gobierno de coalición en materia de justicia. Los populares también reclaman un sistema de elección de los vocales del CGPJ que dé un mayor protagonismo a los jueces y permita afrontar lo que definen como «despolitización de la Justicia», para lo que exigen la reforma de la ley orgánica de 1985 que regula los nombramientos de los miembros del consejo.

Y mientras Sánchez y Feijoo se tiran los trastos a la cabeza, desde las instituciones europeas se suceden los tirones de orejas a los líderes de los dos grandes partidos. La Comisión Europea ha pedido reiteradamente a España que renueve de inmediato el gobierno de los jueces, recordándole que en el segundo semestre del 2023 Pedro Sánchez ostentará la presidencia rotaria de la UE y que lo deseable sería que Madrid «diese ejemplo» en un punto crucial para Bruselas como es la independencia judicial. El Parlamento Europeo ha convocado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, para que el próximo 12 de enero comparezca ante la comisión de libertades civiles de la Eurocámara para dar explicaciones sobre la situación del CGPJ y la parálisis de su proceso de renovación. Y el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) se sumó este lunes a las críticas a España por la interinidad del consejo con un duro informe en el que subraya las deficiencias que padece el actual sistema de elección de los vocales del Poder Judicial. «El estancamiento de cuatro años en la designación del CGPJ es un tema de preocupación crítica, que debe abordarse con carácter prioritario», recalca el documento.

El organismo con sede en Estrasburgo insiste en la necesidad de remodelar la legislación para que los vocales del Poder Judicial sean elegidos «por sus pares», los jueces, y no por los políticos: «El sistema de designación de los magistrados del CGPJ y la politización que parece impregnar a los ojos del gran público continúan siendo un problema mayor».

El informe del Greco también califica de «muy preocupante» que el CGPJ en funciones no pueda hacer nombramientos en la cúpula judicial desde la aprobación, en marzo del 2021, de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con este retoque legal —que incluye una excepción para el Constitucional, donde el consejo sí puede designar a los dos magistrados que le corresponden—, la Moncloa quería forzar al PP a llegar a un acuerdo, pero en la práctica, la decisión se ha traducido en 70 plazas vacantes, la mayoría en el Supremo y los tribunales superiores. Aunque la ley sí permite al CGPJ en funciones renovar el Constitucional, el bloqueo del consejo también se extiende por ahora al tribunal de garantías.