Organizaciones de pensionistas piden devolver el período de cálculo a 15 años y UGT se abre a subirlo a 30 si no merma la prestación
ACTUALIDAD
La última propuesta de Escrivá calienta el debate en la cuenta atrás para la aprobación comprometida con Bruselas
10 dic 2022 . Actualizado a las 10:22 h.La última propuesta planteada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a los agentes sociales, que pasa por ampliar a 30 años (excluyendo los dos peores) el período de cálculo de las pensiones, está generando un intenso debate. A la espera de la próxima reunión a tres bandas, prevista para el próximo lunes, desde UGT, el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, ha admitido este viernes que el sindicato está abierto a estudiar la ampliación planteada por el departamento del ministros Escrivá si, como este sostiene, no se traduce en una reducción de la prestación final que perciban los pensionistas.
Tras calificar la propuesta de «elemento distorsionador» en la negociación, Luján señaló que «cualquier medida que afecte al periodo de cálculo no será aceptada por la UGT si supone aminorar el importe de las pensiones. El Gobierno nos ha dicho que el aumento del periodo de cálculo es neutro desde el punto de vista financiero; tenemos que ver, nos tendrán que dar los datos. Si se cumpliera el requisito, podríamos estudiarlo», declaró.
Quienes se oponen frontalmente a cualquier ampliación del período de cómputo son las asociaciones de pensionistas, que no solo rechazan elevar los actuales 25 años que se acordaron en la reforma del sistema público de pensiones del 2011 -presidiendo Zapatero el Gobierno- sino que, además, piden volver a los 15 años que se utilizaban antes del último cambio. Así lo reclaman en una declaración conjunta varias organizaciones de pensionistas, como la Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar (Asjubi40), la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (EHPM), el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (Madpp), el Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (Modepen) y otras plataformas locales.
La propuesta del ministro Escrivá, que el Gobierno se comprometió con Bruselas a tener aprobada antes de que concluya este año -algo que cada vez se complica más, salvo vía decreto-, ha provocado duras críticas de los citados colectivos, que en su declaración denuncian que el aumento de los años para calcular la prestación «sólo tiene por objetivo reducir las pensiones futuras». Por ello reiteran su petición de volver al período de cómputo anterior a la reforma de pensiones del 2011, es decir, a un total de 15 años, frente a los 25 actuales o los 30 años que propone el ministerio.
Los firmantes también rechazan la posible aprobación de esta medida a espaldas del debate parlamentario. «Nos encontramos con que, de nuevo, el poder político se está sometiendo al dictado del poder financiero español y europeo que, reforma tras reforma, pretende reducir las pensiones públicas, presentes y futuras, y nuestros derechos como personas pensionistas», denuncian.
Cabe recordar que estas asociaciones ya han convocado movilizaciones en los últimos meses en defensa de sus demandas, y advierten de que «seguirán en la calle» para «frenar estas estrategias» y conseguir mejorar las condiciones de vida de los pensionistas.
No solo eso. Estas organizaciones también reclaman participar como interlocutores en la negociación social sobre pensiones, además de recuperar el poder adquisitivo perdido en el 2021 y el 2022; revalorizar las prestaciones en función del IPC acumulado interanual (IPC real); subir las pensiones mínimas para equipararlas al salario mínimo interprofesional (SMI), y eliminar los coeficientes reductores a las carreras que superen los 40 años de cotización.
